Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación respecto al artículo 4 en sus incisos e) y q) que otorgará a la autoridad de aplicación facultades excesivamente amplias y de redacción ambigua para regular e intervenir la estructura organizativa de los participantes del sistema, incluyendo la posibilidad de:
- Exigir “separaciones estructurales” entre entidades vinculadas con base en criterios amplios y potencialmente arbitrarios como la “transparencia” o el “interés público”. (inc. e)
- Suspender e incluso dejar sin efecto, las decisiones adoptadas por un administrador y/o proveedor de un servicio y/o sistema y adoptar las medidas que considere oportunas. (inc. q)
Este artículo lejos de promover un sistema de pagos moderno, eficiente e inclusivo, podría generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión y favorecer prácticas regulatorias discriminatorias.
Consideramos necesario advertir sobre este riesgo, en tanto podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, afectar la libre competencia, desalentar la innovación y limitar la participación del sector privado.
Es importante mencionar que el borrador del proyecto de ley socializado no incluía la atribución de separación estructural arriba mencionado, por lo que no tuvimos la oportunidad de exponer nuestra postura sobre el tema.
Solicitamos respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados, por intermedio de sus Comisiones competentes, que se nos otorgue participación activa en el proceso de análisis del referido proyecto de ley, conjuntamente con los demás actores del sistema, en atención a la trascendencia del tema y a la necesidad de debatir sobre las graves consecuencias que podría acarrear la aprobación de una normativa de esta naturaleza para toda la población.
