Cargando...
La fiscala Raquel Fernández citó a declarar al suboficial ayudante Gabriel González Ojeda, de la Comisaría 16 Metropolitana, ante las sospechas de que habría conversado y entregado algún elemento (se presume municiones), al suboficial Gustavo Florentín, imputado y preso por la muerte de Rodrigo Quintana.
La investigadora llegó a esta presunción luego de analizar vídeos de las adyacencias de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ubicada en las calles Iturbe y Manuel Domínguez. El ataque ocurrió tras los incidentes y el incendio en el Congreso, luego de que 25 senadores cartistas realizaran una sesión “mau” y votaran a favor de la enmienda para la reelección presidencial en abierta violación a la Constitución Nacional.
Fernández explicó que se analizaron imágenes y fotogramas de los circuitos cerrados y de un canal de televisión, donde se puede ver que González está conversando primero con Florentín y luego haciendo un tipo de intercambio de objeto, aunque una columna eléctrica evita ver en qué consiste la entrega.
Por su parte, el suboficial González declaró a medios de prensa que no conoce a Gustavo Florentín y que tampoco dialogó con él en las inmediaciones del PLRA, antes del ataque a la sede partidaria.
Sin embargo, a la fiscala Fernández el suboficial le reconoció que un oficial (cuyo nombre dijo no recordar) le entregó una caja con aproximadamente 14 o 15 cartuchos de balines de gomas para reabastecer a sus camaradas que se encontraban sin municiones. Aclaró que ésto aconteció en las inmediaciones del Congreso Nacional. El suboficial agregó que no reabasteció municiones y que entregó la caja completa en su comisaría, al igual que una escopeta que pertenecía al oficial Néstor Cantero Russo, de la Comisaría 1ª Metropolitana.
Respecto a esa escopeta, González declaró que recibió el arma de Cantero, ya que este iba a ser llevado para una atención médica debido que tenía una herida en el rostro.
El suboficial González también explicó que solo contaba con su arma reglamentaria y que no la utilizó, al igual que la escopeta de Cantero Russo porque esta supuestamente se trabó.
Los abogados Adolfo Marín y Carolina Fernández, representantes de la familia de Rodrigo Quintana, y Guillermo Duarte Cacavelos, por Efraín Alegre, criticaron que la fiscala convocó a Gabriel González en carácter de testigo, porque aducen que esto imposibilita que sea imputado. Sin embargo, esto fue rechazado por la investigadora, que aclaró que el suboficial puede ser procesado con otros elementos.
Puntos sin aclarar
Hasta el momento el Ministerio Público no aclara varios puntos en torno al asesinato de Rodrigo Quintana que pueden complicar a altos jefes policiales. Uno tiene que ver con que se cometieron los hechos punibles de liberación de preso y desacato a la orden judicial cuando se ordenó a Gustavo Florentín salir a repeler manifestantes en la zona del Congreso, pese a que contaba con arresto en la sede policial por un caso de violencia doméstica. El desacato se produjo por burlar la orden dictada por el juez penal de garantías de Luque, Nelson Romero.
Asimismo, tampoco se esclarece quién entregó las municiones el 31 de marzo en la armería de la Comandancia y, llamativamente, no existen registros en papel y el video de circuito cerrado, que fue solicitado por el Ministerio Público, “desapareció”, por lo que también podría haber el delito de alteración de datos.
Tampoco se dilucida qué jefe dio la orden de atacar el PLRA, y se están analizando más de 2.000 audios para intentar llegar al responsable.
Molesto porque su denuncia no avanza
El presidenciable y titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, se reunió con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, molesto porque la denuncia por un supuesto intento de homicidio en su contra, no avanza.
El político ratificó que existen sobrados elementos para considerar que él era el objetivo del atropello a la sede partidaria que preside, la madrugada del 1 de abril pasado, cuando fue asesinado el joven Rodrigo Quintana.
Tras la reunión, el abogado Guillermo Duarte hizo hincapié en que el ataque policial al PLRA se dio en forma coordinada cuando la Policía supo que llegó el auto particular de Alegre, pero el vehículo en realidad fue usado por el hijo del titular liberal.
