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Los mismos que hoy se enfrentan son los que a fines del año pasado promovieron el juicio político de cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay.
Producto de la presión política, Núñez optó por retirarse y llamarse a silencio.
A partir de ahí se realizó un concurso promovido por el Consejo de la Magistratura que reunió a 51 abogados.
El concurso tuvo como condimento una serie de indicadores con puntajes, con los cuales se iban a medir los méritos profesionales.
La cara visible del Consejo de la Magistratura fue su presidente Enrique Riera, quien representa al Poder Ejecutivo.
Tras una serie de audiencias públicas, estudios de documentos, análisis de los perfiles de los candidatos y evaluación sicológica, el Consejo conformó una terna integrada por los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Myriam Peña y Linneo Ynsfrán.
Los cuestonamientos a esta elección no pasaban por los nombres electos, sino porque todos son de extracción colorada.
Hay que recordar que Núñez también era de origen colorado, por lo que se da lugar a la sospecha de que el cuoteo político, una vez más, predominó para la elección del integrante de la Corte.
El otro cuestionamiento fue que no se dio lugar a que el Senado pueda tener entre los candidatos a un abogado “pasillero”.
Sin embargo, no pasó de eso y la terna llegó al Senado, solo que en un escenario distinto al que se inició hace cinco meses, producto de la interna partidaria que se inició cuando Cartes respalda públicamente la candidatura del diputado Pedro Aliana.
Los 15 colorados disidentes, antes que dialogar con el Presidente para consensuar un nombre, decidieron hacerle llegar el mensaje de que ellos son los que iban a decidir.
Fue así que resolvieron optar por Ynsfrán y dejar de lado a Myriam Peña. Ni siquiera tomaron en cuenta a Emiliano Rolón Fernández, que quedó malparado al firmar una resolución favorable al senador colorado Víctor Bogado (paradójicamente uno de los disidentes).
El presidente Cartes acusó recibo y también envió el mensaje de que tiene la posibilidad de vetar el nombre.
La discusión se trasladó a otro ámbito cuando Enrique Riera señaló que si se veta el nombre de Ynsfrán, el Senado debe resolver entre Peña o Rolón.
Esto fue considerado un agravio para los senadores que creen que si hay un veto se debe conformar una nueva terna.
Los mismo senadores opositores como Miguel Abdón Saguier (Partido Liberal Radical Auténtico), Arnaldo Giuzzio (Partido Democrático Progresista) y Adolfo Ferreiro (Avanza País) se pronunciaron en ese sentido.
“No hay ninguna interpretación aparatosa que pueda llevar a una conclusión razonable diferente”, dijo Ferreiro.
Mientras que el senador Galaverna, fiel a su estilo, atacó directamente a Riera.
“Entre lo de ayer, que el que actúa diferente es conspirador para destruir a un presidente de la República, y un presidente del Consejo de la Magistratura que dice que nadie podrá obligar al orden que él preside a que cumpla su obligación constitucional y legal, pero que dicta normas de actuación a dos poderes del Estado, al Senado y al Poder Ejecutivo, ojo con estas manifestaciones”, advirtió.
La laguna en la ley favorece esta disputa entre dos órganos, que solo se pondría fin si es que el Ejecutivo confirma lo resuelto por el Senado.
El expresidente Fernando Lugo, que había vetado durante su presidencia el nombramiento como ministro de la Corte, del camarista Agustín Lovera Cañete, utilizó un tono más conciliador aunque también pidió que se desintegre la terna. El senador por Frente Guazsu afirmó que el mandatario no tiene ningún impedimento constitucional si quiere vetar la designación realizada por la Cámara de Senadores. “Nosotros también hemos vetado”, recordó. Agregó: “Yo creo que hacemos poco favor al país cuando los acuerdos están por encima de la Constitución Nacional y las leyes, en muchas oportunidades ha primado lo político”.
Mientras tanto Ynsfrán aguarda el visto bueno del Ejecutivo, Peña felicita al electo y Rolón opina que fue una elección política, por lo que no se puede esperar una reforma judicial.
Consejo dice que no es su responsabilidad
En su última sesión ordinaria, del pasado miércoles, el pleno del Consejo de la Magistratura resolvió llamarse a silencio a nivel institucional, a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo.
Consideran que ya perdieron competencia en el concurso para la Corte Suprema de Justicia y que esto está en el ámbito del Senado y del Ejecutivo.
Solo el presidente Enrique Riera realizó algunas declaraciones en las cuales se ratificó en su postura de que si se rechaza la nominación de un ternado, se debe optar por los dos restantes.
Si se vuelve a rechazar, entonces el tercero deberá ser confirmado por el Ejecutivo.
Pese a la crisis que puede enfrentar con el Senado, los consejeros se mostraron satisfechos por el concurso, debido a que los cuestionamientos no pasaron más allá de eso, que la terna no tuvo reparos y que el Senado por amplia mayoría (34 votos) eligió a uno de los candidatos.
