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La fiscala Sosa refiere en su imputación penal que el 12 de abril pasado, fue presentada la denuncia penal por el Dr. Jorge Enrique Bogarín, en su carácter de profesor encargado de la cátedra Derecho Penal II, debido a que el Departamento de Archivo Central de la Universidad Católica devolvió un certificado de estudios al corroborar dicha irregularidad.
A raíz de esto, el Ministerio Público obtuvo una autorización judicial para examinar, extraer, copiar en formato digital e impresión y reproducir la información contenida en el sistema informático de la Facultad de la Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, ante la sospecha de cambios de notas, modificación de actas y falsificación de firmas de docentes. La orden fue firmada por el juez penal de garantías de turno, Miguel Tadeo Fernández, el 23 de abril pasado.
Tras varias diligencias, fue presentada la primera imputación penal el 10 de junio pasado e incluyó a tres personas. Uno de ellos fue el funcionario Víctor David Oviedo Arce (principal implicado), a quien se llegó tras la declaración de la alumna Sofía Astaburuaga Fisher, quien ante publicaciones periodísticas, se presentó a colaborar en sede del Ministerio Público. La misma reconoció que acordó con ese funcionario para que aparezcan aprobadas dos materias de la carrera, Derecho Romano I y Derecho Romano II. Fue por una suma aproximada de G. 1.200.000.
Asimismo, Astaburuaga Fisher indicó que “pagó” por el cambio de calificación a través del servicio “Giros Tigo”, lo que fue corroborado por informes de telefonía, según el acta de imputación. También se ratificó la versión de que la alumna enviaba mensajes de textos a Oviedo, que hacían referencia a la práctica ilegal.
El “modus operandi”, relató la alumna, era que se inscribiera a los dos exámenes y que se ausentara. “Me dice que él (por Oviedo) sabía cómo solucionar mi situación y me plantea que me inscribiera para el examen pero que no asistiera, que llevaría ausente, pero que posteriormente me pondrían como que efectivamente tomé el examen y que lo aprobé”, testificó Astaburuaga.
Esa misma fecha fue imputado el también funcionario Eduardo Ariel Barrios Villalba, quien habría alterado la nota de Derecho Marítimo de la alumna María Cándida Bogado Argüello (a su vez procesada), de acuerdo a los registros.
Al intentar gestionar el certificado de estudios, fue revelado que la alumna Bogado Argüello contaba con la calificación 1 (uno) en la Secretaría de la Facultad, con 3 (tres) en el sistema AS/400 y en el acta exhibida en la página web llevaba un “Ausente”. La calificación “3”, según los registros, fue adulterada por Barrios Villalba y existen sospechas que fue a cambio de un monto de dinero. En este caso también fue citado a declarar uno de los examinadores de la mesa, el profesor Arsenio Coronel, quien indicó que la alumna no aprobó la materia según sus registros.