El abogado sostiene que los audios policiales demuestran que los atacantes buscaban a Efraín. Supuestamente, el propio suboficial Gabriel González Ojeda (quien se presume dio municiones al imputado Gustavo Florentín), advirtió a sus camaradas en guaraní que Efraín se podía “escapar” por el estacionamiento. El uniformado se había quedado en la puerta principal, que fue tomada por el equipo antidisturbios, mientras que por el estacionamiento entraron efectivos de civil de Robos y Hurtos, comandados por el comisario Tomás Paredes Palma.
“Mi hijo llegó en el vehículo que yo uso, y se produce el ataque”, señaló Efraín. Agregó que no es posible reducir todo a culpar a un suboficial cuando el operativo contaba con 25 agentes coordinados.
Alegre también indicó que debe saberse quién dio la orden de atacar el PLRA especialmente luego de que el entonces ministro del Interior, el diputado Tadeo Rojas (ANR), dijo que nunca ordenó dicho ataque.
Único imputado se llamó a silencio
El suboficial ayudante Gustavo Florentín, único imputado por el asesinato del joven dirigente liberal de La Colmena (Departamento de Paraguarí), Rodrigo Quintana, se llamó a silencio.
Además de abstenerse de declarar ante la fiscala María Raquel Fernández la abogada defensora María Selva Rodríguez solo solicitó una copia de la carpeta fiscal. La agente del Ministerio Público ordenó se haga lugar a este pedido pero nunca se entregó por falta de interés de la profesional.
El procesado, que guarda prisión en la Agrupación Especializada, no pidió volver a declarar y tampoco presentó revisión de prisión.
En una carta escrita de puño y letra que la defensa entregó a los medios de prensa, Florentín había desbaratado las primeras versiones del Gobierno sobre lo que supuestamente aconteció antes del ataque sincronizado de las fuerzas del orden a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ubicada en las calles Iturbe y Manuel Domínguez del centro de Asunción, en la madrugada del 1 de abril pasado. Este elemento, por su parte, nunca fue entregado a la fiscala Fernández, por lo que para la investigación por el homicidio doloso no sirve como elemento de descargo.
En la carta, Florentín relató que a las 16:00, tras el ataque a la Comandancia de la Policía Nacional, se le ordenó salir de la Agrupación de Seguridad, pese a tener arresto por un caso de violencia doméstica. La orden supuestamente era que debía “repeler manifestantes”. Pese a relatar este hecho, el suboficial no proporcionó el nombre del superior que le ordenó el trabajo.
Asimismo, indicó en el escrito que entre las 18:00 y 20:00, realizó trabajos en la zona del Congreso Nacional, Palacio de López y Comandancia y puntualizó que en este último lugar hubo quema de vehículos.
En otra parte, Florentín relató que a las 22:00 se le acabaron las municiones y agregó que el comisario Enrique Isasi fue el responsable de hacer entrega de cartuchos en frente de la Comandancia, a bordo de una Isuzu D-Max color negro. “Todos los escopeteros nos vamos a retirar estos cartuchos”, especificó el suboficial.
Agregó que entre las 22:30 y las 23:30 estuvo dispersando manifestantes en las calles Yegros y Herrera, cuando el comisario Amado Cantero le ordenó avanzar hasta el diario ABC. “Hacemos caso omiso, por estar cansados y sin municiones. (Pero) insistió de forma prepotente”.
El relato en la referida carta no contiene detalles de lo que aconteció en la sede del PLRA, cuando Gustavo Florentín encabezó el grupo antidisturbios que ingresó a las 00:22 con disparos, y uno de ellos acabó con la vida de Rodrigo Quintana. De acuerdo a la pericia del video de circuito cerrado, el suboficial ayudante realizó el fatal disparo de escopeta que contenía balas de plomo de manera inexplicable.
En la misma causa están imputados el comisario Tomás Paredes Palma, subjefe del departamento de Investigación de Delitos, y el oficial inspector Guido Armando Amarilla Vera, por el ingreso violento a la sede del PLRA por el estacionamiento y los disparos de balines de goma a corta distancia en el sanitario de damas.
griselda@abc.com.py