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La desocupación desde luego es un tema preocupante. El tema laboral, infelizmente, la más de las veces es analizado con apasionamiento quedando afectado por las emociones, lo que conlleva a dejar de lado los más elementales principios. Por ejemplo, se rechaza de plano la desregulación del mercado de trabajo porque se cree que serán insuficientes los salarios, que serán bajos y perjudicarán al trabajador, y de este modo resulta mejor contar con un salario mínimo que termina por ser el techo en lugar de un piso del cual partir de acuerdo a la preparación y productividad.
La realidad es que el trabajo es uno de los tres factores de producción tradicionales y es un bien que se intercambia en el mercado laboral. Este mercado está formado por la oferta laboral que constituye la cantidad de gente que quiere ser contratada y la demanda laboral por la cantidad de personas dispuestas a contratar.
El salario, entonces, es un precio por los servicios laborales que se forma de acuerdo a la oferta y la demanda como cualquier otro producto. De manera que el desempleo tendería a bajar ostensiblemente con la vigencia de un salario libre –esto es un precio libre– debido a la tendencia de la oferta y la demanda de trabajo al equilibrio. Esto significa que toda la oferta de un determinado bien como lo es el trabajo puede ser ofrecida en el mercado al precio que permita al mercado absorber dicha oferta.
Sin embargo, y como sucede en el presente, al fijarse arbitrariamente un precio mínimo obligatorio por el trabajo, lo primero que ocurre es que nadie encontrará un empleo por debajo de esa cifra del mínimo legal y es así como surge la informalidad en el sector.
Otra causa
El presente trabajo pretende exponer soluciones para crear empleos e iniciar la formalización del trabajo. El desempleo en este momento delicado de la economía nacional afecta a unas 800.000 personas a las que se suman cientos de familias que habiendo logrado acceder a la clase media ahora han vuelto a caer en la pobreza.
Esta calamitosa situación tiene respuestas para su corrección. Desde el lado fiscal hemos propuesto en este espacio algunas medidas al respecto. Pero el gobierno a la fecha ni tan siquiera quiere reconocer las virtudes de la curva de Laffer por la cual la reducción impositiva no solo incentiva el ahorro y las inversiones para puestos de trabajo, sino que también hace posible el aumento de la recaudación para el fisco.
En esta ocasión y a modo de una mejor comprensión del tema, resulta necesario tomar en cuenta que al momento de aprobarse en nuestro país la legislación laboral unos años después de la caída de dictadura, se impuso una línea de pensamiento basada en la confrontación entre empresarios y trabajadores.
La emergente dirigencia sindical de la década del 90 se adhirió férreamente a la anacrónica idea marxista y los partidos políticos no fueron la excepción.
Decían que los trabajadores son explotados por sus respectivos empleadores, las empresas, que lo único que se desea es ganar más dinero sin importarles la suerte de sus prójimos.
Informalidad y desempleo
De lo antedicho se consolidó todavía más la informalidad y el desempleo que ya venían desde antes. Los perjudicados directos a la fecha siguen siendo los jóvenes y/o aquellos sectores de escasa preparación laboral. En efecto, nuestro actual Código Laboral fue el resultado de un pensamiento político económico que en los años 90 tenía todas las de ganar. Estábamos en los primeros años luego de la caída de la dictadura y casi la totalidad de la dirigencia en el Congreso y la sindical deseaban congraciarse con ciertos sectores de la sociedad. En busca del voto, impusieron así un anacrónico modelo de legislación laboral que todavía perjudica a los más pobres y menos preparados.
Aún se cree que los trabajadores deben contar con una ley que les otorgue múltiples beneficios para protegerlos de la “insensibilidad empresarial”. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La ley laboral tal como la tenemos no ha hecho más que provocar desempleo e informalidad.
Nuestro código laboral privilegia a los trabajadores sindicalizados y a los que ya tienen trabajo perjudicando a los demás; obreros, operarios, jornaleros, que de ese modo no consiguen un puesto laboral bien remunerado en el sector formal.
Nuestro Código Laboral, por ejemplo, otorga estabilidad absoluta y la posibilidad de perpetuarse en la dirigencia sindical. Tal como se la concibió, la ley laboral es lo más parecido a una gran muralla que va aumentando en altura por sus altos beneficios a un solo sector, impidiendo que cada vez más gente pueda sortear aquella muralla. De ese modo, pocos van ingresando al mercado formal y demasiados quedan en la informalidad y sin un puesto laboral.
Ejecutivo y Congreso
Debería preocupar y ocupar al Ejecutivo como al Congreso esta situación sobre cómo hacer que los trabajadores accedan a un empleo, en particular para nuestros jóvenes para volverlos parte del sector formal. Para lograr este cometido no hay otro camino que terminar de una vez por todas con el pensamiento confrontacionista por el cual se cree que existe una rivalidad perpetua entre los intereses de los trabajadores y de los empresarios.
Esta idea por supuesto subsiste. Resulta muy emotiva y sobre todo muy vendible políticamente hablando. Los intereses de trabajadores y empresarios no son antagónicos, en realidad se complementan mutuamente. El portentoso desarrollo que se ha visto en los últimos doscientos cincuenta años prueba que los factores de producción, el capital y el trabajo, se coordinan en un mercado libre beneficiando a las partes actuantes.
La tendencia de esta relación capital-trabajo ha sido positiva, además de haberse convertido en uno de los fundamentos del desarrollo en la historia de la humanidad. Las condiciones de vida de los trabajadores han mejorado notablemente desde el advenimiento de la economía de mercado de base capitalista al punto que donde aumentan las ganancias empresariales también se incrementan los salarios de los trabajadores.
Beneficios de la competencia
La competencia entre empresas beneficia a empleadores y trabajadores. Un trabajador productivo, de confianza y capacitado tiende a contar con mejores condiciones de trabajo en su lugar de trabajo. Son bien vistos por sus empleadores y a las demás empresas les gustaría contar con ese trabajador.
Para ello solo un mercado libre donde prevalecen los acuerdos voluntarios entre las partes hace posible que tanto el empleador como el trabajador logren propósitos. Los salarios deben pautarse libremente sin coerción alguna, tomando en cuenta la productividad, el talento y la capacitación del recurso humano.
El pago del salario mínimo exigido por la fuerza de la legislación provoca aumento en el costo de contratación de aquellas personas que no tienen la suficiente preparación o son inexpertas en las tareas a las que pretenden acceder, llevándolas lamentablemente hacia el desempleo y al desamparo sin cobertura de salud.
El salario mínimo compulsivo, además, constituye un componente de otros costos que se suman para que los menos preparados y los más jóvenes sin experiencia no encuentren trabajo. El valor real para acceder a un puesto laboral basado en el salario mínimo “legal” requiere que también se sumen los beneficios sociales obligatorios a los que se ven obligados los empleadores a pagar para contratar al empleado. La creciente marginalidad e inseguridad requieren ser considerados: se requiere para su tratamiento el libre mercado que finalmente beneficia a todos.
800.000
El desempleo en este momento delicado de la economía afecta a unas 800.000 personas a las que se suman aquellas que volvieron a caer en la pobreza.
Perjuicio
Los perjudicados directos hasta la fecha siguen siendo los jóvenes y/o aquellos sectores de escasa preparación laboral.
(*) Catedrático de materias jurídicas y en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.