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Las crónicas, relatos y evidencias de esos hechos demostraron que las calles ya no pertenecen a los ciudadanos de bien, sino a legiones de gánsters que se pasean en limusinas con armas de guerra, fusiles antiaéreos y cañones que destruyen blindados o aniquilan a capomafiosos.
Algunas autorizaciones judiciales, actuaciones de fiscales y operaciones de agentes antinarcóticos, igualmente, nos enseñaron que cuando se actúa con el pretexto de combatir el tráfico de drogas se pueden cometer excesos que terminan en crímenes injustificados.
La guerra callejera registrada en Pedro Juan Caballero, el asesinato de una niña de tres años en Nueva Italia por parte de pistoleros de la Senad, la muerte de una menor de edad cerca de Guarambaré y la protección brindada a los hijos prepotentes de un magistrado, son algunas de las muestras insanas de la conducta de nuestras autoridades judiciales, policiales y gubernamentales, quienes necesitan de un urgente antídoto.
Esta emergencia exige el desarrollo y la aplicación de un verdadero “antiveneno” que pueda ayudar a neutralizar y evitar eventuales nuevos errores, vicios o debilidades que genera la corrupción, madre de delitos y crímenes.
En vez de promesas y anuncios pomposos, el presidente Horacio Cartes, sus ministros y ayudantes deben desmantelar las redes mafiosas que operan en sus filas.
El Primer Mandatario tiene la obligación imperiosa de tomar determinaciones rápidas y eficaces, destituyendo, denunciando o castigando ejemplarmente a quienes no cumplen con sus deberes de proteger al ciudadano trabajador y honesto que paga sus impuestos.
Hoy, la nación guaraní está herida, en terapia intensiva y con patas para arriba en el quirófano del hospital de la historia, en donde solo se podrá recuperar cuando por sus venas comience a circular sangre nueva de jueces, fiscales, policías, políticos y legisladores honestos y patriotas.
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