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El agente pidió al juez José Delmás medidas alternativas a la prisión para los dos imputados.
En su escrito, René Fernández explica que fueron varias denuncias las que se unificaron en esta causa. A su vez, indica que la Asociación recibe dinero del Estado y del propio presidente de la República, Horacio Cartes.
Se tuvieron en cuenta las denuncias presentadas por Rafael Inocente Ramón Franco, Éver Diosnel Solís y Ana María Espinoza (no vidente). La última inclusive fue funcionaria de la ACIP y contó detalles tenidos en cuenta por el investigador. En ese sentido, Espinoza relató que para el cobro de sus haberes le exigían que emitiera facturas, por lo que le habían ofrecido dos opciones: La primera era la de contratar a un contador que llevaría en orden toda la documentación y que le cobraría la suma aproximada de G. 1 millón y la otra era otorgar un poder a Rolando Maldonado Lesme, y este se encargaría personalmente de la gestión y que pondrían su propio contador sin ningún costo para las personas que requieran ese servicio, descontándole el porcentaje correspondiente IVA de forma mensual sin la necesidad de abonar monto alguno.
“Al respecto dijo que al momento del cobro de sus haberes no le permitían el ingreso al lugar de pago acompañado de personas videntes, para que pudieran observar de qué se trataba la planilla que firmaban como recibo de pago”, dice la denuncia.
La denunciante, luego de tres años de haber salido de la Asociación, realizó un trámite en las oficinas de Tributación y se percató de la existencia de una deuda de G. 4 millones en concepto del pago de obligaciones y multas tributarias. Argumenta la denunciante que evidentemente aquellos que manejaban el RUC y las facturas no habrían pagado ningún canon pero sí habían sido descontado de sus haberes los montos correspondientes al IVA, la denunciante en dicha ocasión también fue informada que solo un tiempo se habían registrado presentaciones de declaraciones juradas ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, bajo la denominación de su RUC.
Con relación a esto, el fiscal aduce que Maldonado Lesme llevó otras rendiciones de miembros de la Asociación, quienes también se encontraron con la “sorpresa” de que poseer cuentas con el fisco.
“Durante la investigación preliminar y mediante informes de la SET pudo ser comprobado de manera fehaciente que sí existen autorizaciones firmadas por los siguientes asociados: José Benítez Prieto, Nicolás Fernández, Juan Giménez Morínigo, Jorge Villalba, Rodrigo Laguardia, Blas Torres, Noelia Torres, María Luisa Torres, Adolfo de Jesús Silva, Lucía Brítez, Francisco Gamarra, Marco Pereira, Hugo Ramírez, Teófilo Sánchez; muchos de ellos ni siquiera con firmas sino solo con marcas dactilares, todas a nombre de Rolando Maldonado, autorizándolo suficientemente al mismo a realizar gestiones y apertura de registros de contribuyentes”, se desprende de la imputación.
El agente asegura que de esta forma surge la sospecha que durante el 2013 y 2014 fueron elaboradas facturas legales pertenecientes a asociados de la ACIP, mediante autorizaciones no expedidas por los titulares, según declaraciones de los afectados, y se dio el uso de facturas presuntamente originales pero cuyos contenidos son falsos e inconsistentes con los montos desembolsados a los mismos y que fueron utilizadas en las rendiciones de cuentas presentadas en el Ministerio de Hacienda y la Contraloría.
Maldonado Lesme se desempeñaba como administrador de la ACIP. “A través del mismo y en presencia del José Maldonado, según los datos recabados, se realizaban los pagos de los haberes en el local de la ACIP, lugar también de residencia de José Maldonado. Los asociados nunca conocieron el monto real de sus sueldos, se les expresaba que el monto que cobraban era lo que ese mes se les habría asignado”.
Contraloría detectó millonario faltante
Según la imputación fiscal, la Contraloría General de la República, en un informe especial, detectó un supuesto daño de G. 527.090.059 en los años 2013 y 2014.
Las irregularidades supuestamente se cometieron en diferentes rubros. Una de las más graves tiene que ver con pagos de ayudas a los miembros, donde se constataron diferencias de G. 121.500.000 en el año 2013 y G. 53.200.000 en el 2014.
Es citado en el informe el caso de Juan Robles, integrante del Coro Polifónico de Ciegos, quien aparece con un supuesto sueldo de G. 4.000.000, cuando apenas percibía G. 700.000 de forma bimestral. También se consignan cursos de capacitación y adiestramiento donde se “gastaron” G. 129.500.000 en 2013 y G. 85.200.000, en 2014, sin que existan constancias mínimas de que fueron llevados a cabo.
