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El Ministerio de Hacienda avanza en el proceso de definición de los números del proyecto de presupuesto 2023, principalmente en lo que respecta a los servicios personales, que incluyen el pago de salarios y beneficios al personal público. Solo el aumento salarial que será otorgado a los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el reajuste por la variación del sueldo mínimo para otros sectores tendrá un impacto en las finanzas públicas de US$ 131,6 millones.
El acuerdo logrado el miércoles último con los gremios de docentes representa un costo adicional de US$ 80 millones, incluye el aumento del 16% que se pagará en dos etapas: 8% en marzo y 8% en julio. También incluye un incremento de hasta el 16% para los demás cargos de la categoría L, el reajuste al salario básico profesional docente a la categoría ZZ2 y ZZ3 del 8% a implementarse en dos etapas: 4% desde marzo y 4% desde julio; y fondos para el escalafón docente.
Reajuste del 11,4% para policías y militares
Se suma a esto el paquete de reajuste salarial por la variación del sueldo mínimo en un 11,4% que rige desde julio, cuando pasó de G. 2.289.324 a G. 2.550.307 mensual, que beneficia a funcionarios administrativos, policías, militares, gobernadores y miembros de juntas departamentales. La suba del sueldo mínimo tendrá un costo adicional de US$ 29,9 millones en el sector de policías, US$ 16,2 millones en sector de militares, US$ 5 millones para funcionarios administrativos que ganan hasta el salario mínimo y US$ 557.942 para gobernadores y miembros de juntas departamentales.
Todos estos sectores públicos tienen sus salarios indexados al sueldo mínimo, por lo que cualquier variación que se produzca obliga a Hacienda a actualizar el monto en el presupuesto del siguiente ejercicio. El monto adicional que requerirá el Tesoro para cubrir el gasto salarial crecerá aún más cuando se defina el costo de implementación de la carrera de enfermería y la carrera de los médicos del Ministerio de Salud Pública. También está pendiente en el Congreso la decisión sobre el proyecto de ley que aumenta el salario de los actuarios judiciales, que fue vetado por el Ejecutivo ya que representa US$ 1,3 millones al año. Asimismo, en el Congreso están en estudio ajustes salariales y creaciones de cargos dentro de un conjunto de pedidos de ampliación presupuestaria para este año por US$ 38 millones, que de aprobarse tendrá fuerte impacto en el PGN 2023.