El tema de la semana

En este sentido, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Auditoría Forense de dicha institución encontraron un posible perjuicio patrimonial por G. 2.173 millones en la cementera estatal, en el marco del contrato para el “Montaje mecánico, eléctrico, electrónico y civil para puesta en marcha del ventilador tiro horno III” de la fábrica de aquella empresa ubicada en Vallemí (Concepción), “inversión” hecha en el año 2021 cuando su presidente era Ernesto Benítez. Para ejecutar esa tarea fue adjudicada por G. 8.377 millones la empresa CIE SA, representada por Hugo Ángel Aranda Núñez, en diciembre de 2020. A ese monto se sumaron G. 1.002 millones más, a través de la Adenda Nº 2, por lo que el monto del contrato trepó a G. 9.379 millones. En este caso, la CGR verificó la certificación de ítems en cantidades distintas a las ejecutadas, lo cual derivó en una diferencia de G. 1.403 millones, por lo que pidió que se recuperen estos fondos desembolsados en su momento, pero la INC no lo recobró hasta la fecha. En el reporte a Fiscalía, la Contraloría enfatizó que en Adenda Nº 2 se incluyeron ítems de obras que ya se establecieron en el contrato original, en contravención al pliego de bases, lo que derivó en una diferencia en el monto del contrato ampliado, de G. 604.527.028.