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En la cuarta entrega del resumen de los principales temas analizados durante el año 2023 se destaca la edición en que se abordó el “Cumplimiento de convergencia fiscal y el gran desafío por alcanzar el Grado de Inversión”. En la misma se referenciaba que las Calificadoras de Riesgo (también denominadas calificadoras de valores) son instituciones independientes que dictaminan las emisiones de instrumentos representativos de deuda y a los emisores de valores. Ello, con el objetivo de establecer el grado de riesgo que dicho instrumento representa para el inversionista. Evalúan la certeza de pago oportuno del principal e intereses por parte de la emisora y constatan su existencia legal, a la vez que ponderan su situación financiera.
Tres son las agencias de rating más importantes del mundo: Moody´s Investors Service, Standard & Poor’s, y Fitch Ratings, de acuerdo con la información disponible en el portal digital del entonces Ministerio de Hacienda de Paraguay.
Además, se recordaba que la irrupción de la pandemia provocó un escenario excepcional para las economías del mundo. En la región de América Latina y el Caribe, la crisis sanitaria representó un mayor desafío, debido a su ya complicada condición social y económica para hacer frente a las nuevas demandas de ese año. De hecho, la mayoría de los países tuvo que buscar financiamiento externo, lo que, en contexto de alta incertidumbre, la calificación de riesgo fue un componente más que clave para acceder a recursos de manera rápida y bajo condiciones financieras favorables, tal como ocurrió con Paraguay.
En tal sentido, el país ha tenido importantes avances durante los últimos 15 años. Desde el inicio de las evaluaciones no ha registrado rebaja alguna y las últimas calificaciones de riesgo destacan al país con BB (Standard & Poor´s); BB+ (Fitch) con tendencia Estable y Ba1 (Moody´s) con tendencia Positiva.
En esa misma línea, Moody´s y Fitch Ratings ubican a nuestro país a un peldaño del grado de inversión, aún en el grado especulativo y con riesgos de incumplimiento a mediano plazo.
Por su parte, la calificadora Standard & Poor´s sitúa a Paraguay a dos escalones de la mencionada deseada calificación.
Desde años, las tres calificadoras de riesgo han coincidido en el principal componente que impide a Paraguay alcanzar el anhelado Grado de Inversión: su debilidad institucional, traducido a grandes desafíos en el fortalecimiento de su seguridad jurídica.
Si bien, el país avanzó en importantes reformas, incluido el acuerdo firmado en noviembre de 2022 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI por sus siglas en inglés Policy Coordination Instrument) para garantizar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento de la economía y mejorar la protección social, el comportamiento del resultado fiscal, principalmente, de los últimos cinco años, ha complicado el escenario.
La ruptura excepcional de la Ley de Responsabilidad Fiscal (establece el límite de 1,5% del Producto Interno Bruto) en 2019 debido a la crisis económica, luego en el 2020, y años siguientes a causa de la pandemia, pusieron en una situación complicada el cumplimento de la convergencia total del déficit fiscal en el año 2024.
En aquella edición se concluía que el cumplimiento del compromiso asumido y que las calificadoras de riesgo incluyen en su apreciación como un componente clave para otorgar o no el grado de inversión al país, forma parte de uno de los principales desafíos para el actual gobierno.
Resultados del Censo 2022 y evolución del mercado de carbono
Durante el año pasado habían sido socializados los resultados preliminares del 8º Censo Nacional de Población y Viviendas llevado a cabo el 9 de noviembre de 2022. En esa edición se señalaba que conforme con las conceptualizaciones de organismos internacionales, los censos son la fuente primaria más importante y amplia de información estadística. Dada su periodicidad (cada diez años) es posible comparar los cambios en el tiempo (evolución) y entre países, ya que el levantamiento censal se realiza en fechas similares en casi toda América Latina y el Caribe. Sus resultados suministran los antecedentes básicos acerca de las viviendas, los hogares y las personas, además es el único instrumento capaz de proporcionar datos para niveles geográficos menores.
Los datos compartidos del censo y que había logrado una cobertura del 94%, presentaron una gran diferencia entre la cantidad de personas estimadas previamente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las que forman parte de la población total del país. Así, el volumen de población proyectado para el año 2022 era de 7.453.695 personas y la población total preliminar del Censo arrojó una población de 6.109.644 hombres y mujeres, lo que hizo una diferencia de 1.344.051 personas.
De acuerdo con las proyecciones elaboradas por la institución, en el año 2015, el horizonte para 2025 daba una población total de 7.758.262 personas.
En línea con lo anterior, desde hace años, los indicadores sociodemográficos y económicos presentarían importantes inconsistencias, sustentados ahora en los últimos resultados del Censo Nacional de Población y Viviendas.
Las proyecciones demográficas son estimaciones de la población futura, en tamaño y estructura por edades de la población, basadas en un conjunto de hipótesis sobre el comportamiento de los tres componentes demográficos: fecundidad, mortalidad y migración. Los datos que sustentan los supuestos provienen, principalmente, de los censos de población. Al considerar lo anterior, el error en las proyecciones se encontró en las tres variables estadísticas. Aunado a ello, se utilizaron los datos del Censo 2002 como base piramidal de población para las proyecciones y no los del año 2012, debido a que este censo no contabilizó a toda la población (subestimación).
En esta edición se presentaron igualmente escenarios cruzando datos obtenidos del padrón electoral y la población en edad escolar (datos del INE), así como de la población en edad escolar (datos del Ministerio de Educación y Ciencias).
Se ha enfatizado que, a la directiva de enmendar de ahora en adelante las informaciones estadísticas, se le debería sumar, de manera urgente, la reorganización y fortalecimiento de la institución, así como la dotación de sistemas en instituciones claves que permitan el cruce de informaciones para la obtención de datos más fidedignos y sin rezagos importantes.
Regulación de créditos de carbono
Otro tema de gran relevancia durante el 2023 que fue abordado fue lo relacionado al avance de Paraguay en la regulación de los créditos de carbono. En esa entrega se mencionaba que, desde hace años, sobre todo, en los últimos, el mercado de carbono o de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero viene cobrando relevancia a escala global. De hecho, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la actividad humana está provocando un acelerado proceso de calentamiento climático global, producto de la concentración de gases de efecto invernadero, con los consecuentes impactos negativos sobre la salud de los seres humanos, su seguridad alimentaria, la actividad económica, el agua y otros recursos naturales y de infraestructura física.
En el mismo contexto, Paraguay avanza en normativas que acompañan las acciones a nivel mundial contra el cambio climático. En efecto, se señalaba que se discutía en el Congreso Nacional sobre el proyecto de ley “De los créditos de carbono”, que, de acuerdo con la propuesta, semanas después ya convertido en ley, tiene por objeto establecer un marco normativo para definir la titularidad sobre los beneficios del carbono reducido, evitado y/o capturado y la propiedad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Paraguay.
Con la ley se busca prever un mecanismo para contabilizar los créditos de carbono que fueran objeto de proyectos de mitigación y su transacción, a fin de incentivar y facilitar la participación de los sectores públicos y privados en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y en los mercados de carbono como también resguardar el cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional.
Esta edición concluía con reflexiones compartidas con el Banco Mundial, acerca de que los créditos de carbono constituyen una importante fuente de fondos para los sectores público y privado. A decir, ayudar a respaldar una recuperación económica sostenible, financiar reformas fiscales más amplias o invertir en las comunidades como parte de la transición a un futuro con bajas emisiones de carbono. Aunado al hecho, de que representa una oportunidad de diversificación para las fincas productivas del país.
