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La Fiscalía lo acusó de causar un perjuicio de G. 2.700 millones, al ausentarse de un remate de la quiebra de Bancopar en el 2002, con lo cual imposibilitó al ente recuperar la garantía hipotecaria de un crédito por G. 4.000 millones. La Corte es la principal responsable por la extrema dilación de esta causa, que duró 12 años, 8 de los cuales estuvo en la máxima instancia judicial. La Fiscalía presentó 26 urgimientos a la Sala Constitucional de la Corte, y si bien los ministros Antonio Fretes, Miguel Óscar Bajac y César Garay hicieron lugar a la petición fiscal, eso fue casi ¡8 años! después de su planteamiento.