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Cuestionó que la redacción signifique un “puenteo” a Contrataciones Públicas, pero aceptó que las proveedoras de la estatal ya no presenten declaraciones juradas para intentar flexibilizar sus operaciones. En el considerando del citado documento expresa “que el enunciado de la normativa puede entenderse, sin más, como poner al margen de todo el sistema de contrataciones del sector público a cuanta personería jurídica extranjera que provea a Petropar”. Agrega que “podría ver malogrado su propósito de dotar de estabilidad y previsibilidad del ámbito contractual del Estado. En virtud de ello, el Ejecutivo entiende justificable objetar que dicha norma, con esa redacción, integre el ordenamiento jurídico”. La ley sancionada por el Congreso establecía que las compras de combustibles y biocombustibles de Petropar sean exceptuadas de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas y que las proveedoras no sean más obligadas a presentar declaraciones juradas de bienes para suministrar los citados productos en licitaciones públicas internacionales. Esta última disposición, el Ejecutivo lo aprobó por considerar que no altera el proceso de compras. Esta ley parcialmente vetada surgió tras el debate del subsidio concedido a combustibles de Petropar, y que tuvo dos semanas de vigencia, pese a varios cuestionamientos. Ahora, con esta nueva herramienta, al eliminar exigencias de declaraciones juradas a los directivos de empresas extranjeras proveedoras de la estatal, tendría que agilizar sus operaciones y reducir costos, ya que ello fue el objetivo de inicial de la norma. Esta ley se sancionó en medio de protestas de camioneros y el apoyo de sindicalistas de Petropar; y ahora el documento vuelve al Senado.