De acuerdo con cálculos del BID, se estima que es necesario destinar, en promedio, un 2,4% del PIB anual exclusivamente a los sectores de infraestructura (transporte, energía y otras actividades económicas) para alcanzar los niveles deseados.
Sin embargo, y de acuerdo con datos del organismo internacional, el promedio actual de inversión en estos rubros se encuentra muy por debajo de dicha meta. En el último quinquenio disponible, la inversión pública en infraestructura en América Latina y el Caribe alcanzó el 1,3% del producto interno bruto (PIB) e incluso cayó a 1,1% en los años recientes. La situación revela una tendencia preocupante de retroceso en el compromiso regional con el desarrollo de infraestructura básica, especialmente después de 2017, cuando la inversión comenzó a disminuir de manera sostenida.
Las estadísticas también muestran con claridad que el nivel actual de inversión no solo es insuficiente, sino que implica una brecha de aproximadamente 1 punto porcentual del PIB que debe ser cubierto para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que cubran las necesidades de inversión y alcanzar la meta para el 2030.
Esto plantea un dilema para las autoridades fiscales de los países de la región: encontrar espacio presupuestario para aumentar la inversión sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Panorama y perspectivas en Paraguay
El país enfrenta uno de los mayores desafíos de América Latina en materia de infraestructura pública. Conforme con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Paraguay deberá realizar un esfuerzo adicional equivalente al 3,1% del producto interno bruto (PIB) cada año hasta 2030 para alcanzar el nivel de inversión promedio necesario que le permita cerrar su brecha de infraestructura. Actualmente, el país destina el 0,2% del PIB a sectores como transporte, energía y agua, muy por debajo del 3,4% anual requerido.
Este nivel de rezago posiciona a Paraguay como el tercer país de la región que más deberá intensificar su inversión en infraestructura, solo superado por Nicaragua (4,4%) y Honduras (3,9%). En contraste, economías como Chile, Panamá y Uruguay presentan brechas significativamente menores, con diferencias inferiores al 1% del PIB. Mientras tanto, el promedio regional de América Latina y el Caribe se ubica en 1%, lo que evidencia que Paraguay no solo está por debajo de sus necesidades internas, sino también del estándar regional.
Al observar la evolución histórica, en los últimos 20 años el Paraguay mantuvo niveles de inversión en infraestructura pública persistentemente bajos. Esta tendencia prolongada ha dejado una deuda estructural que ahora se traduce en un desafío urgente: triplicar el ritmo de inversión en menos de una década. La estimación del BID excluye incluso el gasto en mantenimiento, por lo que el esfuerzo requerido se refiere exclusivamente a nuevas obras y reemplazo de activos, una señal clara de la magnitud del rezago acumulado.
En tanto, datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan una tendencia creciente de la inversión pública total hasta 2020, año en el que se alcanzó el pico de 3,6% del PIB, en parte impulsado por el esfuerzo contracíclico durante la pandemia. Sin embargo, desde entonces se evidencia una desaceleración. La inversión se mantuvo en 2,9% entre 2019 y 2022, pero cayó a 2,6% en 2023 y se redujo drásticamente a 1,9% en 2024, el nivel más bajo desde 2015.
En un contexto de restricciones fiscales y presión por mejorar los servicios públicos, el Paraguay deberá encontrar mecanismos innovadores de financiamiento para afrontar esta brecha. Alternativas como las Alianzas Público-Privadas (APP) o los contratos de obra llave en mano aparecen como instrumentos centrales para dinamizar la inversión sin comprometer, ciertamente, el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, su implementación exige marcos regulatorios sólidos, instituciones técnicas con capacidad de ejecución y transparencia en la gestión de los recursos.
El impacto de no cerrar esta brecha puede sentirse en múltiples frentes. La falta de infraestructura adecuada encarece el transporte de mercancías, reduce la productividad, limita la conectividad de zonas rurales y frena el potencial de crecimiento económico. Además, debilita la competitividad del país frente a socios regionales y genera desigualdades en el acceso a servicios básicos. En contraste, avanzar hacia la meta del 3,4% del PIB en inversión permitiría a Paraguay modernizar sus rutas, mejorar la logística, ampliar la cobertura energética y reforzar su resiliencia frente a fenómenos climáticos.
Los próximos años serán determinantes. Alcanzar este nivel de inversión requerirá decisiones políticas firmes, coordinación entre el sector público y privado y una visión de desarrollo que priorice la infraestructura como motor de crecimiento. El desafío no solo es cuantitativo, sino también cualitativo: invertir más y, al mismo tiempo, invertir mejor.
Y a modo de remarcar en términos generales, la infraestructura es un pilar fundamental para el crecimiento económico, la productividad y la integración regional. Un bajo nivel de inversión en este ámbito compromete la competitividad, retrasa el desarrollo de servicios públicos y limita la capacidad de respuesta ante desafíos climáticos. Revertir esta tendencia exige voluntad política, eficiencia en la ejecución del gasto y, en muchos casos, una revisión profunda del modelo de financiamiento público en América Latina.
0,2%
Actualmente, el Paraguay destina el 0,2% del PIB a sectores como transporte, energía y agua, muy por debajo del 3,4% anual requerido.
Rezago
Nivel de rezago nos ubica como el tercer país de la región que más deberá invertir en infraestructura, solo superado por Nicaragua (4,4%) y Honduras (3,9%).
Bajo
La inversión se mantuvo en 2,9% entre 2019 y 2022, pero cayó a 2,6% en 2023 y se redujo drásticamente a 1,9% en 2024, el nivel más bajo desde 2015.
Frena
Impacto de no cerrar esta brecha puede sentirse en múltiples frentes y frena el potencial de crecimiento económico de un país.
