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Entre las incidencias se destaca que favorece tanto la productividad como la competitividad en los mercados internacionales, y con ello, el crecimiento y el desarrollo económico y social.
Además, las inversiones en obras de infraestructura contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos (salud, educación, esparcimiento), reduce los costos asociados a la movilidad y a la logística, mejora, asimismo, el acceso a los diversos mercados (de bienes y servicios, de trabajo y financieros), otorgando un entorno propicio para incrementar el bienestar general.
Por su parte, el Banco Mundial (BM) hace, igualmente, referencia a importantes externalidades. A decir, un aumento en el nivel de infraestructura de 1% incrementa, temporalmente, el crecimiento del Producto Interno Bruto, entre 1% y 2% (Calderón y Serven, 2014).
En cuanto a la inequidad, se experimenta una disminución, producto del aumento de la infraestructura pública, debido a que amplía las oportunidades de producción y trabajo, valorizando bienes y propiedades y mejorando los prospectos de ingresos.
En el aspecto social, la infraestructura facilita el acceso a servicios de educación y salud, valorizando el capital humano y ampliando el potencial de trabajo y calidad de vida. De esta forma, la infraestructura se vuelve una herramienta valiosa para la reducción de pobreza (Calderón y Serven, 2014).
Al analizar los múltiples estudios realizados en torno a la brecha de infraestructura, entendida como la diferencia entre la inversión realizada en materia de infraestructura (efectivo) y las que necesita un país (potencial), existe coincidencia acerca de que es mayor en naciones de menor desarrollo económico, como las de América Latina.
Un reciente cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) da cuenta de que hasta 2030 América Latina y el Caribe necesita invertir US$ 2.220.736 millones en los sectores de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones para expandir y mantener la infraestructura necesaria para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De ese total, un 59% deberá destinarse a inversiones para infraestructura nueva y un 41% a inversiones de mantenimiento y reposición de activos que llegan al final de su vida útil.
De esta manera y en términos del esfuerzo de inversión relativo al tamaño de la economía, se necesitará invertir en infraestructura por lo menos un 3,12% del Producto Interno Bruto (PIB) regional cada año hasta 2030.
En tanto que desde el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) refieren que, para cerrar el déficit de infraestructura en la región, los países deben aumentar sus inversiones hasta 3 puntos porcentuales con relación al Producto Interno Bruto.
Para el organismo, las inversiones en infraestructura se vienen realizando a un ritmo muy lento de US$ 28.500 millones de manera anual, cuando la necesidad es de US$ 100.000 millones para alcanzar el promedio mundial en el año 2040.
El aumento de la inversión en infraestructura permitiría acelerar el crecimiento económico de la región, por lo que recomienda un aumento, en promedio, entre el 3,5% y 7% de la inversión pública, señala otro informe del BID.
¿Cuál es la brecha existente en Paraguay? ¿Qué mecanismos de financiamiento se encuentran vigentes? ¿Cuáles son las perspectivas de la infraestructura en el país?
En esta edición se analiza estos y otros puntos.