Desde su posición dirigente en el Estado, los López eran los principales terratenientes, participaban con ventajas en el comercio interno y externo, controlaban las operaciones financieras y ocupaban los principales cargos políticos, eclesiásticos y militares (1). Francisco Solano poseía una sociedad con los hermanos Pedro y Buenaventura Decoud para comercializar yerba mate en Buenos Aires y otras plazas (2). Vicente Barrios y Saturnino Bedoya, yernos de don Carlos, explotaban yerbales y vendían la producción al Estado. El segundo, que fue Tesorero General durante la guerra, además era propietario de una de las principales casas comerciales de la capital (3). Un dato de 1854 permite una estimación de las ganancias particulares partir de la extracción de excedente social: en los yerbales se pagaba 0,15 libras por arroba, que después se vendía por 1,60 libras en Buenos Aires (4).

Con mano de hierro, los López hacían y deshacían todo tipo de negocios y especulaciones. Además de las actividades relacionadas con la usura, las mujeres de la familia compraban billetes deteriorados con descuentos de 8% para cambiarlos por su valor real en el Ministerio de Hacienda (5).

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Sin más, el patriarca de los López ordenó la transferencia de importantes bienes inmuebles del Estado a miembros de su familia. Sus hijos Francisco Solano, Venancio y Benigno recibieron estancias estatales en Ignacio Caliguá, San Joaquín y San Ignacio, respectivamente; Vicente Barrios se hizo propietario de la estancia pública de Salado (6). Existen registros de casos en que los López compraban tierras y ganado del Estado para ensanchar sus propiedades particulares; trasladaban ganado público a sus estancias; vendían o permutaban su ganado al Estado (7). Sería pueril suponer que, dado el grado de control del Estado por parte de esa familia, alguien hubiera podido oponerse a sus negocios.

Los reclamos de la irlandesa Elisa Alicia Lynch, la pareja más conocida de Solano López, en Asunción después de la guerra, dan cuenta de las gigantescas propiedades que el mariscal-presidente le transfirió como si fuesen bienes particulares. Mediante títulos dudosos, ella exigió en 1875 la devolución de 32 propiedades rurales y urbanas que equivalían a cerca de nueve millones de hectáreas de tierras, 60% en suelo paraguayo y el resto en territorios anexados por Argentina y Brasil (8).

Lo cierto es que el patrimonialismo y el nepotismo imperantes en el Paraguay de los López harían palidecer el escandaloso manejo discrecional de la cosa pública en nuestros días. La corrupción, el amiguismo, el clientelismo, la «ley del mbarete» (ley del más fuerte), prácticas odiosas que, con razón, tanto indignan a la mayoría de la población, tienen parte de sus raíces en la «edad de oro» del Paraguay lopista, aunque los nacionalistas intenten negarlo o atenuarlo.

Los negocios de los López no solo muestran el carácter de clase de sus gobiernos sino la evolución «normal» de una burguesía nacional que, a medida que se consolidaba, se hacía más reaccionaria, antidemocrática y abusiva en el control de los bienes públicos.

Superestructura política: la dictadura de una familia

Hay un largo debate sobre si el régimen político de los López fue o no una dictadura. El nacionalismo, en general, rechaza esa definición de distintas maneras. El liberalismo, inversamente, denuncia la ausencia de garantías democráticas formales –especialmente los obstáculos al librecambio– y el «autoritarismo» del período 1813-70, que considera un «retroceso histórico», no pocas veces deslizando la idea de que las últimas décadas del colonialismo español habrían sido mejores. De hecho, no pocos autores liberales caen en el anacronismo al medir el grado de libertad política en el Paraguay del siglo XIX con la regla de las democracias contemporáneas, cuando no reproducen la falacia de que Paraguay era la única o la más cruel dictadura de la región, ocultando o atenuando las atrocidades de los regímenes opresivos del Brasil monárquico y esclavista o la Argentina unificada por Buenos Aires a sangre y fuego.

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Si la defensa del «poder fuerte» de los López por parte del nacionalismo tiene el fin de justificar dictaduras y militarismo en el presente, la retórica «democrática» liberal recubre una impugnación del modelo económico estatista y proteccionista combatido como pernicioso por esa corriente desde el siglo XIX.

