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A fines del 2020 hubo quien pronosticó que este año el mundo volvería a la normalidad. La realidad ha destruido esa ilusión. La pandemia se mostró más letal en su segundo año que en el primero. Los cadáveres flotando en el río Ganges, en la India, donde cotidianamente miles mueren en sus casas para ser arrojados al agua porque sus familias no pueden comprar leña para la cremación, son solo una muestra.
El registro indica que han muerto más de 3,8 millones de personas víctimas del covid-19. Sobre esta base, se estima que en setiembre el mundo lamentará más de 9 millones de decesos. Paraguay superó las 10.000 muertes y, si nada cambia, en tres meses lamentará cerca de 29.000 víctimas (1). La OMS reconoció que el número de muertos es dos a tres veces mayor que las notificaciones oficiales (2). El total estaría entre 6 y 8 millones. Si a las vidas perdidas sumamos los millones de recuperados con secuelas graves y el enorme contingente de desempleados, precarizados, nuevos pobres extremos e indigentes, la perspectiva de la «nueva normalidad» es sombría.
Como no estamos ante un castigo divino, toca entender el problema en el contexto político y económico mundial. Sobran elementos para una primera constatación: el estrago causado por una enfermedad para la que ya existen vacunas atestigua el fracaso del modo de producción capitalista, sus instituciones y la lógica de su mercado, como sistema incapaz de garantizar las condiciones elementales para la vida de la especie humana y el planeta.
La única medida que puede controlar la pandemia es la vacunación de más del 75% de la población mundial. Para esa inmunidad colectiva es necesario producir cerca de 15.000 millones de dosis de vacunas. Hasta ahora solo se han administrado 2.200 millones (3). De ese total, 85% corresponde a países ricos y solo 0,3% a países pobres. La OMS informó que 75% de las vacunaciones se concentra en diez países. Mientras los países imperialistas acaparan hasta diez dosis por habitante, la perspectiva de los países periféricos muestra que 90% de sus habitantes no será inoculada en 2021 (4). Mientras 42% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada, en países como Paraguay solo 1,3 % recibió las dos dosis necesarias. A este ritmo, la inmunidad colectiva local se alcanzará en octubre de 2023 (5).
Existe un evidente problema de desigualdad en la distribución. Algunos líderes mundiales insisten en la necesidad de donaciones entre países, en ocasiones como si se tratara de una limosna. Pero lo cierto es que cinco o seis megacorporaciones farmacéuticas controlan la fabricación y distribución del 90% de las vacunas disponibles. En un contexto de pandemia, esto significa que deciden quién vive y quién muere. Por tanto, el problema radica en la concepción de las vacunas como mercancías –protegidas jurídicamente por derechos de propiedad intelectual–, y no como resultado del conocimiento colectivo y la producción social, es decir, como bienes públicos de la humanidad. En el capitalismo, impera la primera concepción.
Este es el contexto del debate actual sobre la suspensión de las patentes. La consecuencia de la mercantilización de la salud es que la producción de las vacunas no se rija por la necesidad de derrotar a la pandemia sino por las leyes del mercado. De ahí su escasez premeditada y la consecuente vacunación a cuentagotas: si se produjeran en la escala necesaria, su precio decaería. La Unión Europea y Pfizer, por ejemplo, acaban de firmar un contrato por 1.800 millones de dosis para 2022 a un precio 25% superior.
La OMC discutió entre el 8 y 9 de junio una versión acotada de la propuesta, presentada en octubre de 2020 por la India y Sudáfrica, de suspender las patentes de las vacunas y cualquier otra tecnología médica útil para enfrentar la pandemia. El texto revisado –que ahora exige la exención por tres años y no hasta llegar a la inmunidad global– cuenta con el patrocinio de más de 60 países. Estados Unidos, que se oponía frontalmente, cambió de posición a inicios de mayo y aseguró estar dispuesto a negociar «un gran compromiso por parte de todos para dar cabida a los puntos de vista de todos» (6), formulación tan amplia que no dice nada.
La nueva postura de Washington no obedece a motivos humanitarios ni implica una ruptura con el «nacionalismo de las vacunas». Se da ya con más de la mitad de la población adulta estadounidense vacunada. Además, Estados Unidos sigue restringiendo las exportaciones no solo de vacunas sino de insumos y equipos indispensables para fabricarlas. De hecho, mientras China exporta, en promedio, 36% de su producción de vacunas, Estados Unidos exportó menos de 1% (7).
