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En este caso están acusados por lesión de confianza el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Alfredo Guachiré y fue este último el que planteó la chicana para frenar el juzgamiento al recusar al pleno del Tribunal de Sentencia, integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, por supuesta parcialidad manifiesta.
Como Soares ya fue declarado como litigante de mala fe e incluso fue sancionado por eso, es que ahora le toca el “turno” a Guachiré presentar las medidas dilatorias para evitar que el juicio avance.
La Cámara de Apelación debe resolver si confirma la recusación o no de los magistrados para que prosiga el juicio.
En los cuatro días que se llevó a cabo el juzgamiento, varios testigos con sus dichos fueron complicando la situación de los acusados.
Según las declaraciones de los testigos que, en su mayoría eran proveedores del Estado, el 17 de diciembre por la modalidad de compra directa la SEN adquirió productos alimenticios de las empresas Distrimerc y San Cayetano, pero entre los días 21 y 24 Camilo Soares y Alfredo Guachiré compraron una nueva tanda de alimentos a un precio muy superior que la primera compra.
En esta ocasión la SEN dejó de lado a las dos primeras firmas que vendieron a mejor precio sus productos y compraron a las empresas Camica SRL, Beltrom SA, María Gloria SRL, San Benito, M & F SA y Marina del Sol SRL, su productos a precios muy superiores al valor de los mismos.
La fiscalía tomó estos parámetros para demostrar que efectivamente hubo una sobrefacturación en los precios de las compras que realizó la SEN en el 2009, con perjuicio al Estado de G. 1.224.976.100, e individualizó a Camilo Soares y Alfredo Guachire como los responsables de este hecho y los acusó.
victor.franco@abc.com.py