La teoría marxista, por su parte, no resta importancia a la definición del régimen político, esto es, la combinación jurídico-institucional específica por la cual se materializa el poder del Estado, pero analizando su contexto histórico desde una perspectiva clasista. En ese sentido, es innegable que los López encabezaron quizá la más férrea dictadura de clase de la historia paraguaya. No se trató, como sostienen algunos autores asociados con la izquierda, de una dictadura «progresista» en la cual el bienestar material del pueblo y las amenazas externas justificaban eventuales «abusos» del gobierno.

Por el contrario, un régimen que negaba todas las libertades democráticas solo empeoraba las condiciones de explotación para el pueblo trabajador, pues le impedía expresarse políticamente y resistirse socialmente. La razón era, en última instancia, económica. El buen curso de los negocios de los López exigía un pueblo obediente a sus dictámenes «supremos».

En 1843 se creó el «Departamento de Policía», encargado de la represión interna y de la regimentación de la vida social por medio del «Reglamento de Policía». En 1845, el primer López reorganiza el Ejército Nacional, a través de una Ley que creaba el Ejército de Línea, la Guardia Nacional y la Marina, robusteciendo, con ello, la columna vertebral del Estado.

El marxismo no puede apoyar o justificar un régimen policiaco y despótico en el que las masas populares no tuvieron ninguna garantía democrática. Primero, porque un proyecto más democrático, en ese tiempo, no hubiera sido «inédito». A finales del siglo XVIII hubo experiencias que, aunque limitadas por su carácter burgués, impulsaron programas basados en radicalizar la democracia formal. Desde ese punto de vista, el Paraguay de los López ni siquiera sería un caso «avanzado» de democratismo burgués, mucho menos «protosocialista», como discutiremos. Segundo, porque una interpretación histórica marxista, interesada en comprender el pasado para responder a los problemas del presente, no puede titubear a la hora de denunciar la justificación ideológica del autoritarismo y el militarismo que emana de la glorificación de esa dictadura.

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Los hechos hablan por sí solos. Para los congresos generales de 1813 y 1814 fueron convocados «mil diputados» electos en las villas por sufragio masculino, sin criterios censitarios. En 1816, el llamado se restringió a 250 representantes, que ungieron a Francia como Dictador Perpetuo. Hasta su muerte, Francia no convocaría otro congreso nacional. En el de 1844 se aprobó la «Ley que establece la Administración Política de la República del Paraguay», que limitó los siguientes congresos a 200 diputados y agregó la condición de que fueran «propietarios». En 1856, una reforma redujo la representación en los congresos a 100 diputados, estrechando el círculo palaciego, ya que tanto elegidos como electores debían ser propietarios.

Esta apretada síntesis muestra el continuo retroceso en la representación política institucional desde 1816. Si en 1845 el sueldo de un maestro rural de primaria era de 100 pesos anuales y un bono de 24 vacas (9) y el texto constitucional de 1844 exigía «un capital propio de ocho mil pesos» para ejercer la plenitud de los derechos políticos, es indiscutible que las clases trabajadoras no opinaban ni decidían nada.

Las justificaciones de este endurecimiento dictatorial fueron varias. En su informe de 1854, Carlos A. López insistió en la necesidad de la propiedad como «requisito esencial», ante los «gravísimos males» que entrañaba el sufragio universal: el pueblo no estaba preparado para el «uso regular y moderado de derechos que aún no conoce» y «sin un poder fuerte, no hay justicia, no hay orden, no hay libertad civil ni política» (10).

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Los hechos muestran que en el Paraguay el control político se concentraba en ese núcleo de 100 diputados propietarios, encabezados por los López y ligados por un cordón umbilical a los negocios del Estado. El poder, aunque formalmente se convocaran congresos, siguió siendo unipersonal y absoluto. No sería exagerado afirmar que esa fue la oligarquía más poderosa de la historia paraguaya.

En la reforma de 1856, don Carlos también se aseguró de allanar jurídicamente el camino para que su hijo Francisco Solano lo sucediera. El congreso reunido el 16 de octubre de 1862 no hizo sino ratificar su pretensión.

Un año antes, El Semanario había impulsado una aberrante campaña favorable a una monarquía constitucional. En una edición, el periódico oficial del país afirmaba: «…la monarquía constitucional y la democracia es una misma cosa» (11).

