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Según informaciones manejadas por nuestro diario, después del incendio en el Correccional de Panchito López, donde fallecieron 12 jóvenes y resultaron heridos 40 adolescentes en el 2001, los funcionarios y personal de seguridad fueron entrenados y capacitados desde hace 10 años para saber cómo deben actuar en un ambiente de motín dentro de una institución que resguarda la vida de adolescentes privados de libertad bajo custodia del Estado. “Saben perfectamente que dentro de la institución está prohibida la utilización de balas de plomo. De hecho, hace más de 10 años que no se registran casos como lo ocurrido el pasado 21 de abril en el Centro Educativo de Itauguá donde fallecen dos adolescentes, porque se usan balas de goma siempre para persuadir a la población”, declara una funcionaria.
La negligencia comienza desde la administración, cuando se hace el pedido de balas de plomo bajo la autorización del interventor del Centro Educativo de Itauguá, Julio César Bogado, y autorizada por el Ministerio de Justicia que hace entrega de las municiones el 19 de marzo del 2014.
Al crearse el ambiente de amotinamiento porque los chicos inician quema de colchones en el pabellón, se disparan los balines de goma, entonces se vuelven a recargar las armas, se presume que las balas de plomo estaban en la oficina del director a disposición sobre el escritorio. La negligencia fue mezclar las balas se produjo el amotinamiento. “El balín de goma y plomo no se diferencian por los colores. Los balines de goma son casi perfectamente iguales a los de plomo, las dos cláusulas a veces son blancas. No es así como se presentó primeramente que supuestamente uno es verde y el otro rojo”.
¿Quién se fue a recargar las armas?. Alguien ingresó a la dirección y recargó las armas descargando luego por los adolescentes.
Aparentemente, el Estado pretende desviar su responsabilidad pretendiendo descargarse sobre los funcionarios de seguridad o guardias quienes se encontraban esa noche en compañía del interventor Julio César Bogado, encargado principal del Centro Educativo de Itauguá, quien no está imputado por la fiscalía. Además, el Ministerio de Justicia hizo entrega de balines de plomo al CEI.
De acuerdo a las averiguaciones, el expediente fiscal sigue ausente de pruebas. Las autoridades están tratando de inventar algo coherente para desviar la responsabilidad del Estado y así apartar la negligencia administrativa. Existe una clara responsabilidad del Estado ya que no se puede disparar así nomás sobre las personas privadas de libertad y mucho menos si son niños y adolescentes bajo custodia del Estado. Como consta en documentación, los balines de plomo quedaron en la dirección aparentemente bajo responsabilidad del interventor Julio César Bogado, como corresponde en un procedimiento. En el mes de marzo del 2014 fue la última remisión de municiones al CEI, según investigaciones.
clopez@abc.com.py