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Más allá de que se pueda arrendar de nuevo Acepar, las fuentes creen que, incluso, existe capacidad como para atraer inversiones, locales o extranjeras, para instalar una planta siderúrgica como la que fue construida por el Estado hace ya casi cuatro décadas, y que hoy está prácticamente en ruinas, aunque recuperable si hay un proyecto serio.
La pregunta sobre este tema es por qué, existiendo la posibilidad de hacer una siderurgia nueva, hasta ahora los interesados en el rubro se han enfocado más en el arrendamiento de la planta ya existente. Al respecto, conseguimos la respuesta del ingeniero metalúrgico y exviceministro de Industria Walter Bogarín, quien explicó que lo principal es el costo. Una fábrica nueva con mediana capacidad, y solamente la parte de instalaciones fabriles, costaba hace pocos años unos US$ 80 millones, y hoy podría estar por los US$ 100 millones.
A esa suma hay que agregar lo que puede costar un terreno para asentar la fábrica, por ejemplo, a orillas del río Paraguay, y ahí sí puede haber una gran diferencia, explicó Bogarín, quien recordó que también se debe tener en cuenta el tiempo que puede llevar instalar y poner en funcionamiento una fábrica totalmente nueva.
Bogarín, quien fue gerente comercial de Acepar entre 1992 y 1993, cuando la planta aún estaba en manos del Estado, entiende que, teniendo en cuenta los factores citados anteriormente, aún existen interesados que se acercan a negociar la posibilidad de arrendamiento, pues en una situación más o menos normal sería más factible reactivar la fábrica de Villa Hayes, que precisa menos inversión y menos tiempo para comenzar a producir de nuevo, y ya tiene instalaciones anexas necesarias, como un puerto propio sobre el río Paraguay.
De todos modos, cree que el “limbo jurídico o legal” en que se encuentra la empresa siderúrgica chaqueña hace cada vez más difícil, por no decir imposible, que alguien del sector privado “ponga dinero suyo para levantar Acepar”.
En ese sentido, el proceso de privatización que se inició en 1997 y debía culminar a finales de 2009 fue interrumpido, pocos días antes de que feneciera el contrato correspondiente, a petición del gobierno de Fernando Lugo, a raíz de múltiples incumplimientos atribuidos al comprador, el Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), integrado por Cerro Lorito SA y la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cootrapar). Luego, como el arbitraje tardaba en instalarse (hasta ahora no fue instalada), el Gobierno solicitó y obtuvo a finales de 2013 la intervención judicial de la acería, con lo que de alguna manera recuperó la administración de la misma, hasta hoy.
Sin embargo, Bogarín opina que la situación de intervención judicial por sí sola no es suficiente garantía para un grupo empresarial que quiera trabajar en serio en Acepar, que por ahora exige una inversión mínima de US$ 20 millones para firmar cualquier acuerdo de alquiler.
La fuente consultada coincide en que esa suma sería lo básico para tratar de poner en mínimas condiciones la planta y empezar a producir. Coincide con otros sectores que apuntan que lograr eso llevaría por lo menos un año, pues a estas alturas es mucho trabajo lo que se debe hacer en la fábrica para recuperarla y comenzar a tener de nuevo acero paraguayo.
Más allá de todo eso, un emprendimiento de este tipo tendría un mercado asegurado, pues el consumo solamente de varillas está en alrededor de 8.000 toneladas en el país y es un producto de primera necesidad en un mercado que está creciendo. Bogarín recordó que durante el arrendamiento de Acepar por parte de la brasileña Vetorial SA, que se retiró a principios del 2018, se cubría con acero paraguayo la mitad o menos de la referida demanda de varillas. Eso significa, añadió, que si eventualmente se pusiera de nuevo en marcha la fábrica, se debe mejorar tanto uno de los altos hornos como la parte denominada acería propiamente dicha, con lo que se podría producir unas 5.000 toneladas en una primera fase y hasta 7.000 toneladas posteriormente.
Si se pretendiera una producción mayor, se debe poner en condiciones el segundo alto horno, y eso llevaría un plazo de al menos tres años, por lo que se necesita mayor seguridad jurídica si realmente se pretende algo más en Acepar.
Finalmente, en esta historia hay que tener en cuenta también que, además del mercado que espera por el acero, hay al menos 500 obreros siderúrgicos que siguen aguardando la posibilidad de volver a trabajar en su especialidad.