Cargando...
«No a la transformación educativa». «No al proyecto que busca la implementación de la “ideología de género” en las escuelas». «Paremos el proyecto globalista que atenta contra la familia». Son algunas de las consignas enarboladas en las redes sociales y en un par de manifestaciones de grupos «provida y profamilia» en las últimas semanas. Pero ¿qué hay detrás del proyecto de transformación educativa impulsado desde el MEC y, sobre todo, detrás del rotundo rechazo que produce en un sector de la sociedad?
Debemos decir de antemano que el principal foco de los ataques al proyecto gira en torno a su enfoque de derechos y que, en ese sentido, la demonización de proyectos educativos con enfoque de derechos no es nueva en el país, como no son nuevos sus voceros, que –en algunos casos–, al ver perdidos sus espacios de decisión, siguen profetizando desde sus privilegiados espacios en la prensa o como voceros oficiales de grupos conservadores católicos o evangélicos.
Hace poco más de una década, lograron frenar la necesaria implementación de un marco rector pedagógico para la educación integral de la sexualidad. Poco les importaron los alarmantes datos oficiales del momento, tales como que el 20% de los embarazos en Paraguay se da en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, y que el 88% de las mismas son madres solas.
Esos datos, actualizados en un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2019), indican que Paraguay ocupa el primer lugar en el Cono Sur con la más alta tasa de fecundidad adolescente: dos niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día; cada hora, dos adolescentes de 15 a 19 años tienen hijos. En el 2018, se registraron 17.386 partos de niñas y adolescentes; 3.129 de estas niñas y adolescentes ya tienen uno o más hijos, y cada 24 horas se registran de 8 a 10 casos de abuso sexual.
Lea más: Docentes piden suspender Transformación Educativa y cumplir con beneficios sociales
La cruda realidad parece seguir sin importarle a muchos, pues la educación sexual integral nunca se implementó desde el MEC. Por el contrario, primaron la tergiversación, las noticias falsas y la condena de la perspectiva de género –que permite el análisis integral de las políticas públicas– y del enfoque de derechos, tergiversación y condena que se reproducen acríticamente por doquier. Hoy por hoy, el dedo acusador apunta al proyecto de transformación educativa.
Ejes trasversales de transformación
El proyecto de transformación educativa se inició en el 2017, en el contexto del Plan Paraguay 2030 y su apuesta por una «economía del conocimiento», y en él se identificaron, inicialmente, ocho ejes estratégicos. En el segundo acuerdo, publicado en julio de este año, se identifican nueve ejes estratégicos, a saber: 1. Modelos educativos bilingües centrados en el aprendizaje; 2. Desarrollo profesional del educador; 3. Apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo; 4. Fortalecimiento de la educación técnica y formación profesional; 5. Gestión educativa centrada en el aprendizaje; 6. Condiciones estructurales y materiales pertinentes para el aprendizaje; 7. Evaluación e investigación educativa para la mejora continua; 8. Financiamiento educativo sostenible; y 9. Fortalecimiento de la comunidad educativa: sociedad, familia y educación.
Pero lo que más asusta a los conservadores de ayer y fundamentalistas de hoy son sus tres ejes trasversales: la multiculturalidad, la inclusión y el enfoque de derechos. El primer eje transversal abarca «la comunicación e interacción entre personas o grupos con identidades culturales específicas, favoreciendo el diálogo y la convivencia basada en el respeto a las diferencias y el enriquecimiento mutuo, así como la escucha y el acceso equitativo y oportuno a la información pertinente».
El segundo eje, inclusión, está orientado a la «no discriminación y a la igualdad de oportunidades educativas para todos a lo largo de toda la vida y la facilitación de la accesibilidad de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo».
Finalmente, desde el enfoque de derechos se asume la importancia del «análisis basado en el conjunto de derechos reconocidos a todas las personas en los diferentes textos nacionales e internacionales y en los principios que se derivan de los mismos».
