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La reciente promulgación de la Ley Nº 7452, conocida como de Asociación Público-Privada (APP), define una serie de sectores estratégicos donde se busca incentivar la inversión mediante esquemas de participación de los sectores. Entre ellos se incluyen:
1. Hidrovías, dragado y mantenimiento de la navegabilidad de ríos y lagos.
2. Aeropuertos y terminales de transporte.
3. Construcción y mantenimiento de rutas y autopistas nacionales.
4. Líneas ferroviarias y sistemas de transporte público.
5. Infraestructura para la provisión de agua potable y saneamiento.
6. Generación y comercialización de energía eléctrica.
7. Desarrollo de infraestructura social como hospitales y centros educativos.
8. Penitenciarías y equipamiento urbano.
9. Producción de cemento, hidrocarburos y telecomunicaciones.
Esta diversidad de sectores contemplados en la normativa refleja un enfoque integral para impulsar el desarrollo del país, atendiendo necesidades claves en infraestructura y servicios públicos esenciales.
Un marco para la inversión en infraestructura
El principal objetivo de la ley es generar un entorno más propicio para la inversión en infraestructura pública, con un énfasis en la participación público-privada. La legislación establece un conjunto de medidas para facilitar el financiamiento, la planificación y la ejecución de proyectos, asegurando un equilibrio entre la inversión privada y el interés público.
Uno de los pilares fundamentales es la creación de un registro público de proyectos de participación público-privada bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este registro garantiza transparencia en la gestión y ejecución de proyectos, además el Estado se compromete a proporcionar un entorno de seguridad jurídica y regulatoria que incentive la participación de inversionistas nacionales e internacionales.
La normativa también introduce un esquema de control financiero para evitar compromisos excesivos del Estado en estos proyectos. Se establece que el monto acumulado de pagos firmes (obligaciones de desembolso a los participantes privados establecidas en los contratos) y contingentes cuantificables (incluyen garantías otorgadas por la administración contratante para mejorar la relación riesgo-retorno de los proyectos y otros pasivos eventuales) no podrá superar el 4% del producto interno bruto (PIB) del año anterior, mientras que el monto asumido anualmente en pagos firmes y contingentes no podrá exceder el 0,8% del PIB.
A modo de asegurar la estabilidad fiscal, cualquier aumento en estos límites deberá contar con la aprobación del Equipo Económico Nacional (EEN), reforzando el compromiso con una gestión prudente del gasto público.
Fondo fiduciario de garantía y liquidez
Para respaldar las obligaciones financieras derivadas de los contratos de participación público-privada, la ley establece la creación de un Fondo Fiduciario de Garantía y Liquidez, administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Este fondo servirá como una herramienta para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de los compromisos estatales en los proyectos de infraestructura.
El fondo deberá mantener un mínimo del 10% de los pasivos contingentes acumulados y el 100% de los pasivos firmes de los próximos doce meses. Se consigna que los recursos provendrán de:
-Aportes de los participantes privados;
-Superávits de proyectos de participación público-privada;
-Aportes de otras entidades;
-Rentabilidad obtenida por la administración del fondo y, multas aplicadas a los participantes privados por incumplimiento de contratos.
Este mecanismo busca garantizar la confianza de los inversionistas al proporcionar una estructura de respaldo financiero sólido, minimizando el riesgo de incumplimientos por parte del estado.
Otro aspecto clave de la normativa es la posibilidad de que los participantes privados estructuren sus esquemas de financiamiento mediante garantías especiales, fideicomisos y otros mecanismos reconocidos en los mercados financieros nacionales e internacionales.
Esto permite a los inversionistas contar con mayor certeza en la viabilidad financiera de los proyectos y facilita el acceso a financiamiento a tasas competitivas.
En caso de incumplimiento del participante privado, la ley contempla procedimientos que otorgan a los acreedores el derecho de ejecutar las garantías o solicitar la toma de control del proyecto con el objetivo de corregir la situación y evitar la resolución anticipada del contrato.
En caso de incumplimiento grave y persistente, la administración contratante podrá proceder a la terminación unilateral del contrato, protegiendo así los intereses del Estado y la continuidad de los proyectos.
Si bien la Ley Nº 7452 ofrece un marco normativo robusto para la promoción de la inversión en infraestructura, su éxito dependerá en gran medida de la correcta implementación de sus disposiciones. Aunada a la transparencia en la adjudicación de proyectos, el cumplimiento de los límites fiscales y la administración eficiente del fondo fiduciario que serán aspectos claves para evitar sobreendeudamientos y garantizar el impacto positivo de la inversión privada en el desarrollo nacional.
Asimismo, la confianza del sector privado será determinante en la efectividad de la normativa. Para ello, el Gobierno deberá mantener un diálogo constante con los inversionistas y garantizar la seguridad jurídica de los contratos, evitando cambios normativos abruptos que puedan afectar la estabilidad de los proyectos.
Control
La normativa también introduce un esquema de control financiero para evitar los compromisos excesivos del Estado en estos proyectos.
Sólido
Se busca garantizar la confianza de inversionistas al brindar estructura de respaldo financiero sólido y minimizar riesgos de incumplimientos.