El avance de la vacunación en su territorio permite gestos como ese o como el anuncio de una donación de 80 millones de dosis, lote pequeño para la escasez actual pero que mejora la posición de la Casa Blanca en el juego geopolítico de la «diplomacia de las vacunas», en el que China y Rusia llevan ventaja.
El colapso sanitario en la India, por otra parte, encendió la alarma sobre la fragilidad del retorno a la «normalidad», incluso tras una amplia campaña de vacunación doméstica. Desde el punto de vista epidemiológico, mientras no se alcance la inmunidad colectiva a escala mundial el virus seguirá circulando y mutando, siempre con la posibilidad de que surjan variantes resistentes a las vacunas disponibles. De hecho, la cepa india (denominada delta) es 40% más contagiosa que las precedentes y está en más de 50 países. Desde el punto de vista político, un estallido social en la India ante el caos sanitario preocupa a la Casa Blanca, pues tendría consecuencias imprevisibles en esa región y el mundo.
En otro nivel, se deben considerar las presiones de la situación política en Estados Unidos. El último año de mandato de Trump estuvo marcado por una exacerbación de la resistencia popular, especialmente del movimiento antirracista, cuyo pico fue la ola de protestas por el asesinato de George Floyd. Biden fue electo en ese contexto convulso y, en cierta medida, se mueve en medio de demandas que siguen sin solución y que, eventualmente, pueden volver a tomar cuerpo en las calles. El impulso a la vacunación fue, en parte, un modo de diferenciar su administración del negacionismo de Trump. La presión de más de cien países e importantes figuras públicas, científicos y organizaciones se sumó a un reclamo a favor de negociar el mecanismo de patentes en el propio Partido Demócrata, desde Bernie Sanders a Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes.
Pero el elemento más importante para entender la nueva postura de Biden tiene que ver con la necesidad de retomar el crecimiento de la economía mundial, aunque implique cuestionar intereses inmediatos de la industria farmacéutica. Por supuesto, esto sucede después de que esas empresas han cerrado los contratos más importantes para su producción de 2021. En otras palabras, durante un año Estados Unidos dejó correr la subida artificial de precios de las vacunas, de acuerdo al juego de la oferta y la demanda. La alta demanda de un producto escaso hizo subir los precios, que en promedio oscilan, según Unicef, entre 1 y 40 dólares (8). Airfinity estima que las vacunas de Sinovac y Sinopharm cuestan entre 12 y 23 dólares por dosis; la de AstraZeneca, entre 3,5 y 5,25; la de Pfizer, entre 12 y 14,5; y la de Moderna, entre 18 y 32 dólares cada inyección (9).
A pesar del hermetismo en las negociaciones, se sabe que las empresas negociaron distintos precios de acuerdo con cada país, pero a la hora de las entregas privilegiaron a aquellos que pagaron más. En el caso de Pfizer, el precio varió de los 14,7 dólares que pagó la Unión Europea a los 47 dólares que pagó Israel, lo que podría explicar el acceso preferencial a las dosis (10).
Las potencias mundiales no pueden ignorar el problema de la vacunación porque son conscientes de que no existe «capitalismo en un solo país». La prolongación de la pandemia afecta negativamente el tráfico de mercaderías y fuerza de trabajo, esencial para retomar los niveles de lucro de la burguesía mundial. Un análisis menos inmediatista revela que no servirá de mucho que toda la población de Estados Unidos esté inmunizada si hay enormes áreas del globo sumidas en la inestabilidad por sucesivas olas de infección y, por qué no, de estallidos sociales.
Sin embargo, entre el cambio de postura del gobierno estadounidense –hasta ahora sin consecuencias prácticas– y una efectiva suspensión de las patentes hay escollos importantes. Las decisiones en la OMC se toman por consenso y la Unión Europea, principalmente Alemania y Francia, siguen en contra. Reino Unido, también. La reunión formal del Consejo de los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) terminó prácticamente en nada. Las delegaciones acordaron expresar «su voluntad de entablar un debate constructivo basado en las propuestas presentadas». Punto. Siguen las muertes por Covid-19.
