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La referida entidad administra la jubilación de funcionarios de la Administración Central (administrativos, docentes, magistrados, docentes universitarios, policías y militares), que desde el 2015 tiene resultados negativos consecutivos y crecientes que, según analistas económicos, es “bomba de tiempo”. El informe correspondiente a enero señala que actualmente cuenta con 220.349 aportantes, que son los funcionarios activos de las diferentes instituciones públicas que abonan el 16% de sus ingresos para la jubilación; y 59.739 jubilados, así como 10.739 herederos o pensionados.
El Ministerio de Hacienda señala que, en enero, el aporte alcanzó G. 253.163 millones (US$ 34,3 millones) y que pagaron beneficios por G. 361.184 millones (US$ 48,9 millones), lo que deja como resultado un déficit de 108.021 millones (US$ 14,6 millones).
El saldo rojo equivale a -30% de diferencia entre el aporte y los gastos realizados en el primer mes del año, que se financia con recursos del Tesoro y con fondos de los sectores superavitarios. El déficit en enero último es superior al comparar con el mismo mes del año pasado cuando la diferencia entre aportes y pagos de jubilaciones fue del 28%, por G. 88.379 millones (US$ 12,7 millones).
En concreto, la diferencia del déficit de enero de 2023 en referencia al de enero de 2022 es de casi 23%. La Caja de Jubilaciones está conformada por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que en enero cerraron con superávit del 62%, 14% y 6%, respectivamente. Además, policías, militares y maestros registran déficit del -46%, -65% y -51%, respectivamente.