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Los mismos se presentaban como funcionarios de Contrataciones Públicas y, según la denuncia, amenazaron a Leguizamón con la apertura de un sumario y la apertura de un proceso penal en San Lorenzo. Los tres implicados solicitaron G. 100.000.000 al denunciante (Leguizamón) para que su instituto siga contando con contratos de licitaciones para programas de capacitación. Se montó luego el operativo encubierto y fueron detenidos los denunciados.