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Además de una caída del ingreso recaudado y de las contribuciones sociales (0,4% del PIB). Se mencionaba que la recaudación del IVA supuestamente se vio afectada por un aumento del contrabando de bienes de consumo esenciales, procedentes principalmente de Argentina (-0,2% del PIB), en tanto que la recaudación del impuesto a la renta empresarial, que se calcula sobre las entradas del ejercicio anterior, sufrió un impacto peor de lo esperado como consecuencia de la sequía del año pasado (-0,1% del PIB).
A todo el escenario descripto se sumó que el nuevo gobierno decidió saldar los compromisos pendientes (1,1% del PIB) ante los proveedores de los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) tras convalidarlas. Los pagos, en aquel momento, se contabilizarían como gastos del ejercicio en curso y se financiarían con empréstitos. Para ese año se proyectó un déficit de 4,1% frente a la meta original de 2,3% del PIB, y una deuda pública en torno a 40% del PIB que fueron alcanzadas. Es de mencionar que los compromisos afectaron la trayectoria de la consolidación fiscal.
La proyección tributaria de 2024 es más cautelosa debido especialmente al efecto que tiene en la base la caída de la recaudación en 2023. Estos tres factores explican en gran medida un déficit fiscal de 2,6% del PIB (en lugar de 1,5%) en 2024, seguido de una meta de déficit de 1,9% del PIB en 2025. La convergencia con el tope del déficit de 1,5% del PIB de acuerdo con la regla fiscal se lograría para 2026, y no 2024 como se había planificado originalmente.
El personal técnico respalda la orientación cautelosa de la política fiscal y la continua convergencia hacia el tope del déficit, sobre la base del carácter favorable del entorno económico en general. Sin embargo, a falta de significativas medidas relativas a los ingresos, que también se hacen necesarias a razón de las importantes deficiencias de la infraestructura y servicios sociales, la consolidación fiscal requerirá una compresión gradual del gasto en inversión pública. Aunque esto se verá facilitado por la finalización de grandes proyectos de construcción vial, las autoridades también tienen previsto profundizar la dependencia de proyectos financiados por el sector privado —por ejemplo, mediante asociaciones público-privadas—, sin perder de vista los posibles riesgos financieros concomitantes. En ese sentido, un fortalecimiento mayor del sistema de gestión financiera pública (GFP) será decisivo.
La reducción aún más pronunciada del déficit primario acumulado implica que la orientación de la política fiscal es suficientemente restrictiva, incluso si el tope fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) se alcanza recién en 2026. La trayectoria fiscal revisada también coincide con el objetivo de mantener un nivel de deuda sostenible. Los distintos escenarios no detectan graves problemas, y los índices de riesgo, tanto a corto como a mediano plazo, dan señales de escaso riesgo. Los módulos de evaluación a largo plazo revelan riesgos moderados a causa de factores demográficos (pensiones y salud) y de los costos de las medidas de adaptación y mitigación climática.
Sigue siendo importante para Paraguay reponer sus reservas fiscales, también mediante la aplicación de reformas estructurales de larga data. El restablecimiento de la regla de déficit fiscal en 2026 es, con acierto, la principal prioridad del Gobierno. La mejora de la eficiencia del sector público es también parte fundamental de una estrategia fiscal sostenible. Será imperativo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones de los funcionarios públicos.
Mejorar la supervisión y la gobernanza de las empresas públicas también reduciría los riesgos fiscales. Racionalizar los programas de asistencia social mediante una mejor focalización y aumento de eficiencia también debe ser un objetivo que contribuiría a un crecimiento más inclusivo. La adopción de medidas decisivas para luchar contra la corrupción y limitar los riesgos reputacionales constituiría un gran avance en la mejora del clima de inversión.
Implicancias y escenario actual
Es importante remarcar que para el FMI el ajuste fiscal se lograría mediante una reducción del gasto en inversión (con la finalización de grandes proyectos de construcción de carreteras) que podría ser amortiguada por ingresos no tributarios adicionales provenientes de Itaipú y una mejora en la recaudación de impuestos, la que ha aumentado fuertemente en los primeros meses de 2024. De hecho, desde la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) hasta el cierre de junio se recaudaron US$ 631,5 millones adicionales. En cuanto a la binacional, Paraguay contará con unos US$ 650 millones de manera anual por los próximos tres años.
En ese sentido, el economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, había mencionado que la diferencia de los déficits de los tres años siguientes con respecto al 1,5% del límite establecido en la LRF resulta en alrededor de 4,1% o aproximadamente de US$ 2.000 millones cuyo monto es similar a lo que se espera de recursos adicionales por parte de la Itaipú. Ello permitiría, si se alinea la política económica con la del Gobierno, el financiamiento del rubro de inversión física, componente principal de aplicación de recortes dentro del presupuesto de las finanzas públicas. Es de recordar que el Estado contempla un llamado a licitación por US$ 500 millones para los próximos años. Sin embargo, este paquete se distribuirá a lo largo de varios ejercicios y no compensará el considerable impacto negativo que ha tenido el freno de las inversiones públicas en el sector de la construcción.
“Tenemos una situación bastante mixta dentro de la economía. Con algunos sectores en recuperación, pero hay otros bastante golpeados como la construcción, la ganadería. Al sumarle la merma del contrabando en términos de ingresos y bienestar, la situación tiene un impacto importante sobre todo en el componente de la canasta familiar de ciertos grupos de habitantes, de menos recursos porque son lo que destinan un mayor volumen a alimentos. Si bien el impacto que tenemos se vincula a políticas públicas de otro país, es importante tener en cuenta que Paraguay necesita una dinámica contra cíclica. A pesar de estar creciendo a nivel macro, sin embargo, la concentración del crecimiento en muy pocos sectores hace que haya mucha gente que necesite, de alguna manera, generar una actividad económica. De hecho, muchas personas han sufrido durante la pandemia, se han endeudado, sumado al impacto de la inflación, que no han permitido una recuperación”.
Ferreira agregó que “el acuerdo de Itaipú le salvó la administración a Peña”. Ello, al considerar que el Gobierno está de acuerdo con el Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP), pero sin los recursos extraordinarios, el cumplimiento del programa hubiera estado cargado de mucha presión. “El ajuste fiscal iba a ser duro sobre todo para los sectores de menores recursos. Con este dinero bien usado desde el Gobierno tienen la oportunidad de generar bienestar en la población, hoy afectada de manera importante por las condiciones adversas mencionadas anteriormente”, puntualizó finalmente el economista.
Avance
La adopción de medidas decisivas para luchar contra la corrupción y limitar los riesgos reputacionales constituiría un gran avance en la mejora del clima de inversión.
