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Pernasetti, uno de los siete miembros del Consejo de Auditoría de la Nación en Argentina, que cumple una labor similar a la Contraloría General de nuestro país, participó del Seminario Internacional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), celebrada en Asunción.
El mismo reconoció similares debilidades en el sistema de control de Argentina y Paraguay, entre las que se destaca la falta del poder sancionatorio de dictámenes.
“Nuestros informes, de acuerdo a la ley, constituyen recomendaciones. Primero el colegio hace el plan anual de auditoría, lo informa al Parlamento y ese plan anual se cumple. Cuando se termina un informe final de auditoría, siempre la enviamos en vista al organismo auditado para el derecho a la defensa, después se aprueba y se remite al organismo auditado, al jefe de gabinete de ministro como responsable de la administración presupuestaria del Estado y al Congreso a través de la Comisión Revisora de Cuentas y ese informe, además de las observaciones, o sea de señalar lo que se encontró, tiene una serie de recomendaciones. La ley no determina que nuestros informes sean vinculantes, es decir, que no son obligatorios de cumplir. En realidad, el Poder Ejecutivo lo tiene que usar como elemento para corregir el accionar y mejorar. Al no ser vinculantes, muchas veces pierden efectividad los informes de auditoría”, indicó al respecto.
Sobre el punto, acotó el lamentable suceso en su país. “No hace rato el Congreso señaló como ejemplo trágico que el Consejo de Auditoría hace tiempo viene haciendo informes sobre deficiencias en el sistema ferroviario, y además, emitió recomendaciones de actuar y mejorar urgentemente varias cosas. Eso no se hizo y se produjo un accidente en el que murieron 51 personas, entonces el hecho que no sea vinculante implica de cierta manera una debilidad”.
Pernasetti indicó que esto es producto del hecho que desde el año 94, cuando tras reforma de la Constitución Nacional se otorgó a la Auditoría General de la Nación el carácter de órgano constitucional, está pendiente la ley que reglamente su funcionamiento.
Pese a ello, el auditor general refirió que casi todos los casos de corrupción que investiga la justicia en su país, nacieron de los informes producidos por el Consejo de Auditoría.
“Renuencia”
El auditor general explicó que las instituciones públicas de Argentina rinden cuentas de su gestión a la Contaduría General, que consolida las cuentas y produce el balance final (cuenta final del ejercicio). La cuenta final manda el Ejecutivo al Congreso, y el Congreso manda al Consejo de Auditoría, debido a que el Parlamento no puede tratarla sin su dictamen. “En las cuentas generales del ejercicio, cuando el Congreso aprueba el presupuesto del año siguiente, debería aprobar la cuenta del ejercicio anterior, hacer una evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas. No siempre se hace en tiempo y eso constituye una debilidad en el sistema de control”, reconoció.
Al mismo tiempo, el entrevistado aseguró que si bien el Consejo de Auditoría puede acceder a todos los documentos después del dictamen de la Contaduría, esto en la práctica es difícil. “A veces a nuestros equipos de auditores les cuesta acceder a la información por reticencia por parte del auditado en brindarla. Cuando hay una negativa a darnos información, nosotros tenemos que comunicar al Congreso, y el Congreso le exige al obligado a dar los antecedentes. Incluso recurrimos al Poder Judicial para que ordene que nos den la información. Esto quizás sea uno de los temas claves hoy en día, el hecho de que no puede haber un buen control sin buen acceso a la información pública y lamentablemente notamos resistencia a cumplir con la ley de acceso irrestricto a la información pública”, concluyó.