De cualquier modo, Estados Unidos no propone liberar de las licencias a medicamentos y otros instrumentos médicos. Su escueta declaración solo se refiere a las vacunas. También prevén indemnizaciones para la Big Pharma, en caso de que la propuesta sea aprobada. La Casa Blanca tampoco dice nada sobre la indispensable transferencia de tecnología y know-how que debería acompañar una suspensión de los derechos de propiedad intelectual, en la cual los fabricantes deberían facilitar personal y conocimiento técnico del proceso de producción de los inmunizantes. Convengamos en que no sirve de mucho la «receta» de las vacunas sin la tecnología y el personal capacitado necesarios.
En ese contexto surgió la contrapropuesta impulsada por la Unión Europea: promover acuerdos de concesión voluntaria de licencias entre empresas titulares de las patentes y posibles nuevos fabricantes. Solo en casos extremos, la Comisión Europea considera la posibilidad de que los gobiernos concedan licencias de modo compulsorio, sin consentimiento del dueño de la patente, aunque compensándolo. Además, el plan propone eliminar barreras a la exportación de dosis e ingredientes y aumentar las donaciones o ventas a precio de coste de vacunas a los países pobres. Es decir, no plantea nada que no exista en la legislación vigente o que no se haya intentado antes, sin éxito, para aumentar la producción y mejorar la distribución de los inoculantes. Organizaciones como Médicos sin Fronteras han denunciado esto como «una maniobra para paralizar el proceso de negociación de la exención» (11). Aseguran que los acuerdos bilaterales entre empresas no son una alternativa. Se estima que existen más de 280 pactos de este tipo y, aun así, el cálculo de producción de vacunas para 2021 está entre 9.500 y 11.000 millones de dosis, y eso suponiendo que tendrán éxito y serán aprobadas todas las vacunas que están actualmente en I+D. Ese volumen no está asegurado ni sería suficiente. Mucho menos si se confirma, como suponen sectores de la comunidad científica, que el Covid-19 será una enfermedad endémica que hará necesarias dosis de refuerzo todos los años.
El problema de los acuerdos bilaterales sobre concesión voluntaria de licencias es que la empresa dueña de la patente mantiene el control de la tecnología, el conocimiento, la producción y la distribución de las vacunas o medicamentos. El know-how es un tema clave al que ninguna dueña de patente está dispuesta a renunciar.
La OMS, por ejemplo, creó al inicio de la pandemia la COVID-19-Technology Access Pool (C-TAP), herramienta para que las empresas farmacéuticas propietarias de la tecnología pudieran poner a disposición de otros fabricantes datos, investigaciones, conocimientos y licencias. Sin embargo, esa iniciativa ha sido rechazada de plano por las farmacéuticas, que prefieren acuerdos bilaterales, muchas veces confidenciales, que impliquen ceder solo los conocimientos necesarios para tercerizar algunas etapas de la producción.
De ese modo, se desperdicia el potencial de producción ocioso en Asia, América Latina y África. Países como Bangladesh o Vietnam podrían sumarse a la fabricación de antídotos, y otros que ya están produciendo podrían tener una capacidad mucho mayor, como Brasil, Argentina, México, India, etc. Sobre la cuestión de la calidad, alegada por la industria farmacéutica, los acuerdos que han tenido lugar hasta ahora han demostrado que, con la debida transferencia de tecnología y conocimientos, las compañías socias necesitan cerca de seis meses para ponerse a punto y comenzar la producción.
El mundo no puede ser rehén de un puñado de empresas y gobiernos. Ni el conocimiento ni las fuentes de materias primas ni el proceso de producción pueden considerarse propiedad particular. Algunas vacunas requieren más de 9.000 componentes que producen 300 proveedores en más de 30 países (12). La crisis sanitaria plantea, más allá del debate sobre la exención de las patentes, el drama de una economía mundial regida por la expectativa de lucro de unos pocos, no en beneficio de los intereses de nuestra especie y del planeta. En el capitalismo, la producción es social e internacional, pero la apropiación de las ganancias es privada.