Lea más: Antropología y transformación
Agenda 2030 y argumentos ad hominem
Hasta el momento, se hallan publicados dos documentos de diseño para la estrategia del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030), denominados primer y segundo acuerdo. En el primero, publicado en noviembre del 2021, se establece que la transformación educativa pone a los estudiantes en el lugar central y apunta a la generación de comunidades de aprendizaje para la transformación integral.
El plan apuntaría a la consolidación de una educación cuyo eje paradigmático sería la sociedad del conocimiento, en la que «la riqueza cultural es parte del acervo que tienen las sociedades para proyectarse sosteniblemente al futuro».
El plan parte de un diagnóstico de la situación educativa actual en el que se evidencia que el sistema educativo paraguayo enfrenta importantes desafíos, principalmente en materia de acceso, permanencia y culminación, así como en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Tales elementos se reflejan en las brechas en el acceso; la sobreedad representa porcentajes crecientes a medida que avanza el nivel educativo; los altos grados de abandono interanual; las dificultades para retener y lograr que egresen los estudiantes; y los altos porcentajes de estudiantes por debajo del nivel de aprendizaje esperado.
En ese sentido, muchos analistas coinciden en que el plan de transformación educativa apunta a la consolidación del sector productivo, antes que a una genuina preocupación por consolidar paradigmas antropológicos o sociopolíticos que reivindiquen la ciudadanía democrática plena. Sin embargo, antes que la revisión honesta de la fundamentación epistemológica del plan, priman por doquier las falacias ad hominem y la del espantapájaros, que consisten en típicos recursos malintencionados por medio de los cuales se evade la argumentación, se ataca a la persona que emite un argumento, se intenta ridiculizarla y se tergiversan sus ideas con la clara intención de desacreditarla.
Miedos antiguos y nuevos
El abrumador ataque al Plan de Transformación Educativa en los últimos meses ha tenido su primer impacto. Reconocidos profesionales de la educación, que aportaban credibilidad y sentido crítico al proceso, han decidido apartarse; por otro lado, los grupos ultrarreligiosos han demostrado su fuerza, logrando copar actualmente el Comité Estratégico de Transformación Educativa 2030 y, en ese contexto, han manifestado reiteradamente su rechazo al plan. ¿Por qué? ¿A qué le temen? A una educación intercultural, a la no discriminación y, sobre todo, al enfoque de derechos.
Es que plantear la interculturalidad implica necesariamente un diálogo de apertura con el otro a partir del reconocimiento de su dignidad personal. A pesar de que la vigente Constitución de 1992 establece claramente, en su artículo 46, la igualdad de las personas en dignidad y derechos y la no discriminación, se prefiere rechazar un plan de educación que promueva estos derechos.
Para estos grupos, aparentemente son letra muerte el artículo 48, de la igualdad de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales entre el varón y la mujer; el 54, de la crianza y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que incluye como corresponsables a la familia, la sociedad y Estado; el 61, que afirma que el Estado debe garantizar educación, orientación científica y servicios adecuados en materia de derechos reproductivos; o el 73, del derecho a la educación y de sus fines, que establece que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso debe realizarse en el contexto de la cultura de la comunidad, y que el Estado tiene la responsabilidad de eliminar los contenidos educativos de carácter discriminatorio.
El problema de fondo es la reivindicación de un modelo único de familia en el país, cuando en realidad existe una gran diversidad de configuraciones familiares. El miedo de fondo es a la posibilidad de diseñar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de derechos sin exclusión, garantizados en un Estado social de derecho.
Como decía un amigo en estos días, es que la autoridad dominante necesita garantizar sus instrumentos de identificación de la diferencia. Por eso se prefiere garantizar el carácter abyecto de la diferencia, porque, no nos engañemos, en el fondo lo que asusta siempre es la posibilidad de dignificar y humanizar la diferencia.
Cristian Andino - andinoccrisdav@gmail.com