A nivel local, se estima que para alcanzar un nivel de crecimiento en infraestructura óptimo se requiere una inversión anual de US$ 21.000 millones durante varios años; cuando todo el Presupuesto General de un año (con salarios incluidos) es de US$ 14.000 millones, aproximadamente.
Fiscalización
Los proyectos que se someten a licitación por vía APP, en general, requieren una gran inversión que el Estado no está en condiciones de asumir solo, de ahí que recurra al sector privado.
A su vez, las empresas privadas, sean nacionales o extranjeras, recurren a los bancos para contraer los créditos que les permitan participar en las licitaciones y si son adjudicadas, financiar las obras.
Ahí aparece la figura del banco como un fiscalizador más efectivo y hasta agresivo si se quiere, de la ejecución de los contratos APP.
Proyectos
Además del ensanche de las rutas II y VII. actualmente en licitación, se pretende someter a licitación vía APP también la ampliación del aeropuerto y la hidrovía.
Distribución
Otra de las supuestas “bondades” de la ley de APP es que distribuye la carga de las obras públicas entre varias generaciones que serán beneficiadas.