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En marzo de 2019, intentando apaliar tímidamente el proceso de desaceleración, el Gobierno anunció un paquete de US$ 900 millones para el financiamiento de una serie de obras públicas. Sin embargo, la débil gestión y capacidad de implementación de los ministerios correspondientes atrasaron la celeridad con el cual se desembolsaron los fondos destinados a inversión pública. Esta semana, el gobierno anunció que se ampliará el paquete de estímulo fiscal y los sectores receptores.
El plan de reactivación económica, que aún está sujeto a una serie de normativas para su implementación como decretos y resoluciones, contempla una inyección de recursos de alrededor de US$ 1.500 millones para el financiamiento de proyectos de infraestructura, asistencia social y económica. Específicamente se destinarán US$ 1.175 millones para obras públicas, US$ 114,5 millones en concepto de asistencia social y US$ 254 millones para apoyo a la producción, el comercio y el empleo. De acuerdo a las autoridades, con este plan se crearán alrededor de 50.000 empleos y se beneficiará a 157.000 familias.
Gran parte de estas acciones ya están contempladas en el Presupuesto General de la Nación 2019, pero otras, que aún no fueron especificadas por las autoridades, requerirían una ampliación presupuestaria.
Los diferentes proyectos y programas del paquete de estímulos presentan grandes desafíos, como los plazos e identificación de beneficiarios, por lo que muchos de ellos no podrán ser implementados de forma inmediata, sino a mediano e incluso a largo plazo.
A continuación se clasifican los planes de acuerdo a los posibles tiempos de aplicación.
Planes de corto plazo
Entre las acciones que podrían ser ejecutadas en pocos días, pero con varios desafíos, figura el Plan de Ayuda y Protección Social y el Apoyo a la producción y comercio. Éstos representan el 24%, alrededor de US$ 370 millones, de todos los recursos de inyección previstos.
El paquete de asistencia micro contempla la entrega del bono campesino consistente en insumos y un bono productivo a más de 40.000 familias del campo, apoyo financiero para la compra de 3.000 viviendas para los sectores más vulnerables, bono alimentario por 3 meses a más de 30.000 familias afectadas por las inundaciones. Además de la entrega de leche fortificada a 124.000 niños y mujeres embarazadas en situación de pobreza.
La otra parte del plan incluye la transferencia adicional a favor de 157.000 familias del Programa Tekoporã, así como medidas financieras excepcionales a través del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) consistente en la renovación de préstamos para las personas afectadas por las inundaciones y el aumento de disponibilidad de productos financieros. Se estima beneficiar a aproximadamente 9.700 productores del país.
Conforme al plan de reactivación también se tiene previsto una inyección de US$ 254 millones para nuevos créditos con lo que se busca financiar al sector productivo, agropecuario, viviendas, y MIPYMES. Los recursos serán canalizados a través de las entidades financieras públicas como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el CAH y el Fondo Ganadero (FG).
Las acciones que también podrían ser implementadas en la brevedad son las vinculadas a disposiciones legales emanadas de las propias instituciones, como las medidas transitorias para refinanciar créditos productivos mediante resolución del Banco Central del Paraguay (BCP). También, una revisión de la política de seguros agrícolas, así como la reducción por 6 meses de aranceles a la importación de bienes de capital (maquinarias y equipos) y las medidas de apoyo al comercio fronterizo, como el aumento permanente del cupo de compras en frontera, que pasaría de US$ 300 a US$ 500 (aéreo) y de US$ 150 a US$ 300 (terrestre).
Planes de mediano y largo plazo
El grueso del plan de reactivación económica se centra en los proyectos de infraestructura, que, en su mayoría, ya se encuentran dentro del Presupuesto aprobado para 2019. De acuerdo a lo previsto y anunciado por el Gobierno, se destinarían alrededor de US$ 1.175 millones (76% de los recursos totales).
El paquete de aceleración de las inversiones prevé la ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7, así como la habilitación y mantenimiento de la ruta 9. También contempla acelerar la ejecución del bioceánico y la firma del contrato de la Costanera Sur, además de la construcción y mejoramiento de alcantarillados, rutas y caminos vecinales y más proyectos que estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Otros proyectos que figuran son la licitación del Puente Internacional Carmelo Peralta, y el mejoramiento del sistema de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. Asimismo, se contemplan inversiones en tecnología y formación docente, además de la reparación de 822 escuelas.
El plan de reactivación incluye el apoyo para el acceso a vivienda de poblaciones vulnerables y de clase media, inversiones departamentales y municipales, así como el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de unidades de salud de la familia y hospitales, construcción de sistemas de agua y saneamiento, entre otras obras de infraestructura.
