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Datos del Ministerio de Hacienda muestran que hasta el 2014, el sistema fue superavitario, pero desde del año 2015 la diferencia comenzó a ser negativa. Así, el saldo negativo de la Caja Fiscal creció a una tasa anual promedio de 22% en el período comprendido entre 2016 y 2021.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, al cierre del 2021, el déficit fue de US$ 167 millones o 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). De este monto, alrededor de US$ 137 millones fueron solventados con recursos generales o impuestos.
Con un promedio de US$ 120 millones anuales, solo en la última década se destinaron US$ 1.200 millones para responder el descalce de los programas deficitarios de la Caja Fiscal.
Para este 2022, el déficit ascendería a US$ 224 millones, donde el programa no civil llegaría a US$ 153 millones y el civil a US$ 71 millones.
Desde el 2017, los programas del Magisterio Nacional, Fuerzas Armadas y Policiales han registrado un sostenido déficit. En contrapartida, los considerados superavitarios han mostrado una reducción, sobre todo al observar el comportamiento de la Administración Pública, que es el programa con mayores excedentes. Pasó de generar US$ 74 millones en el 2017 a US$ 60 millones en el 2021. Los cálculos actuariales revelan que seguirá disminuyendo en los próximos años, explicado por el aumento de jubilados con relación a la cantidad de activos que se mantendría de manera estable.
A modo de mencionar y de acuerdo con estudios realizados, para que un sistema como el de la Caja Fiscal sea sostenible, la relación debe ser como mínimo de 5 trabajadores por cada jubilado, cuando en Paraguay se ubica por debajo, esto es, de 3,4 activos en una mirada global. No obstante, en algunos programas (docentes y fuerzas armadas) la relación es incluso de 2,4 activos. Los registros dan cuenta que existen 230.000 funcionarios activos frente a 68.225 jubilados.
Igualmente es de considerar que los aportes durante la vida laboral activa cubren un corto periodo de la jubilación, la mayor parte lo debe financiar el sistema solidario, señalaron desde el Ministerio de Hacienda.
Agotamiento de recursos disponibles
De acuerdo con informaciones oficiales, la Caja Fiscal cuenta con aproximadamente US$ 800 millones, entre reservas acumuladas e inversiones realizadas en el sistema financiero del país.
Las estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda muestran un creciente déficit en los próximos años, que provocaría el agotamiento de los recursos acumulados en el año 2026. Tal como se observa en el gráfico, en el 2021 los recursos excedentes ascendían a US$ 444 millones con una clara tendencia a la reducción y sin más recursos en cuatro años, debido al déficit acumulado del programa contributivo no civil.
El viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, expresó que las proyecciones, sin hacer ningún cambio en las variables, muestran que para el 2027 la Caja estaría entrando en una situación crítica, porque los recursos acumulados se agotarían.
“La Caja Fiscal estaría llegando a un déficit acumulado de unos US$ 2.500 millones en el 2029, porque las reservas se van a agotar y a partir de ahí vamos a empezar a usar solamente los aportes de los jubilados, y la diferencia tendrá que ser cubierta con impuestos”, enfatizó.
Como se ha mostrado, la situación de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal es complicada y con un alto riesgo de profundizar su insostenibilidad ante modificaciones que aumenten los beneficios, sin una contrapartida para hacer frente a las nuevas necesidades de recursos.
En tal sentido, la propuesta de actualizar el haber jubilatorio y que el Estado realice un aporte de 9,5% para dar cubertura a lo planteado, generaría un costo adicional de US$ 220 millones.
Con el déficit de los no civiles exceptuando pago de gratificaciones (US$ 140 millones) más el descalce de civiles (US$ 62 millones), el costo, solo en el primer año del proyecto de ley, sería de US$ 422 millones de recursos del Tesoro, lo que significaría el agotamiento total de los fondos disponibles de la Caja Fiscal, no en cuatro años sino en dos años.
Y ante tal escenario se deberán buscar alternativas de financiamiento que podrían ir desde la aplicación de un sistema de prorrateo para el pago de los haberes, sacrificar lo que queda de los recursos de programas sociales y gastos de capital financiados con impuestos hasta aumentar la tasa de ciertos tributos. En este último punto y considerando el comportamiento de los ingresos tributarios, podría plantearse el incremento del Impuesto al Valor Agregado del 10% al 12%, el del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) al 14% o la combinación de ambos, suba del IVA del 11% e IRE del 12%.
Las consecuencias macro fiscales (costo más elevado de vida, para las empresas, menos consumo, impacto en el empleo, en los ingresos tributarios, etc.) terminarían afectando a todos los actores económicos del país cuando el beneficio general resultaría solo para un grupo de personas. Por tanto, es momento de pensar en una reforma estructural basada en un pacto social que permita no solo revertir la complicada situación financiera de la Caja Fiscal, sino de todo el sistema previsional vigente en el país para evitar una carga mayor a las cuentas públicas en el corto, mediano y largo plazo.
