Uno de los efectos más inmediatos y complejos de un dólar a la baja en el sector seguro se presenta “a favor” en los costos de la siniestralidad, especialmente en aquellos ramos que dependen de componentes importados como ser repuestos de automóviles o maquinarias, donde generalmente constituyen el mayor egreso en un siniestro y como tal le obliga a la concesionaria a bajar sus costos de venta. Al cotizarse el costo final del repuesto, importado en dólares y pagarse con primas en guaraníes, si la moneda local se ha fortalecido (lo que implica un dólar más débil en términos relativos), el impacto inmediato es que el costo del siniestro en la moneda local podría abaratarse. No obstante, en líneas como automóviles y maquinarias (por repuestos y accesorios), la dependencia de insumos extranjeros genera una sensibilidad directa a la cotización, lo que puede favorecer su adquisición, y sin necesidad de ajustar las primas en el mediano plazo.
Otro factor de afectación está en la cartera de inversión. La mayoría de las aseguradoras mantienen una parte significativa de sus reservas técnicas e inversiones en activos denominados en dólares o vinculados a su cotización, buscando protegerse de la inflación y las fluctuaciones cambiarias. Un dólar a la baja tiene un impacto directo en la valoración de estas carteras de inversión. La disminución del valor de la divisa estadounidense implica una pérdida de valor contable de estos activos al ser convertidos a la moneda local en los balances financieros de la aseguradora. Si bien esta situación puede mermar la rentabilidad financiera en el corto plazo y afectar los índices de solvencia, también impulsa a las aseguradoras a diversificar sus inversiones hacia activos en moneda local que ofrezcan rendimientos reales o hacia otras divisas más estables o con potencial de apreciación. Además, la necesidad de mantener el equilibrio entre activos y pasivos en las diferentes monedas se vuelve crucial, especialmente para las aseguradoras con alta exposición a riesgos catastróficos o de gran magnitud que suelen estar asegurados con capitales en dólares americanos.
La fluctuación del dólar también influye “a favor”, en la demanda de ciertos productos de seguros. Un dólar a la baja puede, paradójicamente, hacer que las pólizas en dólares resulten más accesibles en términos de apetito en su contratación, como por ejemplo en los seguros de vida de corto y mediano plazo. Ahora bien, respecto al reaseguro internacional, la debilidad del dólar favorece la deuda con el reasegurador, en términos contables, pues las primas de reaseguro son generalmente en moneda estadounidenses, no obstante, a la hora de transferir siniestros es probable que los reaseguradores utilicen un tipo de cambio que no es precisamente el que se emplea a nivel local.
Por todo ello, al gestionar o controlar, la afectación de un dólar a la baja, el sector asegurador recurre a diversas estrategias de mitigación. La gestión activa del riesgo cambiario se vuelve esencial y es uno de los componentes de riesgo en el futuro sistema de control del llamado Solvencia II. En el ámbito técnico, cabe la implementación de estrategias de comunicación, como que la “fuerza comercial” vuelque la contratación solamente en moneda local, donde las primas se contraten en guaraníes y los siniestros se paguen en la misma moneda. A su vez, una política prudente de diversificación de inversiones, equilibrando ambas monedas, es decir, las deudas en dólares equiparar con las disponibilidades también en dólares, amortiguando así, el impacto de la devaluación en los resultados financieros.
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En resumen, si bien la caída del dólar presenta desafíos directos sobre la rentabilidad financiera y la gestión de costos de siniestros, su principal efecto es obligar al sector asegurador a optimizar su gestión de riesgos y a fomentar una mayor sofisticación en el manejo de sus carteras para garantizar la solvencia y la estabilidad operativa en un entorno macroeconómico volátil.
Redefinir estrategias
Comportamiento del dólar a la baja se traduce en desafíos, pero también en oportunidades, obligando a redefinir estrategias de gestión de riesgos.
(*) Abogado