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El documento destaca que el derecho de acceso a la información es un derecho humano que, por su propia naturaleza, requiere de la mayor inmediatez posible, debido a que “el control de la cosa pública o el ejercicio de otros derechos no puede verse dilatado o frustrado por cuestiones formales o criterios tradicionales que eviten el conocimiento de las cuestiones de fondo”. “Esta acordada se dictó ante la necesidad de reglamentar algunos aspectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; y se trata de una primera iniciativa de la máxima instancia judicial para garantizar los procedimientos administrativos de manera de asegurar el ejercicio de este derecho fundamental que tienen los ciudadanos”, resalta la presentación en su exposición de motivos.