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La agente fiscal formuló una denuncia contra el Ministerio Público por mobbing laboral y al mismo tiempo, solicitó que se tomen medidas para que cesen el hostigamiento y la persecución de los que, según refiere en el documento, es víctima.
La denuncia está dirigida a la Fiscala General del Estado, Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, y fue recibida en mesa de entrada del ente el 31 de diciembre de 2019.
Arias, quien se desempeñó como fiscala en lo penal en Itacurubí del Rosario y San Estanislao (San Pedro), hizo constar en su denuncia que sin que haya existido antecedentes por problemas conductuales con funcionarios y por desempeño profesional fue trasladada en poco tiempo a otras unidades fiscales y luego fue desafectada de la unidad en la que realizaba tareas, sin un sumario previo.
Esta medida asumida por la fiscala Arias fue en respuesta a las denuncias presentadas por funcionarios del Ministerio Público que se encontraban a su cargo.
Sus entonces funcionarios se quejaron de ella por supuestos malos tratos y persecución. Incluso en otra oportunidad se manifestaron frente a la sede fiscal de San Estanislao e impidieron el ingreso de Arias al lugar, con el apoyo de los sindicatos del gremio.
Primera denuncia
Esta denuncia de la fiscala Irma Arias contra funcionarios de su propia institución, se constituye en la primera de ese tipo, al menos en el ámbito de la función pública ya que por lo general esta clase de hechos se hacen llegar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) desde en entidades privadas, principalmente. Sin embargo, para lo que sucede en entes públicos, no existe un lugar al cual acudir, según fuentes a las que consultamos.
Además, por resolución Nº 388/19 del MTESS se crea la oficina de atención y prevención de la violencia laboral y se establece el procedimiento de actuación ante los casos de Mobbing y acoso sexual.
En este órgano la violencia laboral se define como: “toda acción ejercida sobre el/la trabajador/a de manera directa mediante actos. comentarios. proposiciones o conductas con connotación sexual o no, mobbing o acoso sexual. no consentidas por la víctima ejercidas por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía”.
En este caso se evidencian muchas irregularidades en las actuaciones, pues las autoridades del Ministerio Público, ante las denuncias de los funcionarios, debieron abrir un sumario para investigar al funcionario, para que este a su vez pueda ejercer su defensa.
Sin embargo, jurídicamente la agente fiscal no tuvo espacio para ejercer su defensa. Además, radicó varias denuncias con relación a lo que padecía, pero ni así fue escuchada.
“Irma Arias fue víctima de mobbing por parte de los funcionarios de la fiscalía, quienes tuvieron apoyo de los sindicatos”, manifestó la fuente.
Además, ante lo ocurrido en San Estanislao, la fiscala envió escribanos a dos funcionarios que declararon en contra suya y, en presencia los notarios, se rectificaron y pidieron disculpas.
La fiscala Arias, de acuerdo con los hechos descriptos en su denuncia, fue coaccionada por los funcionarios, que se constituyen en pequeños grupos que tienen poder, por estar respaldados por autoridades de la institución y que ante su presión, la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, terminó cediendo. La fiscala sufrió coacción, según la denuncia.
“Trasladarla sin ningún sumario, eso es ceder ante la presión y de esa forma no se observa en la autoridad ese liderazgo que debe demostrar”, indicó la fuente.
En este tipo de hechos, debería actuarse como ante cualquier situación en la función pública: recibir la denuncia y según el nivel de gravedad, llevar a cabo un sumario y escuchar a las partes para tomar una decisión.
Definitivamente esta denuncia sienta precedentes, al ser la primera en efectuarse, debido a que no hay canales a través de los cuales se puedan realizar.
Imputación a una asistente fiscal originó todo
El 13 de marzo de 2019, Ismael Cubilla Dacosta acusó dos impactos de bala que fueron disparadas por un sicario, quien supuestamente fue contratado por la pareja de la víctima, Leticia Magdalena Alfonso Villalba. El sicario, presuntamente, recibió la suma de G. 10 millones por sus servicios. La mujer se desempeñaba como asistente fiscal de la fiscala Sandra Ledesma.
Leticia Alfonso fue imputada posteriormente por homicidio doloso en grado de tentativa, por la fiscala Arias. La agente también formuló imputación contra Elvira Ramona Villalba y Ruth Natalia Alfonso Villalba madre y hermana de Leticia, respectivamente, por el mismo hecho punible, pero en calidad de cómplices.
Según los antecedentes, el ataque se registró cuando Ismael y Leticia salían de la casa de la madre de esta última. La mujer volvió a la casa de su mamá porque supuestamente olvidó su celular ínterin en que el hombre resultó herido.
ariel.espinoza@abc.com.py