Lo paradójico del caso es que una situación similar se dio años atrás y en ese momento, el miembro del Consejo de la Magistratura era el actual senador colorado Enrique Bacchetta.
En aquella ocasión Bacchetta dijo que el Consejo de la Magistratura tiene una postura en mayoría de que el Senado y el Poder Ejecutivo no pueden revocar una terna. Así se publicó en ABC el 14 de noviembre de 2009, en alusión a la situación de la terna conformada para reemplazar a Wildo Rienzi en la Corte Suprema de Justicia.
Esta terna conformada en el año 2007 tenía como integrantes a Agustín Lovera Cañete, Emiliano Rolón Fernández e Irma Alfonso de Bogarín.
Lovera fue electo en mayoría por el Senado, pero el Ejecutivo (Fernando Lugo era el presidente) rechazó el nombramiento de Lovera.
“A mí me dijeron que no se puede romper porque la terna es vinculante”, explicó Bacchetta, y aclaró a nuestro diario que hace un tiempo ya había plasmado su firma.
Al ser consultado acerca de quién tiene un criterio distinto, respondió enfáticamente: “(Miguel) Saguier quiere que se rompa la terna”.
Bacchetta representaba a los abogados en el Consejo y Saguier al Senado.
Bacchetta enfatizó en aquella oportunidad: “El Consejo en mayoría tiene el criterio que es el mío, que tanto el Senado y el Poder Ejecutivo no pueden disolver la terna. Ante esa situación, yo me quedé tranquilo porque no puedo permitir que el Consejo de la Magistratura sea manoseado”.
Bacchetta, quien integra el grupo de los 15 colorados disidentes, votó por Ynsfrán al igual que lo hizo Saguier.
Pasó un año desde el rechazo del nombramiento de Lovera y ya había otra vacancia que era la del cargo de José Altamirano.
Para este cargo el Consejo conformó una terna con Luis María Benítez Riera, Gladys Bareiro de Módica y César Diesel.
Insólitamente, el Senado de esta terna nombró a los dos nuevos ministros Benítez Riera y Bareiro, que reemplazaron a Rienzi y Altamirano.
De esta forma desintegraron la terna en la que estaban Rolón, Alfonso y Lovera Cañete.
Un nuevo concurso si no hay acuerdo
El Colegio de Abogados del Paraguay señaló que si hay veto presidencial se debe conformar una nueva terna. “Corresponde precisar que la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia constituye un acto administrativo complejo, entendiéndose por este el acto en el que intervienen varios órganos del Estado. En el caso: 1) la selección técnica por el Consejo de la Magistratura para elevar una terna a la Cámara de Senadores, 2) la designación de un candidato de la terna por la Cámara de Senadores, y 3) el acuerdo constitucional que inexorablemente debe prestar el Presidente de la República”, explica el pronunciamiento firmado por Óscar Paciello.
Añade: “Para que este mecanismo de designación funcione conforme a sus fines y no supeditado a la voluntad de uno solo de los órganos, nuestra Constitución establece en su artículo 3 que ‘El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”.
Luego va al fondo de la cuestión. “En el caso que nos ocupa, la eventual denegación del acuerdo constitucional por el Presidente de la República a la designación del Senado, en ejercicio de la potestad constitucional que le confiere el Art. 264 inciso 1º, pondría fin al procedimiento no concretándose jurídicamente la designación”.
Sigue diciendo: “Nuestra Constitución no tiene prevista esta situación que es contraria a la previsión consagrada en el citado artículo 3, que impone a los órganos del Estado la obligación de coordinar el gobierno de la República. Al no estar prevista constitucionalmente la situación, no cabe otra alternativa que el reinicio de todo el proceso desde una nueva convocatoria por el Consejo de la Magistratura. No cabe ninguna analogía con el proceso de formación y sanción de las leyes que permite una ratificación del Senado, por lo que tal interpretación es inaplicable”.
Puntualiza que la Ley 5208/14 establece el plazo máximo de 30 días en el que debe producirse o no el acuerdo presidencial, “siendo inaplicable cualquier interpretación respecto al carácter vinculante de la terna desde el momento que en este caso una sola fue enviada por el Consejo de la Magistratura”.
Luego los abogados expresan su preocupación. “La Corte Suprema de Justicia se encuentra hoy integrada con ocho de los nueve miembros que establece la Constitución y ello, entre otros problemas de que adolece el Poder Judicial, conlleva a que el sistema de justicia que el Estado está obligado a brindar a la ciudadanía no se concrete”.
Concluye señalando: “Por estas razones, desde el Colegio de Abogados del Paraguay exhortamos a los actores involucrados en el proceso a superar antagonismos y deponer intereses sectarios para actuar con patriotismo en defensa de los altos intereses de la Nación a fin de concretar los anhelos de la ciudadanía en general y del gremio en particular de contar con un Poder Judicial realmente independiente”.
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