Un funcionario de la Municipalidad de Asunción que se desempeñaba como guardia del cementerio la Recoleta, llamado Fernando Corvalán Núñez, de 47 años de edad, y dos albañiles, Felipe Romero (63) y Felipe Álvarez Ramírez (49), fueron los protagonistas centrales de un episodio prácticamente cinematográfico en la noche del martes 23 de setiembre del corriente año en el interior de la conocida necrópolis.
Lejos de robar cadáveres para estudios de la ciencia médica, aquellos tres hombres aprovecharon el momento de los vampiros, la noche por supuesto, para concretar un nuevo negocio: entregar un ataúd robado y percibir la suma de 1.500.000 guaraníes.
Sin percatarse de que el comprador del ataúd era un policía encubierto, acompañado por otros uniformados, miembros del Ministerio Público y gente con equipos de televisión, el guardia y los dos albañiles fueron detenidos y llevados a dependencias policiales, en donde quedaron a disposición del Ministerio Público.
La diligencia nocturna se montó después de procesarse denuncias de testigos y vecinos que afirmaron poseer información cierta de que en el referido cementerio se hurtaban ataúdes que eran comercializados con frecuencia en horas de la noche. “Esta Unidad Fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de turno la autorización para la grabación del audio y vídeo de las reuniones y conversaciones”, dijo la fiscala María Estefanía González, quien intervino en el caso.
La intervención y detenciones permitieron confirmar sospechas y denuncias de que en el mencionado camposanto se concretaba el singular y lúgubre negocio nocturno.
Sin embargo, la detención y posterior encarcelamiento del guardia y los dos trabajadores no permitieron revelar la existencia de alguna organización o grupo vinculado a los ladrones de ataúdes.
Los tres aprehendidos se negaron a revelar detalles sobre compradores de cajones para muertos y demás nexos existentes en este tétrico lucro. La negativa de revelar otros datos relacionados a la comercialización de ataúdes robados obligó a las autoridades judiciales decretar la prisión de los detenidos, al menos eso es lo que se observa en los papeles que forman parte de las investigaciones iniciales del caso.
La negativa de revelar nuevos datos y nombres de más supuestos implicados en la compra y venta de ataúdes robados, por parte de los ahora detenidos, no impide la realización de más investigaciones para dar con otros presuntos comprometidos en esta macabra actividad.
Según funcionarios judiciales, corresponderá al Ministerio Público ahondar sus pesquisas para determinar si el caso nocturno del martes 23 es un episodio aislado o si existen otros hechos similares y sujetos a quienes deben investigarse.
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