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La trabajadora social y actual directora de la organización Callescuela, Norma Duarte, comienza explicando que desde la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, ratificada por el Estado paraguayo en 1990, “tenemos la obligación de cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, esto quiere decir nuestra práctica social en nuestro relacionamiento con los niños, niñas y adolescentes. No podemos retroceder, tenemos que avanzar, es decir desde la Convención para arriba, no para abajo. En este marco, uno de los temas más sensibles es el de los adolescentes que por su edad son considerados responsables penalmente de sus acciones, según lo establece el Código de la Niñez”.
–¿Qué pasa con los adolescentes privados de libertad?
–El tema se vuelve un problema cuando son adolescentes pobres, y hay que decir esto con todas las letras, porque es así. Aquello que Eduardo Galeano decía “la portación de rostro”. Manejamos un estereotipo de adolescente pobre, peligroso, y entonces la policía primero pega y después pregunta, nosotros como sociedad primero los condenamos, lo que no queremos es verlos, ¿qué se hace de ellos? ya no nos preocupa tanto, son reventados a golpes, a olvido, a rebajarlos a cosa, no a personas con derechos a soñar, a proyectarse en la vida.
–¿Por qué se vuelve un problema cuando son adolescentes y pobres?
–Porque en el Centro Educativo de Itauguá y en los centros para adolescentes están los pobres, es muy raro que encontremos adolescentes de familias acomodadas, da familias de clase alta. Ellos también cometen hechos punibles. En la ciudad de San Bernardino, es un ejemplo todos los veranos y tenemos casos paradigmáticos como aquellos adolescentes que casi mataron a otro a golpes. Pero en general apenas pisan una comisaría, en el mejor de los casos, allí funciona el sistema para protegerlos y llevar a la práctica aquello de que la última opción debe ser la privación de libertad, eso establece nuestro Código. Sin embargo, muchos de los adolescentes que están privados de su libertad, están por delitos contra la propiedad, es decir robo de celulares o bagatelas y en muchos casos ni siquiera saben cómo está su causa, quién es su defensor, derechos mínimos de un debido proceso, incluso algunos llevan más tiempo encerrados que lo que la condena misma les impondría por el hecho punible cometido.
Por otro lado, un gran número de adolescentes que están presos en cárcel de Itauguá son personas que consumen drogas en un grado problemático, cuando estaban afuera no tenían ninguna oportunidad de salir de esa situación, porque sencillamente no tienen adonde recurrir. Los adolescentes que fueron asesinados, ajusticiados, en el Centro de Itauguá es una muestra de cómo estamos como sociedad y cómo están las instituciones garantes del cumplimiento de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes.
Lo que ocurrió en Itauguá deja muy mal parados al Estado y al Gobierno, considerando que hay un contexto político que hace que se relativice esta situación; en otro contexto, se hubiera por lo mínimo exigido desde los medios de comunicación, la ciudadanía y los partidos políticos, la destitución de la ministra de Justicia. Pero acá, en este momento da la impresión que no ha pasado nada. Realmente nuestra sociedad en general, ni el Estado, se preocupan por los adolescentes privados de libertad, muy por el contrario, queda la sensación de que hay cierta legitimación de la violencia.
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