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La disputa por las tasas entre el Poder Judicial (que pretendía el 100%) y el Ministerio Público (que quería mantener el 12%), derivó en un paro escalonado y luego una huelga general de varios días, que quedaron sin efecto tras la media sanción del proyecto que establece que el PJ se quede con el 75% de las tasas, la Fiscalía con el 15% y el Ministerio de Justicia con el 10%. La defensora general Selva Morel dijo que la institución a su cargo percibe una suma insignificante de solo 0,01% que proviene de las recaudaciones de multas y comisos y que necesitan recursos económicos para hacer frente a los miles de casos que atienden. En los tres primeros meses del 2018, este porcentaje se tradujo en apenas G. 13 millones, frente a los G. 13.032 millones que percibió el Ministerio Público y G. 14.390 millones que recibió el Ministerio de Justicia.