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De hecho, a casi cuarenta años desde que se iniciaron las reformas al estilo chileno, la región se encuentra de nuevo ante una situación preocupante. Se vislumbran serios problemas en el horizonte que conllevan acciones políticas desafiantes y soluciones técnicas costosas.
La creación de un órgano regulador y supervisor del sistema previsional en Paraguay sigue generando posiciones encontradas. Ante este escenario, el actual Gobierno se encuentra en proceso de socialización de la propuesta normativa y firme en la necesidad de contar con una Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones en el país.
En el mismo contexto, a finales de julio y primeros días de agosto, fue presentado al Congreso Nacional el proyecto de Ley “Por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución de la República”.
De acuerdo con la propuesta, el objetivo es garantizar el otorgamiento de las prestaciones previsionales presentes y futuras en tiempo y forma, velando por las mejores condiciones de seguridad, plazo, garantía y rendimiento de los fondos, en este orden de importancia, así como por la sustentabilidad financiera y actuarial del sistema.
En la presente edición del suplemento económico, la Consultora MF Economía e Inversiones repasa la situación y perspectivas de la Caja Fiscal, un programa que genera preocupación, al considerar el agravamiento del sistema y con implicancias importantes, desde hace años, en las finanzas públicas.
Es de mencionar que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas o Caja Fiscal no es una caja previsional, sino un programa presupuestario. Esto, partiendo de que una entidad recoge aportes y los rentabiliza en su totalidad con el objetivo de cumplir con sus obligaciones.
La Caja Fiscal está compuesta por dos sectores: el civil y que está conformado por los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, además de maestros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el no civil: por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.