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El lunes 28 de marzo del 2005 el entonces fiscal Adolfo Marín imputó al abogado Gerardo “Yacaré” Sanabria Mora, por lesión de confianza, en la quiebra del Banco Comercial Paraguayo (Bancopar). Marín dijo en su escrito que el imputado perpetró numerosas irregularidades y “tragadas” cuando se encontraba al frente de la Sindicatura General de Quiebras. “Yacaré” es el apodo con que llamaban afectuosa y respetuosamente al entonces alto funcionario, los profesionales abogados, funcionarios judiciales, allegados suyos y periodistas, entre otros.
En su nota de imputación, el fiscal Marín afirmó que Sanabria Mora cometió “una grosera omisión” porque permitió que una propiedad valorada en más de un millón de dólares sea rematada por menos del equivalente a los 100.000 de la moneda americana.
La propiedad pertenecía a Bancopar, entidad que fue declarada en quiebra, y el síndico general tenía la obligación legal de evitar su remate por un precio ínfimo para no perjudicar los intereses de acreedores y ahorristas de la entidad que formalizaron sus reclamos, indicó el representante del Ministerio Público.
Según los antecedentes, el inmueble de un millón de dólares fue rematado a favor del abogado Raúl Codas Riera, quien trabajó como representante legal del banco quebrado y que después planteó su regulación de honorarios por una suma cercana a los 100.000 dólares.
El 8 de mayo de 1997, el juez Hugo Bécker reguló en 558.007.080 guaraníes los honorarios de Codas Riera, quien siguió los trámites hasta conseguir el remate del inmueble de cuatro mil hectáreas, ubicado en Santiago, departamento de Misiones. La propiedad era una garantía de crédito con el que contaba Bancopar por un préstamo otorgado antes de la quiebra.
“Surge de la constancia del expediente (regulación de honorarios) que el representante de Bancopar brilló por su ausencia y al acto de remate solo concurrieron tres personas: Guillermo Codas, el ejecutante; Bernardino Ezequiel, rematador, y Carla Rosana Rojas, actuaria del juzgado. Es importante mencionar el monto de la adjudicación, 400 millones de guaraníes, 10 veces menos del monto por el que se adjudicó el inmueble Bancopar en el primer remate”, señaló Marín en su imputación.
El entonces síndico general de Quiebras ni siquiera impugnó el remate y avaló ilegalmente, afirmó el agente del Ministerio Público.
El fiscal Marín solicitó que se apliquen medidas alternativas a la prisión al imputado Gerardo Sanabria Mora y al pedir que se le prohíba salir del país, exigió que el imputado comparezca ante la sede de la fiscalía cada 15 días al tiempo de reclamar la imposición de una caución real hasta cubrir la suma de 500 millones de guaraníes.
Para evitar un juicio oral penal de condena, el imputado planteó un “incidente de prejudicialidad” y en el primer día de su juicio oral y público logró la suspensión de su juzgamiento, decisión que fue tomada por un Tribunal de Sentencia, integrado por Doddy Báez, Gustavo Amarilla y Gustavo Santander (quien votó en disidencia). El tribunal sostuvo que el caso del exsíndico de Quiebras es un asunto administrativo y que debe discutirse en el fuero civil.
Los fiscales René Fernández y Silvia Cabrera apelaron esa decisión de primera instancia, pero en segunda instancia los camaristas Gustavo Ocampos, Carlos Bray Maurice y Tomás Damián Cárdenas confirmaron la sentencia de primera instancia.
El fallo de segunda instancia fue rechazado por los fiscales y el 28 de diciembre del 2007 Fernández y Cabrera promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte afirmando que el exsíndico de Quiebras debe ser sometido a juicio oral y público en donde tiene que ser condenado para ser encarcelado.
Desde aquella fecha, la acción promovida por los fiscales quedó en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros se renuevan cada año porque los mandatos de cada uno de ellos dura solamente doce meses.
Y así, el exsíndico general de Quiebras Gerardo Sanabria Mora sigue libre e impune por desidia o desinterés de los ministros de la máxima instancia judicial del país.
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