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En el discurso se enfatizan valores como la honestidad, la transparencia y el recato en el manejo de los fondos públicos; en la realidad, saltan hechos de corrupción que históricamente han obtenido una franquicia de impunidad y la adhesión a pactos espurios a costa del dinero que con esfuerzo aportamos al fisco; en un sistema de tributación que consiente que un grupo reducido de compatriotas obtengan beneficios sin ningún tipo de responsabilidad fiscal (los sojeros, por ejemplo).
El despilfarro “legal” denominado en el clasificador presupuestario como RETIRO VOLUNTARIO es simplemente un robo legal que permite el pago a funcionarios públicos de sumas multimillonarias para que abandonen la institución, algunos llamativamente casi al tiempo de jubilarse, obteniendo beneficios espurios que dejan un importante aporte a “la corona”.
Con esto se desvirtúa la esencia misma de este beneficio laboral que dentro del sector público debe responder a una política pública de reestructuración del Estado o institución; de otro modo no se justifica su previsión.
Me contaban algunos funcionarios del Poder Judicial, cansados de presenciar la ilegalidad y discrecionalidad del manejo de este rubro legalizado en el presupuesto por los mismos sinvergüenzas de siempre, que alrededor de tres mil millones de guaraníes se presupuestaron en dicho concepto para el ejercicio 2014 y que sirvió para “liberar” a la institución de poco más de 30 personas (30 funcionarios = G. 3.000.000.000). Este dinero serviría para equipar varias salas de terapia intensiva, invertir en la capacitación y formación de nuestros educadores, soñar con la palada inicial a un plan de reforma agraria, que desde el año 1992 está previsto solo en el texto de la Constitución Nacional, construcción de viviendas y quién sabe para cuántos sueños más que concreten el discurso vacío de erradicación de la pobreza y desigualdad.
Estos miles de millones de guaraníes que poseen las distintas instituciones públicas para implementar los famosos planes de “RETIRO VOLUNTARIO” que permiten a los mandamases de turno premiar a funcionarios privilegiados que dejan a sus benefactores una buena parte de lo que reciben, debería sencillamente ELIMINARSE, puesto que no tiene razón de ser que, por un lado, den de baja a funcionarios y, por otro lado, contraten a otros.
La figura del RETIRO VOLUNTARIO en las instituciones públicas debería utilizarse para prescindir de funcionarios e intentar reducir los recursos humanos ociosos o que sobrecargan innecesariamente las oficinas estatales, pero es un contrasentido utilizar este dinero para liberar rubros y seguir firmando contrataciones o nombramientos. Sin embargo, lo que la mayoría de las instituciones hacen con este dinero “legalmente presupuestado” se llama en el lenguaje ciudadano: MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS.
Hoy tenemos un nuevo ministro de Hacienda, con un perfil promisorio que lidera el equipo económico, y en el caso de que su discurso sea coherente, debería proponer la ELIMINACIÓN del Presupuesto General de la Nación del rubro RETIRO VOLUNTARIO.
Con esto hará patria y oxigenará a un país que institucionalizó el ROBO LEGAL. Soluciones drásticas para autoridades públicas que anteponen la codicia al bien común.
* Presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay