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Combatir la pobreza es uno de los temas prioritarios del nuevo gobierno. El eje de esta lucha, según el anuncio realizado por el presidente Mario Abdo Benítez, será mediante el empleo con una fuerte apuesta al crecimiento inclusivo, considerando que se espera que Paraguay siga con su expansión económica en los próximos años, de alrededor del 4%. Este mismo porcentaje ha sido el promedio de los últimos años, basado en el buen comportamiento del sector agrícola y el crecimiento de otros como el de comercio y servicios.
Los fríos números revelan que desde el 2007 hasta el 2017, es decir, en una década, se ha logrado reducir la pobreza en el país, pasando del 45,3% de la población total en esa situación a 26,4% en 2017, aunque la mayor parte del progreso se observó solamente en el primer quinquenio.
En los últimos años del gobierno saliente, los datos muestran que prácticamente la cantidad de personas en situación de pobreza y pobreza extrema se estancó, registrándose solo leves caídas en algunos años, pero que no terminó por ajustarse al compromiso de combate asumido ni los beneficios de los buenos años de la economía lograron alcanzar a este grupo vulnerable de la población.
Ante todo esto, el Gobierno tendrá el desafío de diseñar políticas que no solo permitan la inclusión de la clase menos favorecida al circuito laboral, sino generar el incentivo para la inversión, la diversificación y la integración comercial a favor del sector privado, condiciones que contribuirían a una mayor apuesta de expansión por parte de estos en el país.
Sistema educativo y de salud
El compromiso para los próximos años es el de convertir a la educación en “causa nacional”; para ello, según el anuncio realizado por el nuevo gobierno, se apuntará a la mayor capacitación no solo de maestros, sino de los propios alumnos, además de políticas de incorporación escolar y reducción de la tasa de deserción.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuenta con los recursos para realizar importantes transformaciones; sin embargo, la calidad del gasto sigue siendo una deficiencia en la administración pública. Muestra de esto es que el gasto público en Paraguay en educación con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra por encima del promedio en la región y los números sin embargo no reflejan la importante inversión.
Las tasas preocupantes que experimenta el sector educativo no requieren siempre de una actuación a nivel nacional, sino que exigen más bien una intervención focalizada en función de las problemáticas de cada zona.
A modo de ejemplo, si las tasas de abandono entre la Educación Escolar Básica (EEB) y la Educación Media (EM) deben ser disminuidas en todo el país, en la tasa bruta de escolarización debe ser prioritariamente intervenida en una franja central Norte-Sur, al centro de la región Oriental.
Para tomar un último ejemplo, el aumento de la cantidad de profesores no es necesario en el sureste de la región Oriental, sino en el resto del país, pero preferentemente en la misma diagonal norte-sur al centro de la región Oriental, por la mayor cantidad de matriculados que presenta.
La dispersión de la población y de las instituciones educativas en las zonas rurales trae consigo importantes dificultades: estas áreas presentan los niveles más preocupantes en la mayoría de los indicadores analizados.
En cuanto al sistema de salud, es otro tema que debe ser atendido de manera urgente. El plan de acción del Gobierno será el de empujar una reforma que permita la implementación de un sistema único de salud con acceso y cobertura universal.
Sin embargo, en este último punto debería prestarse especial atención, debido a que responder a la demanda sanitaria es bastante complejo.
Sostenibilidad en el sistema sanitario
El Estado debe tener la capacidad de generar recursos que permitan la sostenibilidad de un programa tan ambicioso como lo planteado por el entrante gobierno.
Hechos recientes como la decisión tomada en el gobierno de Fernando Lugo (2008 – 2012), del acceso universal a la salud y que consistió, entre otras cosas, en eliminar el cobro de aranceles en hospitales públicos, terminó por impactar en los recursos del Estado, generando el arrastre de una millonaria deuda con empresas proveedoras de medicamentos; por consiguiente, la carencia, en algún momento de insumos en los centros asistenciales.
Los servicios de salud son esenciales para aumentar la calidad de vida de la población. En Paraguay, la distribución de los servicios de salud aún obedece a una lógica muy centralizada.
De este modo, una gran parte de la población debe recorrer distancias muy largas en función de la complejidad de su caso, para recibir el servicio de salud esperado.
En este sentido, la política de la Atención Primaria a la Salud (APS) fue exitosa por el servicio de proximidad que brindaba. A su vez, estos establecimientos de proximidad dependían de los establecimientos “estructurantes” (hospitales distritales, espaciales o regionales) para derivar a sus pacientes. Sin embargo, estos últimos presentan, a menudo, importantes carencias en la calidad de sus servicios, lo que no permitió aplicar una red integrada de servicios de salud, como pretendía hacerlo el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Por otra parte, no solo los locales de salud aparecen mal distribuidos a nivel nacional, sino que la calidad de los servicios prestados difiere sensiblemente, incluso entre establecimientos de mismo rango y de misma naturaleza.
En un primer momento, aparece indispensable cubrir estratégicamente el territorio nacional con establecimientos “estructurantes” que brinden un servicio de calidad: los desplazamientos a la capital del país son intensos y contribuyen a colapsar los establecimientos y sus servicios.
Política tributaria y entidades binacionales
Llevar adelante la serie de planes diseñados para los próximos años se convierte en otro gran desafío para este gobierno, que debe buscar una estrategia que le permita reducir la brecha existente entre “los recursos limitados y las necesidades crecientes e ilimitadas”.
El aumento de impuestos no está entre las acciones de esta administración para generar más recursos, al menos en el corto y mediano plazo.
Conforme al anuncio oficial, la política tributaria se enfocará en ampliar la base de contribuyentes, disminuyendo la inequidad en el pago de impuestos y profundizando la formalización de la economía. Además, apostará por la tecnología con el objetivo de una mayor eficiencia y transparencia en el proceso impositivo del país.
