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La primera demanda se presentó el 22 de setiembre de 2008 y fue promovida por Jorge Daniel Cristaldo Sánchez, como supuesto domicilio en Pedro Juan Caballero.
El mencionado demandó por rendición de cuentas y obligación de distribución de utilidades por ejercicios vencidos contra la firma San Agustín, que fija domicilio en Asunción.
Cristaldo alegó tener acciones en la citada empresa y que por ello tiene el derecho de saber lo que ocurre en la misma.
“La mayor preocupación lo constituye sin duda alguna que la misma pudiera tener con las municipalidades, si existieron aún a la fecha inmuebles. Pues siquiera ni este informe me han querido dar, no sé qué propiedades hay o qué cuentas, qué libros o quiénes son los últimos directores”, apuntó en su escrito.
El juez Alvarenga, ante el pedido del “accionista” designó como administrador judicial al economista Carlos Fugaraso. Este en un primer informe al juez dijo que el local de la empresa, sobre la avenida España, se encuentra abandonado y ni siquiera tiene un cuidador.
Agregó que se constituyó a la casa de Rosalía García, una de las accionistas para pedirle informe sobre la administración y que la misma le dijo que el señor Lidio Oviedo (padre de Oviedo Matto) es quien podría darle detalles.
El administrador añadió que fue hasta la casa de Lidio Oviedo, en Mariano Roque Alonso, y que el mismo le manifestó que los documentos fueron sustraídos y que no tenía en su poder ningún papel. Le pidió 45 días para buscar alguna documentación.
En sustitución de Fugaraso, el magistrado designó como administrador judicial al actual contralor Rubén Velázquez Gadea, también vinculado al presidente del Senado y al Partido Unace.
Lo primero que hizo Velázquez Gadea fue contratar como gerente general a Roberto Pires Torres, primo y persona de confianza de Oviedo Matto.
Luego de una serie de informes solicitados a la Dirección General de los Registros Públicos sobre los muebles de San Agustín, este expediente se cerró.
Llamativamente, como si fuera calcada la primera demanda, en noviembre de 2011, solicitó una medida cautelar previa a una demanda, Diego Samaniego, quien se presentó con dos acciones de la empresa, que ya fueron emitidas, supuestamente en forma ilegal, por el juez en lo civil de Asunción, Silvino Delvalle.
La acción judicial, sugestivamente también cayó en el juzgado a cargo de Alvarenga, quien designó como administrador judicial a Arnaldo Jara, por Auto Interlocutorio N° 503 del 18 de noviembre de 2011.
Jara también es una persona vinculada al senador Oviedo Matto y fue el que vendió al Indert, en representación de San Agustín, las 5.000 hectáreas en Tobatí y Atyrá por G. 60.000 millones, de los cuales ya cobraron cerca de G. 47.000 millones.
Las demandas habrían sido promovidas para darles un ropaje legal a las ventas de valiosos inmuebles de la empresa San Agustín, cuyo dueño era Carmelo Cabrera. La empresa era solo de fachada y fue creada para eludir a los acreedores de Cabrera, que tenía como abogado a Marcial Bordas, quien aparece casi siempre detrás de los diferentes procesos judiciales que están relacionados a la firma San Agustín, en donde finalmente incluso aparece como accionista y reclama la distribución del dinero que el Indert pagó por las tierras. Las demandas son calcadas y los argumentos de los accionantes para la designación de administradores vinculados a Oviedo Matto son poco creíbles.
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