Existen otras medidas que persiguen acompañar y apoyar la producción y el comercio, pero cuya implementación no podrá ser posible en el corto plazo, debido a que se precisan de acuerdos bilaterales con el sector privado, principalmente en la habilitación de tiendas libres de impuestos en la frontera terrestre y el programa de empleo con contrato de aprendizaje con una remuneración del 60% del salario mínimo.
- Desafíos y perspectivas
El plan contra cíclico presentado por el Gobierno enfrenta varios desafíos, específicamente los paquetes de asistencia que van dirigidos a un determinado grupo. Esto genera dudas respecto a la operatividad, debido a que no se cuenta con las especificaciones ni identificaciones de los potenciales beneficiarios y cuyo proceso de selección tampoco se realizará en el corto plazo. Además, las interrogantes se acrecientan en torno a las garantías de que los recursos sean distribuidos para aquellas personas que realmente lo necesitan. En este sentido, la buena gestión y el control de las instituciones encargadas serán clave, al menos si se quieren tener los resultados esperados de apoyo económico a grupos vulnerables.
Con respecto al importante paquete de obras de infraestructura, su implementación podría darse en el mediano y largo plazo, debido a que los procesos de llamado a licitación, adjudicación y ejecución de planes son realizados por etapas, que implican tiempo. La prioridad debería ser obras civiles como por ejemplo empedrados y puentes, por su impacto en el empleo a corto plazo. De hecho, la intensidad de mano de obra empleada para este tipo de actividades es importante frente a las obras de mayor envergadura que requieren de más maquinarias que trabajadores.
En cuanto al sector productivo, se precisan de mecanismos más acabados para amortiguar el impacto provocado por la caída en la producción y menores precios internacionales de los principales productos de exportación. Un plan de medidas financieras excepcionales como el refinanciamiento, sujeto a no bajar la calificación crediticia del deudor dentro del sistema, que garantice el acceso a nuevos créditos, y que a su vez permitiría a los productores financiar la próxima campaña 2019/2020 que comienza en setiembre.
Muchos productores que habían recurrido en el 2015 a la figura de la refinanciación deben pagar este año la cuota que corresponde. Sin embargo, el complicado escenario está retrasando el cumplimiento, por lo que diferir la cuota, sujeto al pago de los intereses y sin bajar la calificación, podría ser una alternativa que les daría la holgura financiera para enfrentar la nueva campaña y no liquidar maquinarias y tierras en un escenario de desaceleración económica.
En principio, el sector necesita alrededor de US$ 250 millones para financiar la inminente campaña agrícola, por lo cual los bancos públicos como el BNF, AFD y otros son piezas clave, aunado al Banco Central del Paraguay (BCP) como el actor clave para encaminar el plan de asistencia financiera.
Finalmente, el desarrollo y crecimiento de la economía paraguaya durante 2019 marcha a contra reloj. El trabajo coordinado entre el sector público y privado es el que definirá el cierre de este período económico, que hasta hoy se muestra debilitado, pero que aún podría recuperarse antes de que termine el año.
El plan de reactivación económica, que aún está sujeto a una serie de normativas para su implementación como decretos y resoluciones, contempla una inyección de recursos de alrededor de US$ 1.500 millones para el financiamiento de proyectos de infraestructura, asistencia social y económica.
Los diferentes proyectos y programas del paquete de estímulos presentan grandes desafíos, como los plazos e identificación de beneficiarios, por lo que muchos de ellos no podrán ser implementados de forma inmediata, sino a mediano e incluso a largo plazo.
El paquete de asistencia micro contempla la entrega del bono campesino (en insumos) y un bono productivo a más de 40.000 familias del campo, apoyo para la compra de 3.000 viviendas para los sectores más vulnerables, y bono alimentario por 3 meses a más de 30.000 familias afectadas por las inundaciones.
Debilidad
El trabajo coordinado entre el sector público y el privado es el que definirá el cierre de este período económico, que hasta hoy se muestra debilitado.
En obras
El grueso del plan de reactivación económica se centra en proyectos de infraestructura, que en su mayoría ya se encuentran dentro del Presupuesto 2019.
Créditos
Las acciones podrían incluir las vinculadas a disposiciones legales, como algunas medidas transitorias para refinanciar créditos del sector productivo.
Educación
Asimismo, el Gobierno contempla en el plan económico inversiones en tecnología y en formación docente, además de la reparación de 822 escuelas.
Comercio
Hay otras medidas, de apoyo al comercio y la producción, pero cuya implementación no será a corto plazo, pues se precisan acuerdos con el sector privado.