“Seguramente el lector se preguntará por qué inicio esta solicitada con esa frase de Maquiavelo; la respuesta es que mi contendiente o, mejor dicho, victimario es un miembro del HONORABLE Congreso Nacional y que –conforme lo que voy a narrar– dejo la tarea al lector de juzgar si la conducta de este miembro contribuye al prestigio o desprestigio del aludido poder del Estado.
En noviembre del año dos mil dieciocho suscribí en representación de la firma que presido un contrato de locación con otra persona jurídica representada por un honorable miembro de la Cámara de Diputados, sobre un inmueble situado en Ciudad del Este y con un plazo de duración que se hallaba expresamente pactado hasta el treinta de noviembre de dos mil diecinueve, técnicamente un año. Así también, se acordó que de no renovarse el contrato, el locatario debía desalojar el inmueble, convención que deviene legal y lógica en el marco de lo que debe ser la ejecución de buena fe, de los contratos.
No sabía que la peor decisión de mi vida se estaba desencadenando, pues estaba firmando contrato con una persona que, había sido, no se caracteriza por su comportamiento de buena fe, tiene idéntico inconveniente con el Club Guaraní, se rehúsa a entregar el espacio ajeno, se atrinchera en el inmueble de los locadores que inocentemente contratan con él, no paga alquiler, pero él sigue lucrando con sus actividades, que –por cierto– necesitan de permisos municipales y de Conajzar, que para el efecto requieren contrato de locación vigente, que este señor lógicamente no puede arrimar, por lo que muy probablemente estamos ante el uso indebido de influencias para obtener las licencias pertinentes por sobre los requerimientos legales.
He recurrido a la justicia, donde luego de más de dos años y medio, tiempo en que el distinguido señor por medio de sus representantes legales (uno de ellos, para remate, pariente de un ministro de la Corte Suprema) desplegó todo tipo de chicanas, logré obtener la razón por sentencia de Primera Instancia ordenándose el desalojo, lo que fue un efímero bálsamo, pues nuevamente se recurrió la sentencia y en el Tribunal de Apelaciones otra vez transcurrió otro año, hasta obtener nuevamente un Acuerdo y Sentencia confirmando la resolución anterior y rechazando el malicioso y dilatorio recurso planteado por el diputado.
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Luego de más de tres años y medio privado de disponer del inmueble, privado del importe de alquileres y, en contrapartida, el distinguido señor con total impunidad seguía generando lucro, pensar que la justicia ‘’pronta y barata’’ se podía concretar, nuevamente fue una ilusión, pues el sistema le daba otra chance al lunfardo que, ni corto ni perezoso, presentaba una acción de inconstitucionalidad con el afán de permanecer más tiempo ilegítimamente en el inmueble, apoyado por el letargo de la máxima instancia judicial para resolver este tipo de acciones.
Pese a la notoria improcedencia de la acción planteada por el distinguido miembro de la Cámara de Diputados, la Corte Suprema de Justicia tardó casi dos años en rechazar la mensa y dilatoria acción de inconstitucionalidad contra la cual de manera absolutamente inverosímil este nefasto personaje, por medio de sus representantes legales, planteó nuevamente un recurso de reposición absolutamente improcedente a tenor de lo establecido en el art. 14 de la Ley Nº 609/95, que se refiere a la irrecurribilidad de las resoluciones como las que rechazó ‘’in limine’’ la acción de inconstitucionalidad.
Hasta aquí queridos lectores y querida ciudadanía han transcurrido más de cinco años y medio desde que acudí al auxilio de la justicia porque un miembro de la ‘’honorable” Cámara de Diputados decidió no honrar lo pactado, encontrando apoyo en el parsimonioso aparato de justicia, de su movimiento político y de su padrino político, por lo que mi lucha es totalmente desigual y continúa porque la máxima instancia judicial no tiene el coraje aún de rechazar el nuevamente dilatorio e inverosímil recurso planteado.
Entonces, en inteligencia de lo que afirmaba Maquiavelo, ¿se ajusta el adjetivo que con letras doradas resaltan el nombre de una u otra cámara del Congreso Nacional? ¿Honran esos hombres a ese poder del Estado?
Definitivamente no habitamos en un Estado de derecho; la inseguridad jurídica es un mal que afecta al Paraguay entero y se agrava con el silencio cómplice de los caudillos políticos, con una clase política totalmente disociada que solo opera en beneficio propio. Dios se apiade del Paraguay. Atentamente".
Antonio Tardivo C.I. Nº 919.764