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La resolución supone el cese de la transferencia de recursos del Estado para subsidiar a los consumidores de las eléctricas Edenor y Edesur, que suponían importantes ahorros para los vecinos de la capital argentina y su cinturón metropolitano, la zona más poblada del país.
Con ello, se autoriza a las concesionarias a realizar ajustes en los cuadros tarifarios que implicarán, en total, incrementos en los recibos de hasta un 300%, según estimaciones de los medios locales.
La normativa contempla también una tarifa social, que se aplicará a usuarios que cumplan requisitos como ser jubilado, empleado cuya remuneración bruta sea menor o igual a dos salarios mínimos (unos 866 dólares), ser titular de programas sociales o estar percibiendo retribución por desempleo.
Las facturas pasarán a emitirse mensualmente en lugar de cada dos meses a fin de que los usuarios “puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar”, detalló la Presidencia argentina en un comunicado.
El Ministerio de Energía y Minería también establecerá un sistema de premios al ahorro de energía eléctrica que podría reducir los importes finales a aquellos que consuman menos energía.
Según el gobierno de Mauricio Macri, la normativa aplicada por el anterior Ejecutivo “implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios”.
“Este régimen alteró criterios de justicia distributiva en la asignación de los recursos públicos favoreciendo a los usuarios de las distribuidoras que actúan bajo jurisdicción federal en desmedro de los habitantes del resto del país”, subraya el texto.
Tampoco favorecía “la correcta orientación de los comportamientos de las distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes, unida a una deficiente planificación en el ámbito de la distribución”, puntualizó la cartera que encabeza Juan José Aranguren.
Ello agravó “inconvenientes derivados de una falta de renovación de redes e insuficiente expansión de las mismas para acompañar el incremento de la demanda propio del crecimiento vegetativo y de los cambios de hábitos”, prosigue la resolución.
“Tales circunstancias han derivado en un progresivo decrecimiento en la calidad del servicio público de distribución” y hacen “necesario” aplicar un nuevo régimen de precios, apunta el texto.
Prohibición de repartir dividendos
Por otro lado, Argentina dijo el jueves que las dos mayores empresas distribuidoras de electricidad del país, Edenor y Edesur, no podrán repartir dividendos, una medida que apunta a que inviertan sus ganancias para mejorar su servicio tras el alza de tarifas que impulsa el Gobierno, informó Reuters desde Buenos Aires.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, no aclara el plazo de la prohibición. Se “prohibió a Edenor y a Edesur distribuir dividendos (...) a efectos de asegurar el uso de los ingresos en el servicio público a su cargo”, señaló la resolución, firmada por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Edenor y Edesur abastecen de electricidad a la capital del país y al cordón urbano que la rodea, y son las distribuidoras con más clientes a nivel nacional. En el marco del ajuste de tarifas que regirá a partir del 1 de febrero, la resolución insta al Ente Nacional de la Regulación de la Energía (ENRE) a fijar el nuevo cuadro de precios para los usuarios y ordena a las empresas a que facturen mensualmente. “Se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de Edenor y Edesur a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación”, dijo la resolución publicada en el Boletín Oficial. Buenos Aires y sus alrededores son las zonas que reciben mayores subsidios al consumo eléctrico. En la víspera, Argentina anunció los incrementos en los precios mayoristas de la electricidad. El Gobierno de centroderecha del presidente Mauricio Macri, que asumió el poder en diciembre, dio de baja al programa de uso racional de la energía eléctrica (PUREE), aduciendo que “no obtuvo los efectos perseguidos en su instrumentación”.
Las tarifas de los servicios públicos en el país sudamericano se mantenían prácticamente congeladas desde hace más de una década, en un intento por bajar presiones inflacionarias.