Solo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que representa el 50% del total de los ingresos tributarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), se estima que existe una evasión del 40%, que en números se traduce a unos US$ 600 millones, según un estudio realizado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
La falta de ingresos a las arcas viene cortando las posibilidades del Estado de realizar mayores apuestas a programas y proyectos, sin dejar de considerar siempre la mala calidad del gasto que ha sido un problema en administraciones pasadas y que esta deberá de revertir.
En este sentido, se vuelve más que necesario sanear las cuentas fiscales, buscando el equilibrio fiscal.
Antes del 2012, las finanzas gozaban de una condición superavitaria, es decir, los ingresos no solo permitían responder a los compromisos del Estado, sino que generaban ahorros. Sin embargo, desde el 2012 cuando se aprobó un aumento salarial del 38% y hasta la fecha, se viene arrastrando un déficit fiscal, que si bien se ha mantenido en aparente línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) de un techo de desequilibrio del 1,5% del PIB, el saldo rojo debe ser revertido de tal manera a ir rompiendo con la dependencia de alrededor del 90% de financiar los proyectos de infraestructura con endeudamiento. Esta situación ha permitido la liberación de recursos para la ampliación de los programas sociales como Tekoporã y Adultos Mayores, pero, ¿cuán sostenible es esta práctica?
Aunque en los últimos cinco años haya existido una reducción y contención del gasto salarial, pasando de 82 guaraníes que se destinaban a remuneraciones del personal a 69 por cada 100 guaraníes de ingresos tributarios, esta relación sigue siendo alta, dejando poco margen para inversiones con recursos propios.
A una eventual mejora en los ingresos públicos, producto de una reforzada política tributaria, podrían sumarse otros recursos adicionales como los provenientes de las dos entidades binacionales, Itaipú y Yacyretá. Esto dependerá exclusivamente de la capacidad negociadora del Gobierno, es decir, de la obtención de mejores condiciones de pago por el uso, la distribución y hasta comercialización de la energía, por justo derecho, a favor de Paraguay.
Y al hablar de calidad del gasto, se remarca la pronta implementación de políticas que permitan mejorarla, teniendo en cuenta que si existiera un incremento de los ingresos, el esfuerzo no serviría, ya que los recursos continuarían siendo mal enfocados; por consiguiente, el impacto no reflejaría las acciones y políticas implementadas.
Respeto a la institucionalidad
Finalmente, otro tema que el nuevo gobierno se comprometió a atender es lo referente a la debilidad institucionalidad, un tema clave para la imagen país y un punto siempre cuestionado por las principales agencias calificadoras de riesgo.
De acuerdo a lo previsto por esta administración, el enfoque será el de buscar instituciones más fuertes, con poderes autónomos, independientes y sin intromisiones, además del respecto a las normas vigentes.
En la actualidad, la agencia S&P Global Ratings califica a Paraguay con BB Estable y Fitch Ratings con “BB” perspectiva positiva, lo que ubica al país en el grado especulativo, un escenario de posible incumplimiento de sus compromisos, capacidad moderada con riesgo a medio plazo.
En tanto que Moody’s califica a Paraguay en Ba1 Estable, a un peldaño del “grado de inversión” dentro de sus esquemas de calificación.
Desde hace unos años, nuestro país tiene la posibilidad de lograr el tan anhelado “grado de inversión” con el cual el gobierno paraguayo accedería a créditos soberanos en condiciones cada vez mejores, en términos de tasas de interés y plazo. Además, un progreso en la calificación del riesgo país impacta de forma positiva en el sector privado porque mejora las condiciones de crédito para inversiones de extranjeros, quienes incorporan la calificación del riesgo país en sus estructuras de costos de inversión y una mejora reduce estos costos.
Hechos demostraron debilidad
Sin embargo, han ocurrido hechos que solo evidenciaron la debilidad institucional e inseguridad jurídica existente en el país como el incumplimiento de normativas, que si bien fueron subsanados con otras leyes como lo ocurrido con la Ley de Responsabilidad Fiscal, marcan un precedente; además de acciones y decisiones contradictorias del Poder Judicial y hasta el intento de un presidente de la República de buscar una reelección, como fue lo acontecido con el presidente saliente Horacio Cartes Jara, por encima de lo que establece la propia Constitución Nacional.
En este punto, el desafío del nuevo gobierno será el de establecer acciones que contribuyan a revertir los cuestionamientos y que permitirán pulir la imagen del país, con el objetivo de estar más cerca de obtener el “grado de inversión” para la atracción de inversiones, que se traduciría en la generación de empleos e inyectaría mucho más dinamismo al crecimiento y desarrollo de la economía nacional con un capital humano obligado a tener las condiciones para acompañar el proceso.
Solo con el paso del tiempo se tendrá la certeza sobre el cumplimiento o no de los anuncios realizados por el nuevo gobierno, que en sus inicios propicia expectativas en los agentes económicos.
* Se desagregan los ejes prioritarios de los próximos cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, quien en su primer discurso como presidente de la República del Paraguay remarcó los temas de su agenda como la necesidad de realizar reformas en materia social, económica e institucional.
* La economía de Estado requiere de una serie de reformas como la implementación de una política tributaria que aumente los niveles de ingresos, apostando por el saneamiento de la estructura impositiva del país, así como por fortalecimiento de instituciones.
* Convertir la educación en “causa nacional”, empujar reformas para un sistema único de salud con acceso y cobertura universal, así como la erradicación de la pobreza mediante el trabajo, fueron algunas de las ideas centrales del discurso de asunción al mando del entrante mandatario.