El procedimiento se realiza por pedido de la Cámara de Seguridad Privada de Alto Paraná. Este gremio afirma que existen entre 40 y 50 empresas que trabajan en el ramo de manera irregular.
Los fiscalizadores de la Policía Nacional recorren los locales exigiendo a los guardias de seguridad que presenten la habilitación que les avala para desempeñarse como tales y también que exhiban los documentos de las armas que utilizan.
En los primeros controles fueron demorados dos trabajadores que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Uno de ellos tenía una escopeta calibre 12 perteneciente a otra persona y no contaba con la autorización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) para su utilización.
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