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Hoy debía entrar en vigencia la Acordada 1373, dictada por unanimidad en la sesión plenaria del pasado martes 7 de abril, que establecía reanudar los plazos procesales, registrales y administrativos. Sin embargo, la misma reglamentación disponía en el Artículo 2° que la implementación estará sujeta a lo que decida el Gobierno Nacional sobre prolongar la restricción de las actividades públicas y privadas, como medida para impedir el avance del covid-19 en el país.
Atendiendo ese último punto, el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, dispuso la suspensión de la entrada en vigencia de la Acordada, ya que el Poder Ejecutivo extendió hasta el domingo 19 de abril la cuarentena sanitaria.
Puede ampliarse nuevamente
El titular de la CSJ estableció además que la vigencia de la Acordada 1373 será desde el lunes 20 de abril al domingo 21 de junio de 2020, con la posibilidad de ampliar o abreviar dicho periodo, conforme con las decisiones del Gobierno Central y las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con respecto a la emergencia sanitaria por coronavirus.
En caso que el Gobierno Nacional decidiera extender la restricción de las actividades públicas y privadas, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través del presidente, podrá disponer la suspensión de la entrada en vigencia de esta acordada y la prórroga de lo dispuesto en las Acordadas 1366 y 1370.
Plazos procesales siguen suspendidos
Con la disposición del máximo tribunal, los plazos procesales, registrales y administrativos siguen suspendidos en todas las circunscripciones judiciales de la República y se reanudarán el lunes 20 de abril, a excepción de aquellos juicios tramitados en los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción en lo Civil y Comercial de la Capital, que cuentan con el expediente judicial electrónico o el trámite judicial electrónico, ya que los jueces y magistrados encargados de los mismos están habilitados para trabajar desde sus casas en la tramitación y resolución de expedientes.
Por otro lado, Martínez Simón ordenó que desde hoy y hasta el 19 de abril los turnos sean cubiertos por los juzgados y tribunales que fueron afectados desde el 6 al 12 de abril, para la atención de los servicios básicos de justicia, tanto en la Capital como en las circunscripciones judiciales de todo el país, a excepción de los magistrados mayores de 60 años o que padecen enfermedades de base, quienes serán excluidos o reemplazados.
Atención en Juzgados de la Niñez
Durante la emergencia sanitaria, los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia entienden medidas cautelares de urgencia, maltratos, restituciones y venias para viajar necesariamente por cuestiones de salud, en virtud a lo dispuesto por la Acordada 1366.
Con la disposición del pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial brinda la atención al fuero de la Niñez y la Adolescencia, con una dotación mínima de funcionarios a fin de que la mayoría permanezca en su domicilio, dando cumplimiento a la medida sanitaria impuesta por el Gobierno Nacional.
Los jueces del fuero destacaron que “afortunadamente los justiciables han dimensionado la gravedad de la pandemia que afecta a nivel mundial y consecuentemente han reducido al mínimo su concurrencia a los Juzgados de la Niñez para plantear las cuestiones vitales”.
Pidieron comprender que por sobre todo se encuentra el derecho a la vida y a la salud de todos, “siendo ello el norte en la impronta del Juzgado”, al atender lo estrictamente necesario y no permitiendo inclusive la concurrencia de niños y adolescentes a tribunales, por la contingencia nacional dispuesta para precautelar la salud de los mismos frente a la pandemia del coronavirus.
Acceso restringido
Los funcionarios y usuarios de justicia tienen acceso restringido a las sedes de todas las circunscripciones de la República, y quienes acudan por un trámite de urgencia deben pasar por control de temperatura y lavado de manos para ingresar a los edificios, como medidas de prevención para evitar el contagio masivo del covid-19 en todo el territorio nacional.
12 de marzo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad la suspensión de actividades en el Poder Judicial, tras la decisión del Gobierno Central que estableció la cuarentena sanitaria para evitar la propagación del covid-19.
25 de marzo
En sesión plenaria, los ministros de la máxima instancia judicial decidieron ampliar la suspensión de actividades en el Poder Judicial y reforzar los controles sanitarios y de seguridad en todas las sedes judiciales, para prevenir el coronavirus.
7 de abril
El pleno de la CSJ dictó la Acordada 1373 que reglamenta la reanudación de actividades en el Poder Judicial, pero aclara que la entrada en vigencia está sujeta a la decisión del Poder Judicial sobre la ampliación de las medidas para prevenir la propagación del covid-19.
Pleno sesiona a través de teleconferencia
Como medida preventiva, los ministros de la Corte Suprema de Justicia no están acudiendo a sus despachos desde el lunes 6 de abril y se reincorporarán el viernes 17 de abril. Debido a la medida, la sesión plenaria de la semana pasada fue a través de videoconferencia.
Durante el aislamiento, los ministros de la máxima instancia judicial atenderán las cuestiones que hagan a sus respectivos despachos y cargos desde sus domicilios, preparando proyectos de resoluciones o, incluso, suscribiendo resoluciones o documentos administrativos, cuando estos correspondieren, con todas las medidas de seguridad y de prevención impuestas por el protocolo sanitario para prevenir el contagio de covid-19, según confirmó el titular de la CSJ, Alberto Martínez Simón.
En ese sentido, la plenaria de este miércoles 15 será nuevamente a través de medios telemáticos.
Ministros sin síntomas
La Dirección de Comunicación de la Corte informó que ninguna de las personas que integran el máximo tribunal presenta síntomas que apunten siquiera a sospechar de cualquier tipo de enfermedad y aclaró que los ministros decidieron adoptar el aislamiento como medida de prudencia.
El ministro Eugenio Jiménez Rolón fue el primero en someterse voluntariamente a la cuarentena sanitaria, luego de jurar en la Cámara de Senadores como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura y de confirmarse que la senadora María Eugenia Bajac dio positivo a covid-19.
Abogados pasilleros critican medidas
Los abogados que trabajan de manera independiente consideran arbitraria la suspensión de actividades en el Poder Judicial, ya que según ellos la Corte Suprema no les tuvo en cuenta al establecer la medida. Aseguran que muchos están pasando hambre porque ya no tienen ningún ingreso desde que se inició la cuarentena.
Los profesionales esperan que el Poder Legislativo sesione cuanto antes para tratar el proyecto de ley que ellos mismos plantearon, con el que pretenden que sean asistidos económicamente por el Gobierno durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
El pedido fue presentado en la última semana del mes de marzo y obedece a que varios abogados se quedaron sin ingresos por el cese de actividades en el Poder Judicial, que se extendió hasta el domingo 20 de abril.
Los juristas independientes juntaron 1.200 firmas de sus colegas que se sienten afectados por el paro de las actividades y piden un subsidio de G. 1 millón por tres meses y que se extienda para unos 30.000 abogados “pasilleros” de todo el país.
Los profesionales buscan ser incluidos entre los beneficiarios del proyecto de ley de emergencia sanitaria por el coronavirus, que entre otras cosas dispone el subsidio monetario para sectores vulnerables.
La Cámara de Senadores tiene previsto sesionar esta semana, pero el pedido de los abogados no está incluido entre los puntos a analizar.