En sentido estricto, nunca se pasó de un régimen republicano a uno monárquico. Pero esa campaña oficial muestra no solo el grado de concentración de poder en el Paraguay de preguerra, sino que el régimen acarició esa idea. En 1863, el «Supremo Gobierno» llegó al colmo e hizo imprimir y difundir una adaptación del Catecismo de San Alberto (12), inequívoca apología de la monarquía absoluta, con su consabida fundamentación divina.

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Ese régimen basado en el poder unipersonal mostró sus limitaciones cuando el cerco de las hostilidades internacionales comenzó a cerrarse. El Estado burgués, por su atraso y el temor de los López a promocionar cuadros que pudieran hacerles sombra, mostró una carencia dramática de personal competente en el cuerpo diplomático y la oficialidad militar. Esto debilitó aún más la posición paraguaya al comenzar la Guerra Guasu.

La izquierda nacionalista

Por supuesto, reconocer el carácter oligárquico y dictatorial de los gobiernos de los López no implica negar el avance material que alcanzó la república hasta 1864 ni su papel individual en la defensa de la autodeterminación nacional, una tarea históricamente progresiva. Supone comprender que, si bien la defensa de la independencia antes y durante la Guerra contra la Triple Alianza fue un objetivo compartido por esa oligarquía y el pueblo llano, ambos enfrentaron ese peligro sobre la base de intereses de clase opuestos. El defecto teórico fundamental de la izquierda nacionalista reside en la negación de esta premisa.

En el afán de polemizar con quienes justifican la Triple Alianza, la mayor parte de la izquierda paraguaya asumió como propios los principales postulados del nacionalismo burgués, bajo la forma del revisionismo.

De esto hablaremos en la próxima entrega.

(Continuará…)

Notas

(1) Para un debate ampliado sobre este tema, consultar: León Núnez, R. Aproximación a una concepción marxista del Estado bajo el régimen de los López. En: Telesca, Ignacio (coord.). Un Estado para armar. Aproximaciones a la construcción estatal en el Paraguay decimonónico. SB, 2024, pp. 51-68.

(2) Rodríguez Alcalá, G. Francia y López. En: Soler, L., et al. (Coord.). (2015). Antología del pensamiento crítico paraguayo contemporáneo. CLACSO, p. 15.

(3) Whigham, T. (2009). Lo que el río se llevó. Estado y comercio en Paraguay y Corrientes [1776-1870]. CEADUC, p. 132.

(4) Scavone, R. Estudio preliminar. In: Scavone, R. (Org.). (2010). Polémicas en torno al gobierno de Carlos Antonio López en la prensa de Buenos Aires [1857-1858]. Tiempo de Historia, p. 15.

(5) Whigham, op. cit., pp. 132-3; Thompson, G. (2010). La Guerra del Paraguay. Servilibro, p. 24.

(6) Pastore, C. (2008). La lucha por la tierra en el Paraguay. Intercontinental, p. 145.

(7) Rodríguez Alcalá, op. cit., pp. 552-4

(8) Ibidem, p. 553.

(9) Williams, J. H. (1979). The Rise and Fall of the Paraguayan Republic: 1800-1870. University of Texas, p. 125.

(10) López, C. A. (1931). Mensajes de Carlos Antonio López. Imprenta Nacional. pp. 94-100.

(11) Cardozo, E. (2012). El Imperio del Brasil y el Río de la Plata: Antecedentes y estallido de la Guerra del Paraguay. Intercontinental, p. 125.

(12) El Catecismo Real de José Antonio de San Alberto, editado en 1786, predicaba obediencia religiosa a la monarquía hispánica. Fue una respuesta de la metrópoli al levantamiento de Túpac Amaru.

*Ronald León Núñez es sociólogo por la Universidad Nacional de Asunción (2009), máster (2015) y doctor (2021) en Historia por la Universidad de São Paulo, Brasil, miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas (CPCH), colaborador de El Suplemento Cultural y autor de los libros Revolución y Genocidio: El mal ejemplo de la independencia paraguaya y su destrucción (Arandurã, 2011) y La Guerra contra la Triple Alianza en debate (Lorca, 2019), publicados en portugués por Editora Sundermann como A Guerra do Paraguai (2011) y A Guerra contra o Paraguai em debate (2021).