Mientras millones mueren, pocos amasan fortunas. Pese a haberse beneficiado de miles de millones de dólares de fondos públicos destinados a I+D (13) –la de AstraZeneca, por ejemplo, se desarrolló con 97% de recursos públicos (14)–, las compañías que detentan las patentes acaparan el lucro. Pfizer anunció que su vacuna le rindió ingresos de más de US$ 3.500 millones en el primer trimestre de 2021, un cuarto de la facturación total de la empresa. Sin rubor, informó a sus inversores que el margen de lucro de la vacuna supera el 20%, cerca de 900 millones de ganancia con ese producto en ese periodo. La vacuna ya es el ramo más rentable de esta empresa. Pfizer aumentó la previsión de ingresos por su vacuna a US$ 26.000 millones este año (15). BioNtech, biotecnológica socia de Pfizer, obtuvo un lucro líquido de casi US$ 1.400 millones en el primer trimestre, resultado 75 veces mejor comparado con el mismo periodo de 2020 (16). La vacuna de Moderna reportó ingresos de cerca de US$ 1.700 millones en los primeros tres meses (17); la empresa estima que alcanzará US$ 19.000 millones en 2021 (18).
Según datos recopilados por Airfinity y divulgados por Bloomberg, en caso de que se mantengan los precios y se garantice la producción de las dosis estimadas, la facturación anual de 9 farmacéuticas por la venta de vacunas contra el Covid-19 podría alcanzar US$ 190.000 millones. Pfizer, Moderna, Sinovac y Sinopharm juntas podrían tener ingresos de US$ 124.000 millones, 65% de esa proyección. Las dos compañías chinas responderían por el 25% del valor total, hecho nada despreciable (19).
Solo con lo que Pfizer, Johnson & Jonhson y AstraZeneca pagaron a sus accionistas en 2020 –US$ 26.000– se podría vacunar todo el continente africano (20).
No faltan recursos para derrotar a la pandemia. El Fondo Monetario Internacional presentó un plan cuya financiación se estima en US$ 50.000 millones. El plan propone, con esos recursos, vacunar al 40% de la población mundial este año y al 60% en 2022. El FMI, evidentemente, está preocupado por retomar la buena marcha de los negocios a escala mundial. Para hacer su propuesta interesante, el FMI promete enormes beneficios: un final anticipado de la pandemia inyectaría US$ 9 billones en la economía mundial hasta 2025 (21). El FMI admite que el peso principal de la financiación del plan recaería en los países ricos, pero asegura que semejante altruismo no quedará sin recompensa, pues serán estos países los que obtengan el mejor retorno: 40% de los incrementos del PIB y alrededor de un billón de dólares en ingresos fiscales adicionales.
Es decir, la pandemia podría ser resuelta con cerca de un cuarto de lo que la Big Pharma prevé facturar con la venta de vacunas. La «tasación» del FMI, por otro lado, equivale a una cuarta parte de la fortuna del multimillonario Bernard Arnault, recientemente declarado el hombre más rico del mundo. Ni hablemos del incremento de la fortuna total de los multimillonarios de todo el mundo en los últimos doce meses: US$ 13 billones, según la revista Forbes (22).
Con los actuales adelantos tecnológicos y logísticos, la inmunidad colectiva es posible en pocos meses. Pero, debido a la lógica del capitalismo, hasta una campaña de vacunación se erige como un obstáculo casi infranqueable.
La humanidad está amenazada no solo por guerras y crisis cíclicas, propias de la economía de mercado, sino por una sucesión de pandemias, sobre la cual la comunidad científica alerta, como resultado del desequilibrio destructivo inducido por el modo de producción hegemónico en el mundo y la explotación desmedida de los recursos limitados de la naturaleza. Una realidad que merece toda nuestra atención y voluntad para cambiar.
Notas
(1) Ver: https://covid19.healthdata.org/paraguay?view=cumulative-deaths&tab=trend. Datos al 08/06/2021.
(3) Ver: https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html. Datos al 09/06/2021.
(5) Ver: https://covidvax.live/location/pry. Datos al 09/06/2021.
(8) Ver: https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard.
(10) Ver: https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-be-paying-average-of-47-per-person-for-pfizer-moderna-vaccines/. Según esta fuente, EEUU pagó 19,5 dólares por dosis a Pfizer/BioNtech.
(12) Ver: World Trade Organization, 2020. Developing and delivering covid-19 vaccines around the world: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/vaccine_report_e.pdf.
(15) Ver: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/pfizer-lucra-centenas-de-milhoes-de-dolares-com-vacina-para-covid.shtml; https://www.bbc.com/news/business-56979406.
(21) Ver: https://www.elcomercio.com/blogs/economia-de-a-pie/miles-millones-fin-pandemia-ecuador.html.