Cargando...
En el escrito penal, la fiscala Teresa Sosa señala que el decano de la Facultad, José María Cabral (suspendido en sus funciones a raíz de este escándalo), presentó el 25 de abril pasado un informe de la investigación preliminar que se realizó sobre las actas de exámenes finales, las cuales presentaban irregularidades.
Tras este hecho, la investigadora solicitó a la comisión interventora de la referida casa de estudios una auditoría de las actas de exámenes finales a las que hacía referencia el informe y pudieron constatarse las irregularidades indicadas.
La información obtenida guarda relación con las calificaciones que habrían sido modificadas o adulteradas en las actas de papel y en el Sistema Informático AS/400 relacionadas a los trece imputados, diferentes materias y cantidades de “notas arregladas”. En la gran mayoría de los casos, se corroboró que los mismos contaban con “Ausente”, pero en las actas y el sistema informático las notas iban de 3 (tres) a 4 (cuatro), nunca 1 (uno) y casi no hay 5 (cinco), salvo el caso de Lourdes Nathalia Agüero Zayas, quien figura con “5” en Derecho Procesal Laboral (teórico).
A esto se suma que informes de telefonías constataron giros de dinero al funcionario imputado Víctor David Oviedo, por parte de Emhil Morel Achon (por G. 1.000.000), Patricia Aguirre (G. 1.600.000), Romina Carrera (G. 900.000), Christian Brítez (G. 200.000 y G. 900.000), Lourdes Agüero (G. 1.600.000). Según la agente, Oviedo tenía acceso a las actas de calificaciones, al igual que el también funcionario Eduardo Barrios, quien poseía un usuario en red.
Causa trabada
El proceso contra los quince imputados se encuentra trabado. El primer juez sorteado José Delmás fue recusado, pero no pudo tramitar ese pedido por encontrarse de vacaciones. Su interino, Miguel Tadeo Fernández, intentó realizar la audiencia de imposición de medidas pero contra la providencia que la señalaba se presentaron recursos dilatorios.