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La crisis que se desató con la renuncia del presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira, quien denunció que le quisieron hacer firmar un acta bilateral referido a la venta de energía de la central binacional de Itaipú que iba a generar un pérdida de unos 300 millones de dólares al Paraguay, hizo que el Ministerio Público designe a los fiscales Marcelo Pecci, Sussy Riquelme y Liliana Alcaraz para que investiguen lo ocurrido.
Paralelamente a esto, se presentaron dos denuncias en sede fiscal. La primera fue la del abogado Tadeo Ávalos y la segunda fue del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); y en ambas se pedía que se investiguen los supuestos hechos punibles de traición a la Patria y lesión de confianza contra el ahora excanciller Luis Alberto Castiglioni; el expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez; el exembajador paraguayo ante Brasil Hugo Saguier Caballero y el ahora exdirector paraguayo de Itaipú José Alderete.
Si bien se conformó el equipo de investigadores para llevar adelante las pesquisas, a más de una semana de los hechos poco o nada es lo que se avanzó.
El mismo ingeniero Pedro Ferreira denunció que los fiscales están retardando todo y dando tiempo a los implicados en el acta entreguista para borrar evidencias.
Ferreira dice que la clave de todo está en los mensajes que contienen los teléfonos celulares de quienes participaron en las negociaciones del acta; sin embargo, no se incautaron los aparatos de los que estuvieron involucrados en el caso.
Es más, el mismo ingeniero quien fue el primero en ser llamado a declarar, dejó su celular a disposición de la fiscalía para que se haga un análisis de sus mensajes.
José “Joselo” Rodríguez, presunto abogado y asesor del vicepresidente de la República, se burló de los fiscales al ser llamado a declarar y presentar un teléfono celular que no fue el que se utilizó para las negociaciones; el que sí contenía los mensajes incriminatorios le robaron, alegó. Pero eso no quedó solo ahí, “Joselo” tenía un tercer celular cuya existencia ocultó a los agentes del Ministerio Público. Es más, el mismo Marcelo Pecci admitió no tener conocimiento del tercer aparato.
De esta manera, quien es sindicado como el negociador principal (“Joselo” Rodríguez) fue llamado a una declaración testifical y no a una indagatoria.
Todo apunta a que no existen elementos para poder comprobar que hubo lesión de confianza, ya que el hecho en sí no se consumó y por el lado de la traición a la patria, los sucesos no configurarían tal situación.
El excanciller Luis Alberto Castiglioni deslindó responsabilidades en el caso y dijo que todo corrió por cuenta del exembajador paraguayo ante Brasil Hugo Saguier Caballero. Estas dos figuras son claves para las pesquisas, pero hasta el momento ni se los llamó a declarar. Tampoco a José Alberto Alderete, quien era director de Itaipú.
La fiscalía está yendo por las ramas, como dando tiempo a que se pierdan datos importantes y nunca se llegue a esclarecer el caso.
Todo hace suponer que no habrá imputado alguno, ya que no calzan las figuras penales para ninguno de los implicados.
Mientras tanto en el ámbito político el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez tratan de ganar días, a fin de aplacar un eventual juicio político.
Ayer, el mandatario declaró ante los fiscales de esta causa en Mburuvicha Róga. Su vice, Hugo Velázquez, lo hará esta semana..
La labor del Ministerio Público es pobre, cuando en otros casos tienen una mano dura, sin tener elementos probatorios reparten imputaciones y piden prisión para todos. En este hecho van con una “calma” que llama la atención.
Hecho anecdótico
La declaración del ministro de Hacienda, Benigno López, marcó solo un hecho anecdótico en esta investigación. Los fiscales debían haber apurado la declaración del excanciller Luis Castiglioni, el exdirector de Itaipú José Alberto Alderete o el exembajador Hugo Saguier Caballero, para tener más clara la película, pero hasta el momento ni se menciona la intención de citarlos. Hay muchos celulares que la fiscalía ya debía haber incautado para ser sometidos a pericia, pero nada se hizo.
Pieza clave
La aparición de José Rodríguez en este caso es una pieza clave, ya que se acercó a las negociaciones como el asesor del vicepresidente Hugo Velázquez y así fue ganando poder para torcer el acuerdo. Sin embargo, el joven se presenta a declarar, oculta información y a nadie le llama la atención. Es más, Velázquez justificó que una persona invocó su nombre para negociar un millonario acuerdo al señalar que solo es un joven que cometió un “error”.
Pecci niega estar enfriando el caso
El fiscal Marcelo Pecci, quien es el que más habla sobre la marcha de las investigaciones, negó en forma tajante que el caso esté siendo “enfriado”. Dijo que lo que quieren es armar toda la historia y poder entender lo ocurrido.
Sin embargo, con el tiempo que van perdiendo se van borrando las evidencias de lo ocurrido y los responsables del acta entreguista ganan tiempo para no ser eventualmente imputados.
También el agente fiscal negó que no tengan elementos para imputar a los posibles responsables. Refirió que sí hay indicios para poder llegar a los responsables, pero que están yendo paso a paso, para no cometer equivocaciones.
Mientras estos pasos se dan en forma cada vez más lenta, el caso pasa a segundo plano y no hay resultados.
Sobre su grado de amistad con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, Pecci dijo que conocía al mismo de la época en que el político era fiscal, pero que no le une amistad alguna con él.
Las versiones señalan que Velázquez, como fue fiscal, estaría presionando a su excolegas para no ser incriminado en la investigación del acta entreguista.
La fiscala adjunta Lourdes Samaniego, esposa de Velázquez, presentó el viernes un pedido extraordinario de permiso por un mes, sin goce de sueldo, para que no se especule que estaría ayudando a su marido en las investigaciones del Ministerio Público.
El pedido fue aceptado y de momento Samaniego está fuera de la estructura del Ministerio Público, pero es sabido que Velázquez tiene muchos contactos dentro de la institución y no sería descabellado pensar que está presionando.
Hasta el momento solo el ingeniero Pedro Ferreira, el ministro Benigno López y José Rodríguez declararon. Se pidió cruce de llamadas de algunos celulares, pero al parecer la mayor parte de las evidencias ya no existirían.