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La mayoría de los proyectos fueron emprendidos tras un gran endeudamiento al país -la deuda externa al cierre del año pasado fue de US$ 16.565 millones- y hoy el principal cuestionamiento es que se siguen ejecutando infraestructuras de dudosa calidad o se derrocharon recursos públicos en proyectos que no sirven, como lo fue el fracasado metrobús.
Justamente, la deficiencia de las costosas obras que ejecutó el MOPC nuevamente quedó en evidencia tras las últimas lluvias registradas. En la zona del puente Héroes del Chaco hubo inundaciones, en la costanera norte aumentaron la cantidad de baches, las paredes de los túneles de Semidei y del “superviaducto” ya tienen grietas y se llenaron de agua afectando al tránsito. Asimismo, la recientemente ampliada ruta PY03, entre Mariano Roque Alonso-Limpio, igualmente quedó bajo agua.
Las infraestructuras de mala calidad afectan a la economía nacional, porque el Estado debe seguir invirtiendo en reparar los trabajos chapuceros, en vez de desarrollar más rutas, escuelas u hospitales que estas construcciones puedan estar al servicio de la ciudadanía. Además, el mantenimiento de las mismas tiene enormes sobrecostos, porque se deben corregir las fallas registradas desde el principio, ya sean por corrupción, negligencia o deficiente fiscalización.
El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, señaló que la ineficiencia en la concreción de los proyectos se traslada a todo el sistema económico. “Es llamativo el rápido deterioro. Algún especialista nos podría indicar si es algo normal y hay que hacer reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos o si se deben a deficiencias de diseño, construcción o ambos. De cualquier manera, una infraestructura de mala calidad y en mal estado genera costos adicionales a los usuarios en términos de mayores costos de mantenimiento y de tiempos de viaje. Además, se traslada a una ineficiencia del sistema económico en su conjunto”, expresó.
También se le consultó al experto cómo se puede evitar que estas situaciones se sigan repitiendo en los gobiernos de turno y señaló que “no hay soluciones mágicas”, pero que se deben “ampliar los esquemas de concesión o Alianzas Público Privadas (APP)”, modalidad que otorga la gestión de toda la infraestructura al sector privado. “Las empresas privadas podrían mejorar sustancialmente el diseño, la construcción y el mantenimiento de las mismas y mejoraría la calidad de la infraestructura del país porque internalizarían todos los costos, en un contrato a largo plazo, eliminando los incentivos a reducir calidad para reducir costos o aumentar ganancias. Además, se podría clarificar qué parte de los costos se puede recuperar con peajes y qué parte se cubrirá con recursos tributarios”, expresó.
A su turno, el Ing. Hermam Pankow señaló que es fundamental detener los desvíos de fondos públicos, tanto en el MOPC como en los municipios. “Los políticos prefieren inaugurar obras vistosas mientras que los desagües pluviales, cruciales pero menos visibles, se descuidan. Un ejemplo es el metrobús, donde la fiscalía no imputó al contratista ni a los denunciados del BID (financista de la fallida obra), a pesar de claras irregularidades y complicidad de ambos. Además, el diseño del corredor del metrobús ha causado más problemas de drenaje de los que teníamos antes, al asfaltar calles auxiliares sin hacer desagües pluviales. Se aumentó la velocidad de los raudales y se disminuyó la absorción que tenían los empedrados de esas calles antes”, expresó.
Las obras inservibles o con fallas en poco tiempo
Justamente, la ruta PY02 entre Fernando de la Mora y San Lorenzo, donde la firma portuguesa Mota Engil ejecutó las obras del fallido metrobús, sigue en pésimas condiciones y el MOPC ni siquiera tiene un plan para mejorarla, pese a que se inunda con cada lluvia. La cartera estatal, manejada por Claudia Centurión, sigue en silencio sobre la situación de la vía. En este fracasado proyecto, el Estado invirtió unos US$ 50 millones, incluyendo las inservibles construcciones y consultorías.
Según la fiscalía, el perjuicio en esta obra fue de US$ 25 millones y por el caso están acusados el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Horacio Cartes (2013 - 2018), Ramón Jiménez Gaona, su exviceministra de Finanzas y ministra sustituta, Marta Regina Benítez Morínigo; y el encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz.
Asimismo, la conexión del nuevo Puente Héroes del Chaco con el corredor vial botánico se inunda con cada lluvia y esta situación afecta el tránsito. Los automovilistas cuestionan que no se haya previsto un desagüe adecuado en una obra que costó G. 928.062 millones (US$ 128,9 millones), tras un sobrecosto de G. 138.645 millones (US$ 19,2 millones). Esta obra se inauguró en marzo de este año, estuvo a cargo del Consorcio Unión, integrado por CDD Construcciones y la Constructora Heisecke, representado por Atilio Heisecke y César Delgado.
Asimismo, la costanera norte de Asunción, segunda etapa, ya tiene varios baches que van aumentando cada vez más en gran parte de su trayecto y también se inundó con las últimas lluvias por el taponamiento de los desagües. Dicha vía, de 11 km, se habilitó al tránsito en junio de 2018 y dentro del plan también se construyó el corredor vial botánico, que recién se dio apertura en agosto de 2021. Estos trabajos estuvieron a cargo del Consorcio D-R Costanera, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y CDD Construcciones (César Delgado) y terminó costando G. 429.602 millones tras un encarecimiento de G. 68.027 millones.
Otra de las obras que también se inundaron y que ya registra importantes grietas en sus paredes es el conocido “superviaducto” de Madame Lynch y Aviadores del Chaco. Obreros del MOPC procedieron a realizar reparaciones chapuceras y señalaron que no hay daños estructurales.
Dicha obra se inauguró en marzo de 2017, en medio de manifestaciones y la quema del Congreso para evitar el proyecto de enmienda que buscaba la reelección del entonces presidente de la República Horacio Cartes. El paso a desnivel fue construido por la empresa española Isolux Corsan (Corsan Corvian Construcción SA), representada por Juan Carlos de Goycoechea, por G. 127.343 millones, luego de un alza de G. 3.133 millones. La fiscalía “blanqueó” en su momento este caso, pese a serias denuncias de posibles sobornos para la adjudicación de dicha obra.
Asimismo, el túnel Semidei también se inundó hace poco y también registra serias grietas y fisuras en la pared del paso a desnivel, cuyos isopaneles (malla de alambres con isopor) deben ser reemplazados con urgencia. Dicha obra se inauguró en marzo de 2014 y fue ejecutada por el consorcio conformado por las empresas Tecnoedil SA y Ocho A SA (Paul Sarubbi y Luis Pettengill), por G. 32.000 millones, tras un encarecimiento de más de G. 5.500 millones.
Por último, la recientemente ampliada ruta PY03 entre Mariano Roque Alonso-Limpio, igualmente quedó bajo agua esta semana, situación que se repite con cada lluvia, según denunciaron los pobladores de la zona. Dicha obra estuvo a cargo del Consorcio D-R, integrado por las empresas CDD Construcciones y Benito Roggio e Hijos, representado por César Daniel Delgado. El precio final quedó en G. 219.566 millones, luego de un aumento de más de G. 36.500 millones para “mejorar” los drenajes.
Evidencia
Las deficiencias de las costosas obras que ejecutó el MOPC nuevamente quedaron en evidencia tras las últimas lluvias registradas.