Aunque el número de cotizantes también se duplicaría hasta alcanzar aproximadamente 1.860.000 en ese mismo periodo, el crecimiento no sería suficiente para equilibrar la relación entre aportantes y jubilados, refiere el informe preliminar del Estudio de Cálculo Actuarial del Instituto de Previsión Social (IPS) 2024-2100.
El mismo expone una serie de desafíos estructurales y financieros que amenazan la sostenibilidad del sistema jubilatorio paraguayo y plantea la necesidad de implementar un conjunto de reformas más allá de la inclusión de trabajadores informales al esquema formal.
Es de recordar que el sistema jubilatorio del IPS se estructura bajo un modelo de capitalización colectiva con beneficios definidos en el cual los aportes de trabajadores, empleadores y del Estado se concentran en un fondo común destinado a financiar jubilaciones y pensiones. A diferencia del esquema de capitalización individual, este modelo distribuye los recursos para cubrir las obligaciones actuales y destina los excedentes a inversiones a través del fondo de reserva, que históricamente aportó rentabilidad al sistema.
El régimen se considera de beneficio definido porque el trabajador conoce de antemano el monto aproximado que recibirá al jubilarse. Existen tres tipos de jubilaciones: la ordinaria, que exige 60 años de edad y 25 años de aporte; la anticipada, con 55 años y 30 años de aporte (80% del salario de referencia), y la proporcional, con 65 años y 15 años de aporte (60% del salario de referencia). El único cambio reciente se refiere al periodo de cálculo del haber jubilatorio, que se amplía gradualmente a los últimos 120 meses de contribución.
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No obstante, las proyecciones financieras del informe actuarial revelan un panorama complejo. Con una rentabilidad promedio del 2%, las reservas del IPS se agotarían hacia 2047, unos 22 años después de la fecha base del estudio. En 2021 se proyectaba que el equilibrio entre ingresos y egresos se mantendría hasta 2038, pero la pandemia aceleró el déficit corriente, tal como ya se referenciaba. Entre los factores que explican el deterioro financiero destacan tres variables principales, de acuerdo con el estudio actuarial:
1. El beneficio adicional anual (BAA), equivalente a un mes extra de jubilación sin fuente de financiamiento propia, cuyo costo creció más de 140% entre 2019 y 2025.
2. La inflación, que en 2021 y 2022 superó la meta del Banco Central del Paraguay y elevó los gastos jubilatorios de US$ 9,8 millones a US$ 35 millones.
3. El aumento del haber mínimo jubilatorio que, si bien mejoró los ingresos de los beneficiarios, duplicó los costos previsionales en dos años.
Potencial de formalización de trabajadores por cuenta propia y su impacto en el sistema previsional
Como se ha expuesto, el IPS enfrenta un desafío estructural que exige una reforma integral: mejorar la formalización laboral, establecer fuentes de financiamiento sostenible y limitar el uso del fondo de reserva para mantener la viabilidad del sistema a largo plazo.
En Paraguay, más de 1.100.000 personas trabajan por cuenta propia de manera informal, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además de las profundas reformas, el segmento representa uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad y expansión de la cobertura del sistema previsional, ya que la ausencia de aportes implica una menor base contributiva para el Instituto de Previsión Social y un eventual peso significativo para el fisco por el aumento que significaría el gasto de las pensiones no contributivas.
Sin embargo, una parte del universo de trabajadores informales podría incorporarse al sistema si se avanzara hacia un proceso de formalización gradual. De acuerdo con la simulación realizada con base en la información disponible, 173.136 trabajadores habían declarado percibir ingresos equivalentes al salario mínimo legal (para el caso se asume el vigente en 2025, fijado en G. 2.899.048). Así, este grupo representa el potencial inmediato de nuevos cotizantes en caso de integrarse al régimen formal.
Bajo el esquema actual de contribución obrero-patronal del 25,5%, establecido por la legis- lación en vigor, el aporte mensual ascendería a G. 739.257, cifra que incluye, tanto la parte del empleado como la del empleador. Si los 173.136 trabajadores en situación informal realizaran sus aportes, el sistema recibiría de manera mensual alrededor de G. 127.992 millones, lo que equivaldría a G. 1,53 billones al año. Convertido al tipo de cambio actual de G. 7.098 por dólar, este monto representaría aproximadamente US$ 216 millones anuales de recursos para la previsional.
El escenario planteado se sustenta además en el marco normativo vigente. El artículo 20 del Decreto-Ley Nº 1860/50, que modifica el Decreto-Ley Nº 18.071 de creación del Instituto de Previsión Social, establece que ninguna cotización podrá ser inferior al salario o sueldo mínimo legalmente fijado, aún cuando se trate de aprendices o trabajadores que no perciban salario en dinero. Asimismo, dispone que los descuentos realizados por los empleadores a los asegurados no podrán superar el seis por ciento del salario, debiendo asumir la empresa la diferencia necesaria para completar la cotización mínima.
La aplicación de esta disposición refuerza el principio de equidad contributiva: todos los trabajadores en relación de dependencia deben aportar sobre una base mínima común. En ese sentido, la formalización de los trabajadores por cuenta propia, que en la actualidad operan fuera del sistema, no solo ampliaría la base de financiamiento del IPS, sino que también contribuiría, en parte, al fortalecimiento de la sostenibilidad del fondo jubilatorio en el largo plazo.
Lo anterior, aunado al rediseño que combine ajustes paramétricos y una administración más eficiente de las reservas. Solo mediante una reforma integral se podrá garantizar la sostenibilidad del sistema y la protección de las próximas generaciones de jubilados.
Más de 1.100.000
En Paraguay, más de 1.100.000 personas trabajan por cuenta propia de manera informal, de acuerdo a los datos más recientes del INE.
Reforma integral
Solo mediante una reforma integral se podrá garantizar la sostenibilidad del sistema y la protección de las próximas generaciones de jubilados.
