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La normativa cuenta con 161 artículos y precisa los casos de conflicto de intereses y los casos en que funcionarios y privados tienen prohibición de participar en las licitaciones. Asimismo, dedica uno de los artículos al establecimiento de un Programa Anual de Contratación Pública para el fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), a las que estarán reservadas licitaciones de menor cuantía aplicables a contrataciones de bienes y servicios inferiores a 5.000 jornales mínimos (G. 440.255.000).
El proyecto aprobado también establece los casos en que las compras pueden ser anuladas así como las sanciones a empresas que incumplan con los compromisos del contrato. Igualmente dispone los casos en que las contrataciones serán exclusivamente nacionales y en qué ocasiones serán internacionales.
Por otro lado, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, dijo estar conforme con la ley de “Suministros y Contrataciones Públicas” sancionada, y que es una iniciativa del Poder Ejecutivo. La propuesta hace meses que estaba en el Parlamento y tuvo amplio debate al tener varias “vueltas” en ambas cámaras. Actualmente el proyecto aprobado pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Este documento será el que reemplazará la normativa vigente sobre compras del sector oficial y regirá a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y de acuerdo a proyecciones de diferentes organismos, incluso algunos internacionales, habían alertado de que se constituiría en una importante herramienta de ahorro para el estado paraguayo.