A su vez, supuestamente se dieron pagos de honorarios de G. 25 millones al abogado Alexis Manuel Duarte Vidallet, sin que se describa el servicio prestado. En el rubro de “mantenimientos y reparación de los locales de la institución” se desembolsaron G. 25.000.000 y G. 22.000.000, solo en el año 2013, sin que se especifiquen las prestaciones.
Asimismo, saltaron compras de costilla de primera, carnaza de primera, vacío, chorizos, muslos de pollo, panchos, entre otros, por valor de G. 55.403.059 con la excusa de “alimentación gratuita a los funcionarios de forma permanente”, lo que es irregular.
Se constató también la diferencia de G. 6.187.000 en compra de alimentos del autoservice La Feria, cuando se contrastaron los comprobantes de la ACIP y del citado local comercial. Igualmente, la asociación presentó facturas de pagos de un alquiler por un monto total de G. 3.600.000, que según la Subsecretaría de Tributación “no es un documento válido”.
Federación de Deportes
En otro punto, el fiscal René Fernández detalla las presuntas irregularidades detectadas en los manejos de la Federación Paraguaya de Deportes para Ciegos (Fepadec).
A esta conclusión llegó tras contrastar lo consignado en una denuncia presentada por Éver Diosnel Solís, quien en su carácter de asociado de la ACIP y de tesorero de la Federación Paraguaya de Deportes para Ciegos (Fepadec), indicó que los miembros de la comisión directiva de la ACIP constituyen también la comisión directiva de la Fepadec.
“ Relata que como tesorero él mismo se percata de retiros irregulares de sumas de dinero de una cuenta en Banco Visión que fue destinada a gastos de un viaje a Japón de deportistas invidentes; el denunciante expresa que como tesorero él mismo debía firmar los cheques para que dichas extracciones se lleven a cabo. Menciona a su vez que fueron varios los desembolsos en los que él no participó”. Indica también que la cuenta era conjunta con el presidente de la Fedapec, José Maldonado, y que de la misma fueron extraídos “montos en los que nunca participó en la firma conjunta de los cheques ni en su confección, tomando conocimiento de los desembolsos al pedir informe detallado de todas las operaciones de extracción realizadas, motivo que genera su denuncia”. Tras presentar la mencionada denuncia, a Solís le enviaron un mensaje de texto desde el banco para pedirle que pase a retirar una chequera, que finalmente constató que fue sustraída por un tercero de nombre Gerónimo Muñoz, cuatro días antes.
Hasta vehículos fantasma
En la imputación contra José Maldonado y Rolando Maldonado Lesme también se consigna la supuesta adquisición de vehículos que nunca fueron registrados a nombre de la Asociación de Ciegos del Paraguay.
“Así también varios de los testigos expusieron en sendas declaraciones que existía un vehículo automotor que al momento de ser comprado fue presentado como un móvil que estaría a cargo de la ACIP, que en algún momento sufrió un accidente y que dichas indemnizaciones corrieron a cargo de la misma Asociación. Al realizar las averiguaciones correspondientes sobre el vehículo a través de informes al Registro Único del Automotor (RUA), no arrojaron ningún tipo de resultados; es decir, no se encuentra registrado ningún vehículo a nombre de la ACIP o de la Fepadec (Federación Paraguaya de Deportes para Ciegos) y tampoco a nombre de José Maldonado ni Rolando Maldonado Lesme”, refiere el escrito.
Esto sucede a pesar de que José Maldonado, a través de una nota de fecha 25 de junio de 2013, dirigida a Natalia Palacios, directora general de Administración y Finanzas del Ministerio de Hacienda, informó que supuestamente fueron adquiridos dos vehículos a nombre de la ACIP: una camioneta Nissan Station Wagon, año 1999, con chapa PEY 626 y un automóvil Toyota Vitz, año 2000, con chapa POB 141.
“Sin embargo, tal situación ha sido desvirtuada por el informe de fecha 8 de julio de 2015, emitido por el asesor jurídico de la Dirección del Registro de Automotores (RUA), abogado Alfredo Fernando Prieto Chirife, en donde consta que no existen vehículos automotores registrados a nombre de la Asociación Paraguaya de Ciegos, Federación Paraguaya de Deportes para Ciegos, y tampoco a nombre de los señores José Maldonado ni Rolando Maldonado Lesme, por lo que se desconoce si efectivamente las compras se realizaron o fueron simuladas”, agrega.
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