Se oponen a aumento tarifario en la provisión de agua potable

Vecinos de Carmen del Paraná, Itapúa, se oponen al aumento de la tarifa del servicio de agua potable resuelto por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) a pedido de la Junta de Saneamiento Ambiental local. El reajuste no se justifica debido a que la potabilización y la distribución del líquido son cubiertas económicamente por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), según sostienen.

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CARMEN DEL PARANÁ, Dpto. de Itapúa (Juan Augusto Roa, corresponsa). El aumento de la tarifa entraría a regir a partir del mes de febrero, pero no se sabe en qué porcentaje afectará al servicio. Se especula que los actuales G. 20.000 mensuales que paga cada usuario en promedio treparía hasta G. 60.000, de acuerdo a lo señalado por Alfredo Alonso y Pablo Bordón, dos de los usuarios.

Explicaron que el sistema que brinda agua potable es financiado por la EBY como parte de los resarcimientos a esta comunidad, por lo que un aumento en el precio del servicio no se puede justificar, especificó Alonso.

El vecino adelantó que están preparando una manifestación para la primera semana de febrero.

Según los datos que poseen los vecinos, la Junta de Saneamiento Ambiental recauda unos G. 300 millones al mes, entre aporte de la Yacyretá y el cobro por los servicios. De esto, el costo operativo sería de unos G. 70 millones y los pobladores se preguntan dónde va a parar el resto del dinero.

Por lo pronto, acudieron a la Junta Municipal y el presidente de la comisión permanente de este órgano legislativo, Máximo Gómez (ANR), remitió una nota a los responsables de la Junta de Saneamiento pidiendo que no se aplique la suba tarifaria. La aguatera es presidida por Miguel Luchin.

Por su parte, el docente jubilado Pablo Bordón denunció que el servicio se maneja como un botín político. Explicó que las autoridades de la Junta de Saneamiento responden políticamente a la familia Gneiting, un clan que monopoliza el poder en la comunidad.

El intendente Germán Gneiting (ANR) es también miembro de la Junta de Saneamiento en calidad de síndico y el hermano de este, Luis, es gobernador de Itapúa. Además, la planta de toma de agua está ubicada en un predio que pertenece a la fundación “Germán y Elsa Wilke”, administrada por la familia Gneiting.

Casi todos los miembros de la comisión directiva de la Junta de Saneamiento son funcionarios de la planta de tratamiento y sus salarios provienen de la EBY.

Hace 30 años que la aguatera es maneja por el clan Gneiting directamente o indirectamente a través de operadores políticos.

“No tenemos nada que ocultar”

El presidente de la Junta de Saneamiento Ambiental, Miguel Luchin, restó seriedad a las denuncias y dijo que hay mucho desconocimiento y hasta mala fe detrás de ellas.

Explicó que la Entidad Binacional Yacyretá aporta mensualmente la suma de G. 100 millones y cerca del 45% de este monto se destina al pago por consumo de energía eléctrica y el salarios de los personales.

Indicó que solo se recaudan alrededor de G. 28 millones mensuales por el cobro de la tarifa que deben pagar los abonados. Están conectados unos 1.200 usuarios, según detalló.

Cuentan con salarios de la EBY unos 20 personales, pero los gastos por los insumos y el mantenimiento de la planta corre por cuenta de la administración de la Junta de Saneamiento, especificó.

Respecto al incremento de la tarifa sostuvo que de los G. 20.000 mensuales que se cobra en promedio ahora subirá a solo G. 25.000. Dijo que esto obedece a que la propia Erssan solicitó un ajuste de precios.

Recalcó que la tarifa es muy baja comparada a lo que se paga en otras ciudades. “Nosotros tenemos esta tarifa gracias al aporte de Yacyretá”, señaló.

La planta de tratamiento potabiliza unos 2,2 millones de litros de agua por día, dispone de un tanque elevado para la distribución con capacidad para 600.000 litros y se llega al 100 por ciento de la población. A esto se suma que el servicio de alcantarillado sanitario es prácticamente gratis, pues solo se cobra G. 10.000 y la conexión no tiene costo, expresó Luchin.

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