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Distribuidores de la cementera pusieron en evidencia la limitada cantidad de cemento con que se cuenta, en una coyuntura en la que urge la reactivación económica y en la que las obras podrían dar un fuerte impulso, toda vez que no falte este material fundamental.
El hecho no sorprende, pero sí abre una pregunta: ¿Qué pasó con las millonarias inversiones en las plantas? Supuestamente, se inyectaron poco más de US$ 80 millones en las fábricas de INC ubicadas en Vallemí (Concepción) y Villeta (Central), en los últimos cinco años. Fondos provenientes de tres colocaciones de bonos soberanos, que se aprobaron entre 2014 y 2017 con fantásticas promesas de ahorro, eficiencia y mayor producción (ver cuadro 1), que hasta hoy no se han visto.
De acuerdo con los datos que en su momento se publicaron en este diario y otros medios de prensa, en 2014, el entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, respaldó la idea e incluyeron en los presupuestos de varios años la emisión de bonos soberanos para financiar, entre otros proyectos, el cambio del tipo de combustión del horno de clínker en Vallemí para que se puedan usar combustibles sólidos (dejando el fueloil por el coque), la compra de nuevas embolsadoras para Villeta (reemplazando la antigua), un secador de puzolana para hacer más eficiente la producción, nuevas maquinarias, etc. (ver cuadro dos, donde se detalla cómo se debían usar los fondos, según el plan oficial).
Las promesas incumplidas
El cambio de combustible debía significar un ahorro de US$ 20 millones, porque el costo de coque es menor que el del fueloil, según había dicho el expresidente de la INC Jorge Méndez, en cuya gestión se firmó la mayoría de los contratos “de inversión”. Además, la instalación de nuevas embolsadoras en Villeta incrementaría la facturación en US$ 50 millones al año. En tanto que el nuevo secador de puzolana iba a representar, por su lado, un ahorro de US$ 10 millones.
Además, la producción del horno debía pasar de 2.000 a 2.200 toneladas por día, en tanto que el despacho de cemento debía pasar de las 50.000 bolsas diarias a al menos 90.000 (aunque se llegó a prometer 120.000 al principio). Pero lejos de cumplirse todo esto, las entregas del material actualmente están incluso por debajo de las cifras que se tenían antes de los desembolsos.
Pasaron los años, las promesas no se cumplieron. Hoy sabemos que varios contratos tuvieron cuestionamientos (ver resumen en cuadro de contratos) y que el caso llegó a instancias de la Contraloría General de la República (CGR), incluso del Ministerio Público.
Desde diciembre de 2019, el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 14, abogado Jorge Arce, tiene a su cargo la investigación penal de ejecución de proyectos por US$ 80 millones en INC. En conversación con este diario, el agente señaló qué la pesquisa sigue abierta, con un gran caudal de información técnica y financiera y que se prevé, más adelante, convocar a personas involucradas en los proyectos, los cuales se están investigando por separado, por la complejidad de cada caso y los altos presupuestos que se manejaron.
Es de esperarse que en la investigación de un caso del que poco y nada se habla a nivel de autoridades nacionales no queden sin sanción los responsables, como ya ha ocurrido en el pasado, con otros “elefantes blancos” que también se tuvieron en INC. Desfalcos que se suman a numerosos hechos de corrupción que también se han dado, como licitaciones dirigidas del fueloil y en momentos de escasez de cemento también las coimas cobradas a distribuidores para poder retirar el material, pero quizás el principal caso sea el que involucró a la misma empresa que ha estado desde los inicios de la cementera, en la década del 80, hasta hoy. Se trata de FL Smidth (FLS), que coincidentemente es también una de las contratadas para las actuales “inversiones”.
La estafa
En la década del 70, el Estado había pagado un monto global de US$ 421 millones por la cementera, que anteriormente era de capital privado, pero que fue a la quiebra. El monto incluía reacondicionamientos, que debían consistir en la transformación de los hornos 1 y 2, del sistema húmedo al seco (que resultó inservible ya que ninguno llegó a funcionar) y el montaje de un tercero, denominado “línea 3” que, en rigor, es el único que hasta hoy funciona, con constantes paros a lo largo del año. Las obras estuvieron a cargo del consorcio integrado por “Bureau Central d’ Equipement pour le Outre Mer”, “Dragages et Travaux Publics” y FLS.
De acuerdo con los cálculos finales de la Comisión Interinstitucional conformada tras el golpe de 1989 para investigar este gigantesco negociado a costa del Estado paraguayo, la estafa neta fue de US$ 100.036.700.
Hoy, tenemos a la vista un caso quizás no muy distinto, al menos considerando que no han funcionado las “inversiones” por US$ 80 millones.
La estafa
En las décadas del 70 y el 80 se corroboró una estafa por US$ 100 millones a la INC. Hoy tenemos “inversiones” por US$ 80 millones que no han funcionado.